Internacionales
Policías se enfrentan con gases a manifestantes para desbloquear carreteras en Bolivia
Policías antimotines se enfrentaron este sábado en Bolivia con manifestantes para abrir carreteras y permitir el paso de alimentos, medicinas y combustibles a la ciudad de La Paz, bloqueadas desde hace tres semanas por protestas contra el gobierno.
Los agentes, que iniciaron el operativo a primera hora de la mañana, lanzaron gases lacrimógenos cuando grupos de manifestanbtes con hondas y petardos intentaron retomar puntos de bloqueo en la ciudad de El Alto (oeste), vecina a La Paz, y en la carretera hacia Oruro (sur), según imágenes de medios locales.
En El Alto, manifestantes mantienen al menos dos autopistas tomadas, y se retiraron de otra importante vía donde los vehículos pasan entre los escombros que dejaron, constató la AFP.
Los manifestantes piden la renuncia del presidente centroderechista Rodrigo Paz, con seis meses en el poder, pero las protestas de campesinos, obreros, mineros, maestros y transportistas iniciaron hace tres semanas con reclamos de alzas salariales, combustibles de calidad y estabilización de la economía.
«Tengo fe de que a partir de este corredor humanitario ya se levanten los bloqueos (…). Pensamos que las demandas (sociales) de estos sectores son válidas y es por eso que el diálogo es el mejor camino», dijo Mauricio Zamora, ministro de Obras Públicas, al inicio del operativo a la televisora Unitel.
Maquinaria pesada del gobierno, resguardada por contingentes de policías, remueve los montículos de tierra, rocas y otros objetos que obstruyen las autopistas, donde se forman largas filas de vehículos varados.
Al menos 57 puntos de bloqueo se registran en seis de los nueve departamentos del país, según la estatal Administradora Boliviana de Carreteras.
En La Paz, los precios de los alimentos se dispararon. Largas filas de espera se forman en las gasolineras y faltan medicamentos en los hospitales.
El gobierno se ha visto obligado a organizar vuelos desde Santa Cruz (este) y Cochabamba (centro) para abastecer de carnes y vegetales a la ciudad altiplánica.
Al menos 10 personas murieron durante un incendio registrado la madrugada de este miércoles en una vivienda ubicada en el sector Pisagua, en el distrito de La Victoria, en la ciudad peruana de Lima, informaron autoridades locales.
El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Oscar Arriola, señaló a la agencia estatal de noticias Andina que el siniestro ocurrió alrededor de las 03:00 horas local y dejó, hasta el momento, 10 personas fallecidas, entre ellas cinco menores de edad y cinco adultos.
«Expresar las condolencias a los familiares de la familia Vilchez, cuyos integrantes han fallecido. Son 10 personas, nueve de ellas de apellido Vilchez», detalló el funcionario.
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que el incendio fue «extinguido» por efectivos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes movilizaron nueve unidades operativas para atender la emergencia.
La zona permanece acordonada, mientras peritos especializados de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público realizan las diligencias correspondientes para identificar a las personas fallecidas.
La apertura del juicio en Nueva York contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro por tráfico de drogas fue fijada para el 1 de junio de 2027, durante una audiencia preparatoria celebrada este miércoles.
Maduro, de 63 años, fue capturado por Estados Unidos en Caracas y permanece encarcelado desde el 3 de enero en una prisión de Brooklyn. El exjefe de Estado enfrenta cuatro cargos relacionados con narcotráfico y tráfico de armas.
Su esposa, Cilia Flores, de 69 años, también es procesada en este caso y enfrenta tres cargos. Ambos han negado los hechos que se les atribuyen.
En una carta enviada el martes al juez encargado del caso, Alvin Hellerstein, el fiscal Jay Clayton informó que ambas partes habían solicitado que el juicio iniciara en junio de 2027.
El proceso judicial contra la pareja continúa luego de que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump autorizara que Venezuela pueda cubrir los honorarios de los abogados defensores, una medida que inicialmente había sido impedida debido a las sanciones impuestas contra el país.
Los Maduro habían solicitado que sus casos fueran desestimados, argumentando que bloquear el financiamiento vulneraba el derecho constitucional estadounidense a contar con un abogado de libre elección.
Durante su primera comparecencia en Nueva York, poco después de su detención, Maduro se presentó como «un prisionero de guerra».
El expresidente enfrenta cargos por conspiración de «narcoterrorismo», conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, así como conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.
Además del proceso penal contra quien gobernó Venezuela entre 2013 y 2026, familiares de cinco jóvenes asesinados en ese país presentaron a comienzos de julio una acción civil contra Maduro, acusándolo de haber ordenado sus ejecuciones dentro de un esquema de violencia de Estado.
Tras la salida de Maduro, su exvicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como mandataria interina y gobierna bajo la presión de Washington, que afirma estar al mando del país petrolero.
Dos peligrosos integrantes del Barrio 18, identificados por las autoridades como operadores de la estructura criminal «Los Caradura», murieron durante un ataque armado registrado en el ingreso a San Miguel Dueñas, en el departamento de Sacatepéquez.
De acuerdo con las autoridades, un tercer ocupante del vehículo resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro asistencial. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud.
Según la información oficial, las víctimas se desplazaban en un pick-up Ford color rojo cuando fueron interceptadas por hombres armados, quienes abrieron fuego en repetidas ocasiones.
Como parte de las investigaciones, las autoridades localizaron múltiples casquillos en la escena, mientras que el vehículo presentaba numerosos impactos de bala.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) procesaron la escena del crimen y mantienen las diligencias para establecer el móvil del ataque e identificar a los responsables.
