Internacionales
Una maestra es demandada por abusar y extorsionar a un alumno
La profesora de matemáticas estadounidense Jennifer Olajire-Aro, de 28 años, permanece detenida por abuso sexual de un alumno de 17 años. De acuerdo con la demanda, la actitud de la docente era «pública, directa y obvia». Incluso, al ser rechazada, la joven profesora de un centro de enseñanza secundaria recurrió a la extorsión y a bajarle las calificaciones al menor como castigo.
Según The Washington Post, la semana pasada fue presentada en los Tribunales de Charleston, Carolina del Sur (EE.UU.), un nueva demanda que incluye al Distrito Escolar local, al que acusaron de no investigar rápidamente lo sucedido, pese a antecedentes de situaciones similares bajo su jurisdicción. Por eso, el abogado de la víctima, Mark Peper, reclamó un pronto tratamiento del caso.
El acoso
El acercamiento de la docente con su alumno comenzó en agosto del año pasado en el Burke High School, de Charleston (EE.UU.). Allí, según Mark Peper, abogado del adolescente, la mujer le hablaba de sexo antes, durante y después de las clases, incluso, delante de otros profesores y estudiantes.
on el paso del tiempo, Olajire-Aro, quien está casada, aumentó la presión para tener relaciones en diferentes lugares, como la escuela, el auto, su casa y hasta en una ocasión delante de su bebé de diez meses.
Ante esta situación, Peper detalló que cada vez que el joven planteaba su rechazo a continuar con la «relación sexual forzada», ella le recordaba que «controlaba sus calificaciones».
Después de varias semanas de padecimiento, en diciembre la víctima decidió poner fin al vínculo. «Haz lo que tienes que hacer», le dijo, según el abogado. La respuesta de la docente no tardó en llegar: le bajó la calificación de 98 a 89 sobre 100.
Fue entonces cuando el adolescente decidió contarle a su madre lo que le había ocurrido, por lo que la mujer denunció el caso ante la Policía y las autoridades de la escuela. Tres semanas después de la acusación, la docente fue expulsada de la institución y detenida, con una fianza fijada en 100.000 dólares.
Al menos 10 personas murieron durante un incendio registrado la madrugada de este miércoles en una vivienda ubicada en el sector Pisagua, en el distrito de La Victoria, en la ciudad peruana de Lima, informaron autoridades locales.
El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Oscar Arriola, señaló a la agencia estatal de noticias Andina que el siniestro ocurrió alrededor de las 03:00 horas local y dejó, hasta el momento, 10 personas fallecidas, entre ellas cinco menores de edad y cinco adultos.
«Expresar las condolencias a los familiares de la familia Vilchez, cuyos integrantes han fallecido. Son 10 personas, nueve de ellas de apellido Vilchez», detalló el funcionario.
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que el incendio fue «extinguido» por efectivos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes movilizaron nueve unidades operativas para atender la emergencia.
La zona permanece acordonada, mientras peritos especializados de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público realizan las diligencias correspondientes para identificar a las personas fallecidas.
La apertura del juicio en Nueva York contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro por tráfico de drogas fue fijada para el 1 de junio de 2027, durante una audiencia preparatoria celebrada este miércoles.
Maduro, de 63 años, fue capturado por Estados Unidos en Caracas y permanece encarcelado desde el 3 de enero en una prisión de Brooklyn. El exjefe de Estado enfrenta cuatro cargos relacionados con narcotráfico y tráfico de armas.
Su esposa, Cilia Flores, de 69 años, también es procesada en este caso y enfrenta tres cargos. Ambos han negado los hechos que se les atribuyen.
En una carta enviada el martes al juez encargado del caso, Alvin Hellerstein, el fiscal Jay Clayton informó que ambas partes habían solicitado que el juicio iniciara en junio de 2027.
El proceso judicial contra la pareja continúa luego de que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump autorizara que Venezuela pueda cubrir los honorarios de los abogados defensores, una medida que inicialmente había sido impedida debido a las sanciones impuestas contra el país.
Los Maduro habían solicitado que sus casos fueran desestimados, argumentando que bloquear el financiamiento vulneraba el derecho constitucional estadounidense a contar con un abogado de libre elección.
Durante su primera comparecencia en Nueva York, poco después de su detención, Maduro se presentó como «un prisionero de guerra».
El expresidente enfrenta cargos por conspiración de «narcoterrorismo», conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, así como conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.
Además del proceso penal contra quien gobernó Venezuela entre 2013 y 2026, familiares de cinco jóvenes asesinados en ese país presentaron a comienzos de julio una acción civil contra Maduro, acusándolo de haber ordenado sus ejecuciones dentro de un esquema de violencia de Estado.
Tras la salida de Maduro, su exvicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como mandataria interina y gobierna bajo la presión de Washington, que afirma estar al mando del país petrolero.
Dos peligrosos integrantes del Barrio 18, identificados por las autoridades como operadores de la estructura criminal «Los Caradura», murieron durante un ataque armado registrado en el ingreso a San Miguel Dueñas, en el departamento de Sacatepéquez.
De acuerdo con las autoridades, un tercer ocupante del vehículo resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro asistencial. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud.
Según la información oficial, las víctimas se desplazaban en un pick-up Ford color rojo cuando fueron interceptadas por hombres armados, quienes abrieron fuego en repetidas ocasiones.
Como parte de las investigaciones, las autoridades localizaron múltiples casquillos en la escena, mientras que el vehículo presentaba numerosos impactos de bala.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) procesaron la escena del crimen y mantienen las diligencias para establecer el móvil del ataque e identificar a los responsables.
