Las redadas de inmigrantes en sus lugares de trabajo y la consiguiente separación de las familias han tenido un impacto psicológica y emocionalmente dañino en los menores de edad, así como un efecto devastador en comunidades y familias, según un informe divulgado este martes por el Centro para la Ley y la Política Social (CLASP, en inglés).

«Las redadas han sido devastadoras y han tenido como resultado el desgarramiento de las familias, la ruina de las comunidades. Las consecuencias son de largo plazo», dijo a Efe Wendy Cervantes, directora de Inmigrantes y Familias en CLASP y coautora del reporte.

«Meses y aun años después de estas operaciones las familias no han sido capaces de hacer pie. Los niños sufren consecuencias de salud mental de largo plazo, peores aun en los casos de separación permanente porque el padre o la madre han sido deportados», expuso.

La práctica, que se había moderado en administraciones anteriores, retornó con el Gobierno del presidente Donald Trump y alcanzó cimas en los veranos de 2018 y 2019, cuando cientos de personas fueron arrestadas por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), especialmente en Mississippi, Texas y Ohio.

El 18 de marzo pasado, el ICE notificó al Congreso que durante la pandemia de COVID-19 postergaría sus operaciones policiales, cesando las redadas en sitios de trabajo y en torno a hospitales, consultorios médicos y clínicas, y declaró que la gente «no debería evitar el cuidado médico por temor a las autoridades de inmigración».

De acuerdo con la organización National Immigration Law Center, durante esas redadas «los agentes de inmigración invaden un sitio de trabajo, sin anuncio y con fuerza militarizada, y capturan trabajadores para arresto y deportación».

«Los agentes cierran todas las salidas, hacen arrestos y los envían a sitios de detención remotos, sin advertencia», añadió este grupo. «Desde 2017, las redadas en sitios de trabajo han resultado en el arresto de más de 1.800 trabajadores».

CLASP, organización no partidista sin fines de lucro que promueve soluciones políticas para personas de bajos ingresos, señaló que «el alcance nacional de estas redadas, el hecho de que son impredecibles y la fuerza excesiva con que se han llevado a cabo sustentan preocupaciones acerca del costo humano de estas operaciones».

Los expertos de CLASP, que visitaron sitios de redadas en Allen (Texas), Sandusky y Salem (Ohio), y Canton, Carthage, Forest y Morton (Mississippi) encontraron que «el impacto de las redadas en las comunidades y los niños, muchos de los cuales son ciudadanos estadounidenses, fue la devastación de la seguridad económica y el bienestar físico y mental de las familias».

Un asesor legal en Ohio dijo a CLASP que «la separación de la familia es una separación de la familia ya sea que se trate de un agente en la frontera que saca a un bebé de los brazos de su madre, o que deja a un niño en la escuela sin que alguien lo recoja; es el mismo crimen contra la humanidad».

Los padres y madres detenidos experimentan impactos mentales y físicos incluso varios meses después de las redadas, cuando su primera preocupación era el cuidado de sus hijos, continuó el informe. Las madres separadas de sus bebés, incluidas las que estaban amamantando, «sufrieron un trauma emocional adicional y condiciones penosas como la mastitis, que a menudo ocurre cuando una madre no puede alimentar de pecho en horarios regulares».

La organización hizo referencia a estudios según los cuales los niños en familias donde algún miembro había sido detenido mostraban señales inmediatas de trastorno por estrés postraumático, con dificultad para dormir, llanto frecuente y una sensación de temor.

«A más largo plazo, esto es más de seis meses después de la redada, los cambios de conducta adversos -incluida la regresión o retrasos en el desarrollo- fueron más comunes en los casos en que los padres habían estado detenidos por más de un mes y/o fueron finalmente deportados», añadió el informe.

El estudio mencionó como ejemplo de experiencia traumática la de varios niños en Mississippi que, cuando volvían de la escuela a sus hogares, vieron a sus padres y madres esposados, en fila afuera de las fábricas y empujados a subirse a camionetas.

«Padres, madres y otros familiares relataron cómo los niños gritaban y lloraban descontrolados», añadió. «Algunos desarrollaron hemorragias nasales y hernias debido al llanto desolado cuando vieron que a sus padres se los llevaban».

Las familias trabajadoras, muchas de las cuales ya experimentaban condiciones económicas difíciles, con sueldos bajos y alquileres altos, como consecuencia de las redadas y las detenciones tuvieron que hallar otros empleos y pasaron a depender de las donaciones de la comunidad y las iglesias.