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Un jubilado mata a tiros a un presunto asaltante y reabre el debate en Argentina sobre la ‘legítima defensa’
«Me siento mal, hermano, yo no nací para matar a nadie», dijo Jorge Adolfo Ríos, un jubilado argentino de 71 años, a radio La Red. Fue luego de haber asesinado de dos disparos a un hombre que, rengo y desarmado, intentaba huir por la calle después de haberlo asaltado en su domicilio, en la populosa localidad de Quilmes, provincia de Buenos Aires.
Mientras los hechos de inseguridad se incrementan en el país suramericano, después de haber aminorado durante los primeros meses de la pandemia, el caso del herrero Ríos reabrió un debate que sensibiliza y divide a la sociedad en Argentina: los alcances —y los límites— de la ‘legítima defensa’, el artículo 34 del código penal que permite eximir o reducir la pena de quien comete un acto criminal para salvaguardarse.
¿Qué sucedió?
Cerca de las 5:00 de la madrugada del pasado 17 de julio, el jubilado Ríos dormía en su habitación cuando fue sorprendido por tres delincuentes que habían entrado a su casa, saltando la medianera de un vecino. Los intrusos lo golpearon causándole heridas en su cabeza y sus brazos, mientras le exigían dinero y lo amenazaban con un destornillador.
En ese escenario, el dueño de casa tomó una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros y comenzó a disparar contra los ladrones, quienes iniciaron la huída trepando paredes hacia las viviendas aledañas.
Ya en la calle, Franco Martín Moreyra, de 26 años, huía con dificultad por una herida en la pierna. Intentó seguir su camino dando saltos en un solo pie, pero se quedó sin fuerzas y se recostó en el suelo. Las cámaras de seguridad de la zona muestran que en ese momento apareció Ríos, quien remató al joven mediante un tiro en el abdomen y otro en el tórax.
Lo que siguió fue la detención del jubilado, quien fue acusado en primera instancia por «homicidio con exceso en la legítima defensa», carátula que luego el fiscal Ariel Rivas, del Departamento judicial de Quilmes, modificaría por «homicidio agravado por el empleo de arma de fuego», que establece una pena de 10 a 25 años de cárcel.
Adolfo Ríos quedó por el momento bajo prisión domiciliaria, debido a su avanzada edad y algunos problemas de salud, que lo colocan como persona de riesgo frente al coronavirus. Los hijos del adulto mayor pidieron su inmediata liberación, mientras que los familiares del joven muerto denunciaron una ejecución y exigen justicia.
Ríos fue consultado este lunes sobre lo ocurrido esa noche. El hombre relató al canal A24 una situación de temor dentro de su casa, pero al hablar de la secuencia en la que salió a la calle, aseguró que se la hace una «nebulosa muy jodida en la cabeza» que le impide recordar la secuencia con nitidez. «La verdad no sé cuántos tiros tiré», sostuvo.
«Yo lo que pido es justicia para los que hicieron ese crimen con mis hijos. Eso es lo que pido, justicia». Ese es el testimonio del padre de los hermanos Élmer y Wílmer Suchite García, asesinados en sendas masacres ocurridas en Honduras en los últimos días. El país está sumergido en una espiral de violencia, derivando en funerales masivos en medio del llanto y de reclamos de justicia.
«Ellos salieron en punto a las seis de la mañana. La última vez que platiqué con ellos, de allí ya vinieron sin vida aquí a la casa. Y les dije que tuvieran mucho cuidado, que se cuidaran mucho», recuerda este hombre, cuya voz triste es reproducida por la prensa hondureña e internacional.
Los restos de cuatro de los cinco policías asesinados en un operativo antidrogas también fueron inhumados. Los ataúdes de los agentes del orden estaban sellados. Familiares, amigos y compañeros de armas les dieron el último adiós en un ambiente lleno de consternación. Los sepelios se llevaron a cabo en cementerios de Tegucigalpa, San Lorenzo, Teupasenti y Pespire.
Honduras no solo escuchó nuevamente el llanto y el grito de dolor, sino Foto AFP también una voz clamando justicia por la muerte violenta de estas personas, ocurrida en diversos puntos de su territorio.
Los medios recogieron escenas desgarradoras de los familiares de las víctimas antes, durante y después de los entierros colectivos.
«No podemos aceptar justificaciones superficiales ante hechos tan horrendos», expresó categóricamente la Conferencia Episcopal de Honduras ante las matanzas ocurridas en los municipios de Trujillo, en Colón, y de Omoa, Cortés, en la frontera con Guatemala, hechos por los que mostró su «profunda tristeza e indignación».
El Gobierno de la República Democrática del Congo suspendió temporalmente todos los vuelos de pasajeros desde y hacia Bunia, la capital de la provincia del noreste de Ituri, que es el epicentro del continuo brote de ébola, informó el Ministerio de Transporte.
Un brote de ébola fue declarado en Ituri el 15 de mayo, la capital Bunia se encuentra entre las principales áreas afectadas. De acuerdo con un comunicado oficial, a ninguna aeronave le será permitido a aterrizar o despegar desde el Aeropuerto de Bunia hasta nuevo aviso.
El ministerio agregó que todos los vuelos comerciales, privados y especiales desde o hacia Bunia fueron suspendidos. Sin embargo, vuelos con fines humanitarios, médicos y de emergencia podrían ser autorizados sujetos a aprobación especial por parte de autoridades de aviación y médicas.
El brote desde entonces se ha extendido a las provincias vecinas de Kivu del Norte y Kivu del Sur. Uganda, que limita con Ituri, también reportó casos confirmados.
El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó el viernes que la situación en RDC es «profundamente preocupante», y citó 82 casos confirmados y siete muertes confirmadas.
Tedros agregó que se cree que la escala actual del brote es significativamente mayor, con cerca de 750 casos sospechosos y 177 muertes sospechosas. «Estos números cambian mientras los esfuerzos de monitoreo y las pruebas de laboratorio mejoran, pero la violencia y la inseguridad impiden la atención», comentó Tedros en una publicación en redes sociales.
El Ministerio de Salud de Uganda dijo hoy que tres nuevos casos de ébola fueron confirmados en el país, lo que incrementó la cifra de casos confirmados a cinco.
Internacionales
Diecinueve personas podrían estar atrapadas tras el derrumbe de un edificio en Filipinas
Al menos 19 personas podrían estar atrapadas debajo de un edificio en construcción que se derrumbó cerca de Manila en la madrugada del domingo, informó un funcionario del gobierno local.
Las autoridades de la ciudad de Ángeles, a unos 80 kilómetros al norte de la capital filipina, informaron que habían recibido un reporte alrededor de las 03H00 (19H00 GMT del sábado) de que un edificio de concreto de nueve pisos, aún en construcción, se había derrumbado.
El responsable de información de la ciudad, Jay Pelayo, declaró a la AFP que las paredes y el andamiaje del edificio se habían doblado, probablemente atrapando a personas bajo una pila de escombros.
Aunque inicialmente no se reportaron víctimas, «hay 19 trabajadores que normalmente se presentan en la zona, así que estamos tratando de localizar a esas personas ahora», agregó.
«Hay grandes bloques de concreto y necesitamos equipo para levantarlos. Eso es lo que hace que el rescate sea difícil en este momento», añadió el funcionario.
Los primeros reportes indicaban que 24 personas habían sido rescatadas de entre los escombros, así como dos más de un apartahotel que fue alcanzado cuando el edificio se vino abajo, según el gobierno de la ciudad.
«Esperamos que las 19 personas formen parte de esa cifra» y que, por tanto, ya estén contabilizadas, señaló Pelayo.
Los rescatados se encontraban «en condición estable», afirmó.
Aún se desconoce la causa del derrumbe.
