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Terminados los alegatos de la defensa de Donald Trump, ¿Qué se viene ahora en el Impeachment?
La defensa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió el martes al Senado una absolución “lo más rápido posible” en el juicio político en su contra, mientras crece la presión para que comparezcan nuevos testigos tras las revelaciones de un exasesor dela Casa Blanca.
El equipo legal de Trump cerró sus alegatos de tres días argumentando que las acusaciones contra el mandatario, por abuso de poder y por obstrucción al Congreso, son demasiado leves y las fuentes muy flojas como para justificar su condena y remoción del cargo.
“Lo que les piden que hagan es echar a un presidente exitoso en vísperas de una elección sin fundamento y en violación de la Constitución”, dijo el defensor principal de Trump, Pat Cipollone, dirigiéndose a los cien senadores que ofician de jurados.
“Instamos al Senado a rechazar los cargos“, agregó Cipollone. “Es hora de terminar, lo más rápido posible”.
Los alegatos finales de la defensa se conocieron en medio de pedidos de los demócratas de que el exasesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, sea llamado a declarar contra Trump, y de las amenazas republicanas a citar a cambio al candidato presidencial demócrata Joe Biden y a su hijo Hunter.
Trump está acusado de tratar de impulsar su reelección en 2020 presionando a Ucrania para que abriera dos investigaciones: una sobre los negocios de los Biden en el país europeo, y otra sobre la supuesta ayuda de Kiev a los demócratas en las presidenciales estadounidenses de 2016.
Los demócratas afirman que Trump congeló ayuda militar a Ucrania durante dos meses en julio para presionar al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, a anunciar esas pesquisas, involucrando así ilícitamente a una nación extranjera en la política electoral estadounidense.
Los abogados de Trump no señalaron esas acusaciones específicas, pero dijeron que condenar a Trump sentaría un precedente que resultaría en batallas políticas en los próximos años.
“El listón para la acusación no puede establecerse tan bajo”, dijo Jay Sekulow, otro abogado de Trump. “Si la destitución partidista es ahora la norma (…) los futuros presidentes, demócratas o republicanos, estarán paralizados cuando sean elegidos”, dijo.
El juicio, que comenzó de hecho hace ocho días, pasará ahora a la etapa de preguntas de los senadores a la fiscalía y a la defensa a través del presidente de la Corte Suprema, John Roberts, durante los próximos dos días.
Pero ambas partes se preparaban para una pelea el viernes por llamar a testigos, después de conocerse el borrador de un próximo libro de Bolton donde habría infromado que podría dañar seriamente a Trump.
Según los informes, Bolton dice que Trump le dijo en agosto que la ayuda a Ucrania permanecería congelada hasta que Zelenski anunciara las dos investigaciones.
“¡La caza de brujas continúa!”, tuiteó Trump sobre Bolton, un veterano diplomático a quien despidió en septiembre pasado.
Pero el exjefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, declaró el martes que confía en Bolton sobre este asunto. “Si John Bolton dice eso en el libro, le creo a John Bolton”, dijo en Florida.
El tema de los testigos amenaza con extender el juicio más allá de lo esperado por los republicanos, que tienen una mayoría de 53-47 en el Senado y apuestan a una votación rápida para exonerar a Trump de los cargos este fin de semana.
Los demócratas necesitan que cuatro republicanos se les sumen para la citación a testigos (ya tres han sugerido ese camino), y después de las revelaciones del libro de Bolton, parece posible lograr ese umbral.
El jefe de la mayoría republicana Mitch McConnell reunió a sus legisladores al final de la jornada para discutir ese punto, y según medios estadounidenses, reconoció no tener hasta el momento los 51 votos necesarios para impedir la convocatoria de nuevos testigos.
Adam Schiff, el legislador demócrata que lidera el equipo de la Cámara de Representantes que oficia de fiscalía, dijo que llamar a Bolton es esencial para un juicio justo.
“¿Vamos a tener un juicio justo o no? ¿El Senado escuchará a alguien que todos saben que es un testigo clave e importante del comportamiento más escandaloso del presidente, o no?”, dijo después de la audiencia del martes.
Pero los republicanos dijeron que exigirían que los Biden testificaran a cambio, sugiriendo que usarían eso para atacar al exvicepresidente, actualmente favorito a nivel nacional para ganar la nominación presidencial del partido Demócrata, por sus lazos con Ucrania y con Hunter Biden.
El senador Lindsey Graham, uno de los más firmes defensores de Trump en el Senado, dijo que llamarían a varios testigos, incluido el denunciante no identificado que provocó la investigación sobre los pedidos de Trump al presidente ucraniano, y un consultor demócrata vinculado a Ucrania.
“Si la gente quiere testigos, vamos a conseguir muchos testigos”, dijo.
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Ecuador construirá las megacárceles «que sean necesarias» en su lucha anticrimen, dice ministro
Ecuador construirá las megacárceles que «sean necesarias» en su lucha contra el narcotráfico y otras formas de crimen organizado que desangran al país, dijo el martes el ministro de Interior, John Reimberg, en entrevista con la AFP.
El presidente derechista Daniel Noboa implementa políticas de línea dura desde que llegó al poder en 2023 como la construcción de cárceles de alta seguridad y bajo fuertes restricciones, que han sido comparadas con el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador ideado por el mandatario Nayib Bukele.
El gobierno ecuatoriano puso en marcha en noviembre la primera cárcel para 800 personas, donde líderes de la mafia y también políticos condenados por corrupción son aislados, rapados y sometidos como medida para intentar doblegar a las numerosas bandas que sumen al país en su mayor espiral de violencia.
Noboa planea edificar a partir de mayo una segunda penitenciaría para unas 15,000 personas, que estaría lista en máximo 18 meses, señaló el funcionario.
Ministro del Interio de Ecuador, John Reimberg. Foto AFP / Diario El Salvador
«¿Una tercera cárcel? Sí, probablemente. Y las que sean necesarias para estos delincuentes», declaró Reimberg desde el conflictivo puerto de Guayaquil.
Ecuador registró el año pasado 51 homicidios por cada 100,000 habitantes, una de las tasas más altas de la región.
El Encuentro, la primera cárcel de extrema seguridad habilitada por el gobierno, funciona en la provincia costera de Santa Elena (suroeste) y actualmente alberga a 600 reclusos con uniformes de color naranja.
«No vamos a negociar»
Según Reimberg estas megacárceles despiertan la furia de las bandas que tienen nexos con cárteles internacionales del narcotráfico.
«Llevamos cerca de 600 drones que han intentado llegar a la cárcel de El Encuentro desde el día que empezó su construcción (para impedir su avance). Son 600 drones de grupos de delincuencia organizada (…) pero que hemos podido impedir que lleguen», indicó.
En los últimos años se han registrado ataques con drones cargados con explosivos contra otras cárceles, convertidas en centros de operaciones de las organizaciones del narco principalmente.
Las autoridades mantienen bajo reserva la ubicación de la segunda penitenciaría por seguridad.
Al nuevo centro serán trasladados «delincuentes de alta peligrosidad» que «tienen que estar en un lugar incomunicado», sostuvo.
Organizaciones de derechos humanos cuestionan la política penitenciaria de Noboa por abusos a los derechos de los internos. Cientos han muerto por tuberculosis o choques entre presos y algunos familiares denuncian desnutrición.
«¿Que nos quieren decir autoritarios? Yo tengo que responder al país con seguridad», aseguró Reimberg.
Por Ecuador transita el 70% de la cocaína de sus vecinos Colombia y Perú, los principales productores mundiales de esa droga.
«No vamos a negociar, no vamos a pactar, los vamos a atacar, los vamos a debilitar», dijo el ministro, quien anotó que 74,000 personas fueron detenidas el año pasado.
Aviones estadounidenses
Noboa es uno de los mayores aliados en Latinoamérica de Donald Trump, a quien le ha pedido apoyo para enfrentar al crimen. Recientemente Washington instaló en el país sudamericano de manera permanente una dependencia del FBI y otra de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés).
La colaboración se basa en «información» e «inteligencia» para «trazar objetivos que tenemos que atacar, lugares donde se están almacenando drogas, por ejemplo, ataques a la delincuencia», añadió el ministro del Interior.
El presidente intentó sin éxito instalar bases militares extranjeras en el país a través de un referendo.
Según el ministro hay agentes estadounidenses trabajando con la fuerza pública ecuatoriana y aeronaves: «tenemos aviones que están aquí de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos», precisó.
Colombia
Después de poco más de un mes de que asumiera, Noboa declaró a Ecuador en conflicto armado interno para desplegar en las calles a los militares, lo que ha generado denuncias sobre excesos de la fuerza pública.
Interrogado sobre por qué las cifras de violencia no ceden pese a las medidas del gobierno, Reimberg señaló a tres culpables: la justicia en ocasiones permeada por la corrupción, los gobiernos pasados de izquierda y a Colombia, gobernado por el izquierdista Gustavo Petro.
«Tenemos un país vecino que no está trabajando en la frontera, que no está atacando a los grupos de delincuencia (…) nosotros estamos cumpliendo nuestra parte», indicó en medio de una disputa entre ambos países que escaló hasta la imposición mutua de millonarios aranceles y el retiro de embajadores.
El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, prometió este martes redoblar la respuesta estatal frente a la violencia criminal en el país, luego de que un bebé de un año muriera en un ataque a balazos en Montevideo que, según la principal hipótesis policial, estaría vinculado a un enfrentamiento entre narcotraficantes.
«De poco vale saber cuál fue el motivo (…) Hay una cosa que está clara, no le vamos a aflojar, no hay que aflojar, al revés, lejos de amedrentarse lo que hay que hacer acá es apretar el acelerador», subrayó el mandatario en declaraciones a la prensa.
Orsi calificó el suceso como «terrible» y sostuvo que el problema central es, más que un hecho puntual, «una violencia que crece» y que refleja un deterioro social más amplio.
El episodio ocurrió la noche del lunes en el barrio Colón, en el noroeste de la capital, donde se desató una balacera en la que también resultó herido el padre del menor, un uruguayo de 24 años que permanece estable tras recibir tres disparos.
La policía trabaja sobre la hipótesis de un ajuste de cuentas entre grupos vinculados al narcotráfico.
Ante esto, Orsi advirtió que el país enfrenta niveles de violencia «demasiados altos», por lo que se debe abordar de manera estructural que combine seguridad, políticas sociales y prevención y no solo mediante el despliegue de «5.000 o 10.000 policías más».
En la última década, Uruguay ha registrado un aumento sostenido de homicidios asociados al narcotráfico, mientras que la seguridad pública figura desde hace años como la principal preocupación de los uruguayos, según distintas encuestas de opinión pública.
Internacionales
Alemania aprueba recortes históricos en gasto social y sanitario para financiar el aumento militar
El Gobierno alemán dio luz verde a un ambicioso plan de recortes del estado de bienestar con el objetivo de contener el déficit público y sostener un fuerte incremento del gasto militar. La coalición formada por democristianos y socialdemócratas alcanzó un acuerdo tras intensas negociaciones, adelantándose incluso al anuncio oficial previsto tras el consejo de ministros.
El paquete de medidas contempla una reducción significativa del gasto sanitario, con un ahorro proyectado de más de 38,000 millones de euros para 2030. Entre los cambios más destacados figura el fin de la gratuidad del seguro médico para cónyuges que no cotizan, quienes deberán aportar al menos el 2,5 % de los ingresos del asegurado.
Además, se prevén incrementos en los copagos por medicamentos y hospitalización, así como ajustes en la financiación de las aseguradoras públicas, que ya enfrentan déficits millonarios. El Ejecutivo defiende que estas medidas buscan «mantener estables las contribuciones» y evitar el colapso del sistema ante el envejecimiento de la población.
El plan también incluye recortes en otras áreas sociales, como las ayudas a desempleados de larga duración y una reforma de las pensiones que, según el canciller Friedrich Merz, pasarán a ser una «cobertura básica» sin garantizar el nivel de vida.
A esto se suma la intención de limitar el acceso a prestaciones para hijos de familias monoparentales, lo que podría afectar a cientos de miles de menores.
Por su parte, analistas advierten de que estas reformas podrían tener un alto impacto político, en un contexto marcado por el aumento del gasto en defensa y el debate sobre las prioridades presupuestarias del país.
