Internacionales
Un jubilado mata a tiros a un presunto asaltante y reabre el debate en Argentina sobre la ‘legítima defensa’
«Me siento mal, hermano, yo no nací para matar a nadie», dijo Jorge Adolfo Ríos, un jubilado argentino de 71 años, a radio La Red. Fue luego de haber asesinado de dos disparos a un hombre que, rengo y desarmado, intentaba huir por la calle después de haberlo asaltado en su domicilio, en la populosa localidad de Quilmes, provincia de Buenos Aires.
Mientras los hechos de inseguridad se incrementan en el país suramericano, después de haber aminorado durante los primeros meses de la pandemia, el caso del herrero Ríos reabrió un debate que sensibiliza y divide a la sociedad en Argentina: los alcances —y los límites— de la ‘legítima defensa’, el artículo 34 del código penal que permite eximir o reducir la pena de quien comete un acto criminal para salvaguardarse.
¿Qué sucedió?
Cerca de las 5:00 de la madrugada del pasado 17 de julio, el jubilado Ríos dormía en su habitación cuando fue sorprendido por tres delincuentes que habían entrado a su casa, saltando la medianera de un vecino. Los intrusos lo golpearon causándole heridas en su cabeza y sus brazos, mientras le exigían dinero y lo amenazaban con un destornillador.
En ese escenario, el dueño de casa tomó una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros y comenzó a disparar contra los ladrones, quienes iniciaron la huída trepando paredes hacia las viviendas aledañas.
Ya en la calle, Franco Martín Moreyra, de 26 años, huía con dificultad por una herida en la pierna. Intentó seguir su camino dando saltos en un solo pie, pero se quedó sin fuerzas y se recostó en el suelo. Las cámaras de seguridad de la zona muestran que en ese momento apareció Ríos, quien remató al joven mediante un tiro en el abdomen y otro en el tórax.
Lo que siguió fue la detención del jubilado, quien fue acusado en primera instancia por «homicidio con exceso en la legítima defensa», carátula que luego el fiscal Ariel Rivas, del Departamento judicial de Quilmes, modificaría por «homicidio agravado por el empleo de arma de fuego», que establece una pena de 10 a 25 años de cárcel.
Adolfo Ríos quedó por el momento bajo prisión domiciliaria, debido a su avanzada edad y algunos problemas de salud, que lo colocan como persona de riesgo frente al coronavirus. Los hijos del adulto mayor pidieron su inmediata liberación, mientras que los familiares del joven muerto denunciaron una ejecución y exigen justicia.
Ríos fue consultado este lunes sobre lo ocurrido esa noche. El hombre relató al canal A24 una situación de temor dentro de su casa, pero al hablar de la secuencia en la que salió a la calle, aseguró que se la hace una «nebulosa muy jodida en la cabeza» que le impide recordar la secuencia con nitidez. «La verdad no sé cuántos tiros tiré», sostuvo.
Internacionales
Lula prohíbe las apuestas deportivas y los casinos en línea a nueve días de las elecciones en Brasil
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó el viernes en São Paulo una medida provisional que prohíbe explotar, ofertar, intermediar y publicitar las apuestas deportivas y los casinos en línea en todo el país. La decisión llega a nueve días de la primera vuelta presidencial y legislativa, prevista para el 4 de octubre, en una carrera que las encuestas muestran empatada con el senador Flávio Bolsonaro.
Desde la publicación de la norma ya no se permiten nuevos depósitos. Los usuarios tienen hasta las 23:59 del 5 de octubre para retirar su saldo; a partir del 6 de octubre, sitios y aplicaciones deberán salir del aire. El Congreso tiene 120 días para convalidar la medida. El Gobierno también enviará un proyecto de ley para tipificar delitos ligados a las apuestas de cuota fija.
Lula calificó el fenómeno de las “bets” como un “cáncer” y lo vinculó al endeudamiento de las familias. En 2025, cerca de 25 millones de brasileños apostaron el equivalente a más de 37.000 millones de euros. Clubes de fútbol, entre ellos Flamengo, rechazan el veto porque amenaza sus patrocinios. Flávio Bolsonaro la tildó de “populista” y “con motivaciones políticas”, aunque dijo que también vetaría los casinos virtuales si gana.
Ecuador desarticuló un brazo local del cartel mexicano Jalisco Nueva Generación (CJNG) con la participación de tropas estadounidenses, informó el jueves el ministro del Interior, John Reimberg.
Quito y Washington mantienen una ofensiva contra el narcotráfico que ha generado cuestionamientos y que incluye el hundimiento de embarcaciones de bandera ecuatoriana que, según las autoridades, presuntamente abastecen de combustible a lanchas vinculadas al narcotráfico en altamar.
«La operación en la madrugada del jueves se llevó a cabo en conjunto con las tropas norteamericanas y la [agencia antidrogas] DEA», informó Reimberg a través de X.
El funcionario detalló que cerca de 30 ecuatorianos fueron detenidos por su «relación directa con el CJNG».
Según el ministro, la organización se dedicaba al tráfico internacional de cocaína producida en Colombia, utilizando los puertos de Guayaquil y Machala, en el suroeste de Ecuador.
En los operativos participaron 320 policías ecuatorianos y 50 uniformados del Comando Sur de Estados Unidos. Las acciones se desarrollaron en varias ciudades, incluida una zona exclusiva de Samborondón, cercana a Guayaquil.
Por otra parte, durante un enfrentamiento con militares ecuatorianos y estadounidenses ocurrido el miércoles, fue abatido alias Charlie, integrante de la banda ecuatoriana Los Choneros.
De acuerdo con las autoridades, alias Charlie era uno de los criminales más buscados de esa organización y mantenía nexos con el Frente Oliver Sinisterra, una disidencia de las extintas FARC en Colombia, y con el CJNG.
Honduras adoptó el martes nuevas medidas que endurecen las condiciones carcelarias, en una estrategia contra las pandillas y el narcotráfico que incluye disposiciones similares a algunas implementadas por el Gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele.
En Honduras operan pandillas como el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, consideradas organizaciones rivales y relacionadas con el narcotráfico y la tasa de homicidios del país, que alcanza 24 por cada 100,000 habitantes, cuatro veces por encima del promedio global, según el texto fuente.
Las nuevas restricciones penitenciarias fueron aprobadas por el Congreso a solicitud del Gobierno del presidente Nasry Asfura. Estas medidas se suman a la declaratoria realizada el viernes anterior, mediante la cual varios grupos criminales, incluidas las pandillas, fueron considerados organizaciones terroristas.
Las disposiciones contemplan el aislamiento de los presos considerados de alta peligrosidad y la eliminación de medidas sustitutivas de la cárcel para presuntos integrantes de esas organizaciones criminales.
El paquete de reformas modificó el Código Procesal Penal y estableció que los supuestos integrantes de estos grupos sean enviados a cárceles de máxima seguridad tras su captura.
