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Senado de EE.UU. aprueba $95.000 millones para Ucrania, Israel y Taiwán
El Senado estadounidense aprobó este martes el enorme plan de ayuda de $95,000 millones para Ucrania, Israel y Taiwán, fruto de meses de arduas negociaciones en la Cámara de Representantes. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que desea enviar armas a Ucrania «esta misma semana».
Del total, los legisladores asignaron $61 millones para Ucrania, en batalla con Rusia; el paquete también contempla $13,000 millones en ayuda militar para Israel, en guerra contra el grupo terrorista Hamás en la Franja de Gaza, y más de $9,000 millones para «satisfacer la urgente necesidad de ayuda humanitaria a Gaza y otras poblaciones vulnerables en todo el mundo».
Además, incluye $8,000 millones más para ayudar a Taiwán «a contrarrestar las potenciales amenazas de China, que amenaza con reincorporarlo a su territorio algún día, incluso mediante la fuerza».
«No hagamos esperar ni un momento más a nuestros amigos de todo el mundo», dijo el líder demócrata Chuck Schumer.
Una vez pasado el Congreso, el proyecto se convertirá en ley con la firma del presidente Joe Biden. «Firmaré este proyecto de ley y me dirigiré al pueblo estadounidense tan pronto llegue a mi despacho (este miércoles) para que podamos comenzar a enviar armas y equipos esta misma semana», aseguró Biden en un comunicado, al considerar que la aprobación del Congreso demostró que Estados Unidos «apoya de manera resuelta la democracia y la libertad, en contra de la tiranía y la opresión».
No existía prácticamente ninguna duda de que se aprobaría este enorme programa de ayuda militar y económica, que el presidente Biden llevaba meses reclamando y que cuenta con el apoyo de los congresistas demócratas y republicanos.
El paquete fue admitido el sábado por la Cámara de Representantes.
El lunes Biden prometió a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, enviarle ayuda militar «rápidamente».El ejército ucraniano se enfrenta a una escasez de reclutas y de munición que lo debilita ante la constante presión de las tropas rusas en el este. La situación en el frente puede empeorar hacia mediados de mayo y principios de junio, que será un «periodo difícil», advirtió el lunes el jefe de la inteligencia militar ucraniana, Kirilo Budanov. El plan de ayuda también autoriza al presidente Biden a confiscar y vender activos rusos con el fin de que puedan utilizarse para financiar la reconstrucción de Ucrania, una idea que gana adeptos en otros países del G7 (Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados). El Congreso de Estados Unidos lleva casi año y medio sin aprobar un paquete de ayuda para su aliado.
Israel y Hamás se acusaron mutuamente de obstruir las negociaciones que se reanudaron ayer en El Cairo, Egipto, con mediación internacional para alcanzar una tregua en la Franja de Gaza, tras casi siete meses de guerra.
Los mediadores (Qatar, Egipto y Estados Unidos) se sentaron con la delegación del movimiento islamista para escuchar su respuesta a la última propuesta de tregua, sometida a finales de abril. Esta oferta incluye el cese de los combates por 40 días y un canje de rehenes israelíes retenidos en Gaza desde el 7 de octubre por palestinos presos en Israel.
Un dirigente de Hamás reiteró a última hora de ayer que el movimiento islamista palestino no aceptará «bajo ninguna circunstancia» un acuerdo que no incluya explícitamente el fin de la guerra. «Las negociaciones de hoy [sábado] terminaron y habrá una nueva ronda mañana [domingo]», añadió.
En tanto, el Ministerio de Salud palestino informó ayer el balance de 34,654 muertos en el enclave desde el inicio de la guerra entre Israel y el movimiento islamista el 7 de octubre. Precisó que «en las últimas 24 horas al menos 32 personas fallecieron». En total, se contabilizan 77,908 heridos en casi siete meses de conflicto.
La cifra de muertos por la tragedia climática histórica en el estado de Rio Grande do Sul (sur) ascendió a 56, en tanto que hay 67 desaparecidos, 32.900 evacuados y al menos 356.000 personas sin electricidad, informó la Defensa Civil.
Las fuertes lluvias que vive el estado desde hace casi una semana, han provocado el desborde de ríos, incluyendo el Guaiba, además de que el centro histórico y otros barrios de Porto Alegre, capital del estado, se encuentran prácticamente bajo el agua, por lo que están inhabilitados la estación de autobuses y el aeropuerto internacional Salgado Filho.
En total son 281 municipios afectado por el fenómeno meterológico, indicó la Defensa Civil.
«Las cifras podrían cambiar sustancialmente en los próximos días, a medida que logremos acceder a los lugares e identificar otras vidas perdidas», dijo a la prensa el gobernador de Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.
Por su parte, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ordenó abrir en Porto Alegre una oficina de emergencia del Gobierno nacional para facilitar la ayuda técnica y financiera, luego de enviar el viernes 100 miembros de la Fuerza Nacional, tropa de elite policial, para ayudar en las tareas de rescate.
El estado es un punto clave en el transporte terrestre del comercio del bloque del Mercado Común del Sur (Mercosur) y es además uno de los principales productores de arroz, soya y carnes de Brasil, que tiene su economía frenada desde hace una semana.
Según la Policía Federal de Caminos, 188 tramos de carreteras enfrentan algún tipo de bloqueo o bloqueos totales.
El Gobierno de Ecuador estableció estado de excepción en las provincias de El Oro, Guayas, Los Ríos, Manabí y Santa Elena, durante 60 días para combatir a los grupos armados organizados ante «el incremento de hostilidades», de acuerdo con el Decreto Ejecutivo 250 publicado el martes.
Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional trabajan conjuntamente para «mantener la soberanía y la integridad del Estado».
Con la medida quedó suspendido el derecho de la inviolabilidad de domicilio, esto significa que las autoridades de seguridad pueden llevar a cabo inspecciones, allanamientos y requisas en las propiedades en las que consideren se ocultan miembros vinculados a los grupos armados.
También decomisarán «materiales o instrumentos» con lo que se puedan cometer delitos para neutralizar las amenazas.
Ante la operatividad del crimen en el territorio, el Gobierno también creará en los próximos días la Fuerza de Investigación Anticriminal para reducir los homicidios intencionales.
El director nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro de la Policía Nacional (Dinased), Freddy Sarzosa, detalló que el principal motivo de la violencia criminal asociada al tráfico de drogas y de armas.
