Un estudiante de 15 años fue detenido en el convulso estado mexicano de Michoacán (oeste) señalado de asesinar a tiros a dos maestras en una escuela, informaron este martes autoridades.

México es golpeado desde hace dos décadas por la violencia ligada al narcotráfico, pero los tiroteos en escuelas son inusuales, a diferencia de lo que ocurre en el vecino Estados Unidos.

La balacera ocurrió en una escuela preparatoria privada, donde policías estatales y municipales hallaron sin vida a dos maestras de 36 y 37 años, luego de responder a reportes sobre disparos de arma de fuego.

Los agentes detuvieron a un alumno y le incautaron un fusil calibre 5.56, además de un cargador y más de 40 cartuchos útiles.

El estudiante «atenta contra la vida de dos maestras, mueren dos de ellas», dijo el secretario de Gobierno de Michoacán, Raúl Zepeda, al ser consultado por varios periodistas.

En la red social Instagram se publicó en la madrugada del martes un video que muestra a un joven, con las características físicas y la vestimenta del estudiante detenido, portando un fusil frente a un espejo.

Sin embargo, la fiscalía estatal aún no ha confirmado si la cuenta que difundió la grabación pertenece al alumno.

El video del adolescente estaba acompañado por otra secuencia con mensajes vinculados al movimiento «incel», abreviación inglesa de «célibes involuntarios».

Este movimiento promueve en internet el odio hacia las mujeres, y hombres ligados a él han reivindicado en el pasado ataques mortales en el mundo.

Michoacán, con costa en el Pacífico y un territorio del tamaño de Costa Rica, es sacudido desde hace décadas por la violencia del crimen organizado.

El Congreso de Honduras, controlado por la derecha, suspendió la noche del lunes al fiscal general, Johel Zelaya, cercano al anterior gobierno izquierdista, para someterlo a un juicio político acusado de abuso de autoridad y persecución en los comicios de noviembre pasado.

El proceso contra Zelaya es secuela de las reñidas elecciones presidenciales marcadas por denuncias de fraude y en las que fue proclamado ganador, tras un conteo de votos de casi un mes, el derechista Nasry Asfura, el candidato respaldado por el mandatario estadounidense, Donald Trump.

Con el voto de 93 de los 128 diputados, el Congreso aprobó en una turbulenta sesión legislativa, en la que incluso hubo empujones, la apertura del juicio político y designó una comisión que tendrá 30 días para investigar y recomendar al plenario la destitución o continuidad de Zelaya.

El funcionario había asumido el cargo en 2023 con el apoyo del entonces oficialista partido Libre.

«Este juicio (…) es el control constitucional que corresponde al Congreso cuando un alto funcionario actúa al margen de la ley», afirmó el presidente parlamentario, el oficialista Tomás Zambrano.

Según la denuncia leída en la sesión, el fiscal señaló durante la campaña electoral de supuestas conspiraciones a autoridades electorales y presentó acciones penales contra magistrados afines a los partidos de derecha, con el ánimo de favorecer a Libre.

Agrega que Zelaya, también señalado de negligencia e incompetencia, afectó la independencia del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral, y actuó de «forma selectiva en la persecución penal».

«Compareceré ante el Congreso Nacional para exponer la verdad y aclarar, uno a uno, los señalamientos», manifestó en la red social X el fiscal general, al asegurar que asume el proceso con serenidad.

Mientras es investigado, la jefatura del Ministerio Público (fiscalía) la asumirá el fiscal adjunto Marcio Cabañas, del Partido Liberal.

La sesión se desarrolló en un clima tenso. Miembros de la bancada de Libre, el partido de la expresidenta Xiomara Castro, intentaron boicotear la votación haciendo sonar silbatos, y se registraron algunos forcejeos entre legisladores.

El actual gobierno del Partido Nacional ha logrado alianzas con la segunda fuerza política, el Partido Liberal, lo que le permitió lograr por primera vez un juicio político que requiere un mínimo de 86 votos.

La defensa del derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro intentará que se desestimen los cargos de narcotráfico en su contra cuando comparezca este jueves ante un tribunal de Nueva York.

La audiencia se realizará en momentos en que Washington fortalece con cautela su relación con Caracas. Una de las cuestiones centrales de la diligencia judicial seguramente será la de quién se ocupará de los honorarios legales del expresidente y de su esposa, Cilia Flores.

El gobierno de Venezuela busca cubrir el pago, pero antes el abogado de Maduro, Barry Pollack, deberá obtener una licencia de la administración estadounidense, debido a las sanciones de Washington contra la nación petrolera.

Pollack argumentó en una presentación ante el tribunal que dicha autorización violaba el derecho constitucional de Maduro de tener representación legal, y exigió que el caso sea desestimado por razones procesales.

Maduro, quien gobernó Venezuela desde marzo de 2013, fue derrocado en una operación estadounidense el 3 de enero. A lo largo de esos años fue acusado de fraude en los comicios para sus dos reelecciones.

Recluido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, una prisión federal conocida por sus condiciones extremas, Maduro está solo en una celda, sin acceso a internet ni a periódicos.

El hombre, al que algunos de sus compañeros detenidos llaman presidente en los pasillos, lee la Biblia, según una fuente cercana al gobierno venezolano.

Sólo se le permite comunicarse por teléfono con su familia y sus abogados, por un máximo de 15 minutos por llamada, de acuerdo a esa fuente.

«Están muy bien, fuertes, muy bien, con mucho ánimo, con mucha fuerza», aseguró el lunes Nicolás Maduro Guerra, hijo del depuesto mandatario.

«Vamos a ver a un presidente delgado, atleta, haciendo ejercicio todos los días», añadió el también diputado.

«Prisionero de guerra»

De 63 años, Maduro se declaró no culpable de los cargos de narcotráfico en Estados Unidos y afirmó que es un «prisionero de guerra» en una audiencia el 5 de enero.

Es acusado de haberse aliado con movimientos guerrilleros, principalmente de Colombia, considerados «terroristas» por Washington.

Asimismo, es señalado de haberse asociado con cárteles criminales para enviar toneladas de cocaína a Estados Unidos.

Según su abogado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, responsable de aplicar las sanciones, le concedió el 9 de enero licencias para recibir pagos por la defensa de Maduro y de su esposa.

Sin embargo, Pollack indicó que luego la OFAC emitió una autorización enmendada que le impedía recibir dichos pagos.

«Al no permitir que el gobierno de Venezuela pague los costos de la defensa del señor Maduro, la OFAC está interfiriendo con (…) el señor Maduro para contratar un abogado y, por lo tanto, con su derecho, bajo la Sexta Enmienda, a un abogado de su elección», escribió Pollack en una carta dirigida al tribunal con fecha del 20 de febrero.

Agregó que su equipo había presentado un recurso ante esa oficina y que llegado el caso presentaría una queja formal ante el tribunal, con el argumento de que Maduro no puede «costear de otro modo un abogado».

Los fiscales respondieron en un escrito judicial que «incluso si se hubieran violado los derechos constitucionales de los acusados —que no ha sido el caso—, la desestimación de la acusación sería una medida excesivamente drástica».

Venezuela es gobernada de manera interina por Delcy Rodríguez, ex vicepresidenta de Maduro desde 2018 pero quien ahora trabaja en colaboración con la Casa Blanca.

Este mes, Estados Unidos restableció los lazos diplomáticos con Venezuela, en una señal de deshielo de la relación luego de la caída de Maduro.

Este jueves se espera que la seguridad sea reforzada de nuevo en torno al tribunal, como ocurrió cuando Maduro compareció por primera vez.

Al frente del caso está Alvin Hellerstein, un juez de 92 años reconocido por su larga trayectoria en el estrado.