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La Mara Salvatrucha habría recibido $200 mil por masacrar a hijo del expresidente hondureño y otras tres personas más, según director policial

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El director de la Policía Nacional de Honduras, Gustavo Sánchez, reafirmó este sábado que la Mara Salvatrucha perpetró el crimen el jueves donde fallecieron cuatro personas, entre ellos: Said Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa. El ataque iba dirigido a él, afirmó.

El jefe policial aseguró que la pandilla recibió $200 mil por perpetrar el crimen, y que el dinero «fue desembolsado por un grupo de políticos que buscan intimidar».

Hasta el momento, dos personas han sido detenidas y se ha confirmado la identidad de una mujer que alquilaba la casa donde estaba el vehículo que fue utilizado para trasladar a los sicarios.

Según las indagaciones, la MS recibió un primer desembolso de 50 mil dólares para la compra de armas y equipo y una vez realizada la masacre recibirían el resto del dinero en Choluteca.

Este día trascendió un informe denominado «Magda II» que detalla que ya tienen identificados a todos los implicados y que un fuerte grupo de abogados ya presiona para defenderlos. El periódico hondureño El Heraldo pudo corroborar la autencidad del comunicado.

En el informe también se acusa a un miembro de la Policía Nacional de haber movido intencionalmente la patrulla que está asignada al bulevar Morazán, la madrugada de la masacre, para evitar que interviniera en las acciones.

En el documento se detalla además que el joven Luis Zelaya no era parte del objetivo.

Se informó también que un miembro activo de la policía descargó 15 disparos contra los mareros en una rápida acción en la que terminó herido uno de los sicarios.

Asimismo, el documento detalla que un exfuncionario y político es quien maneja los dólares en varias caletas.

De igual forma, se conoció que los mareros habrían gastado 835 mil lempiras en la compra de armas, uniformes y equipo para ejecutar el crimen.

El mismo informe Magda II detalla que el móvil de la muerte del hijo del expresidente Lobo Sosa responde a un mensaje/amenaza de parte de un grupo de ex funcionarios que se apoderaron de una basta cantidad de dinero y hacen uso de esto para coaccionar por medio de la MS.

Según el informe, los miembros de la MS se cambiaron de ropa y de vehículo mientras se trasladaban a la clínica. Una vez en el lugar se logró evidenciar las identidades de todos los que están pendientes de ser detenidos.

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Reo de alta peligrosidad sale de cárcel Los Jocotes con un guardia para ir a concierto en Feria de Chiquimula

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Byron Efraín Ruiz Roque, privado de libertad catalogado de alta peligrosidad y señalado por actividades de sicariato vinculado a la banda “Los Famosos Cheguen’s Chiquimultecos”, salió del Centro de Detención Preventiva Los Jocotes, en Zacapa, el 13 de agosto de 2026. Fue captado en el Estadio Las Victorias de Chiquimula disfrutando del concierto de la banda mexicana Los Dos de Tamaulipas durante la Feria departamental, junto a un guardia penitenciario identificado extraoficialmente como Pablo (o Pablo Azurdia). También habría asistido a un desfile hípico. Fotos y videos del momento se viralizaron rápidamente en redes sociales.

El Sistema Penitenciario confirmó el incidente el 17 de agosto mediante un comunicado oficial. Presentó denuncias penales ante el Ministerio Público contra guardias y autoridades del centro por posible participación o complicidad, inició acciones administrativas y reiteró su política de “cero tolerancia” a la corrupción. Como medida inmediata, trasladó a Ruiz Roque al Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, en la capital, donde permanece aislado mientras avanza la investigación.

Este caso expone graves fallas de control en el sistema carcelario guatemalteco. Fuentes periodísticas y redes lo describen como un privilegio indebido a un reo peligroso, lo que generó fuertes críticas sobre la seguridad en los centros de detención. El 19 de agosto, en respuesta al escándalo, el SP, la PNC y el Ejército realizaron una requisa masiva en Los Jocotes: decomisaron drogas, objetos punzocortantes, teléfonos, cajetillas y otros ítems ilícitos, y trasladaron al menos 11 privados de libertad a otros centros para desarticular una estructura criminal interna.

El Ministerio Público continúa las diligencias para determinar exactamente cómo se facilitó la salida y quiénes son los responsables. El caso se suma a una serie de irregularidades reportadas en las cárceles del país y mantiene abierta la discusión sobre la necesidad de reformas urgentes en el Sistema Penitenciario.

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FOTOS – VIDEOS | Desmantelan cámaras instaladas por las maras para controlar los movimientos policiales en Guatemala

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El control territorial de las maras o pandillas ha escalado a niveles impensados en Guatemala, donde fueron instaladas cámaras en postes de la vía pública para vigilar los movimientos de las fuerzas policiales.

Este miércoles fueron localizadas cámaras de vigilancia en la vía pública de la aldea Ciudad Quetzal, en San Juan Sacatepéquez, Guatemala.

Las autoridades guatemaltecas desmantelaron los dispositivos, que también eran utilizados para monitorear los movimientos de los residentes de la zona.

Los operativos de las fuerzas de seguridad y militares se desarrollan después de que en el sector fueran capturados cuatro terroristas señalados de estar vinculados con un crimen ocurrido en la ruta a San Raymundo.

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Asesinan a testigo protegido por caso de trata de personas en Roatán

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Este lunes se conoció el asesinato a balazos del abogado y exfuncionario judicial hondureño Dereck McField, ocurrido durante horas de la mañana.

El hecho de violencia se registró en plena vía pública, cuando el jurista regresaba de dejar a su hijo pequeño en la escuela, según reportó el medio hondureño HCH.

La noticia generó gran revuelo luego de que, horas más tarde, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, confirmara que McField era testigo protegido en el caso de Angie Peña, una joven universitaria que desapareció el 1 de enero de 2022 en una isla, mientras paseaba en un jet ski. Se presume que la joven fue vendida a una red de trata de personas con fines de explotación sexual.

Días después de su desaparición, la moto, el chaleco salvavidas y otras pertenencias de Peña fueron encontrados en un cayo de Belice.

Por este caso, cuatro hombres, tres estadounidenses y un hondureño, han sido imputados y permanecen en prisión preventiva mientras el proceso se desarrolla en un juzgado.

Angie Peña lleva seis años desaparecida. Foto: Cortesía

Al inicio del proceso judicial, en 2024, las autoridades confirmaron que «Harold Green le vendió a Angie Peña a William James Murdock por una cantidad de dólares». Además, señalaron que existen «muchas pruebas (de la transacción), vaciados (transcripciones) telefónicos, videos, fotografías, testimonios», según declaró a la AFP el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora.

Desde entonces, se han realizado allanamientos para localizar a Peña, pero «no se ha encontrado» y las autoridades «esperan que esté viva».

Los tres ciudadanos estadounidenses vinculados al caso viven en Honduras y tienen inversiones turísticas en Roatán.

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