Internacionales
La extorsión atemoriza a las escuelas peruanas
La temporada escolar comenzó hace un mes, pero solo ahora los padres pueden llevar a sus hijos a este colegio de Lima atacado con explosivos por negarse a pagar una extorsión. En la entrada, en vez de profesores, vigilan militares con fusiles.
El crimen organizado extendió su chantaje al sistema privado de educación y afecta a miles de estudiantes, tras ensañarse los últimos tres años con comerciantes y transportistas principalmente.
Su poder de intimidación desafía al impopular Gobierno de Dina Boluarte, que echó mano del Ejército para tratar de contener la ola de extorsiones en las calles de Lima.
«Hasta la fecha tenemos […] 500 colegios extorsionados» a escala nacional, señala a la AFP Giannina Miranda, presidenta del Colectivo Educar con Libertad, que representa a los colegios amenazados en Perú.
De ese total, 325 se vieron forzados a cerrar por tiempo indefinido y pasar a la virtualidad, precisó.
Las bandas han impuesto el miedo y el silencio en los ambientes escolares, según constatan docentes y padres de estudiantes que hablaron bajo reserva.
«Es prácticamente como una pandemia, pero con armas», afirma un padre de 40 años tras acompañar a su hijo de 13 al colegio San Vicente, en el distrito de Comas, en el norte de Lima.
A las afueras un grupo de cinco militares y policías vigilan el ingreso de los alumnos.
MIEDO
En la primera semana de marzo la institución que recibe a 1,200 estudiantes fue atacada con un explosivo. La detonación no causó víctimas, pero sí daños en la puerta principal y obligó a iniciar clase de manera virtual.
Previamente, por un mensaje de WhatsApp, desconocidos habían pedido a las directivas 100,000 soles (unos $27,000) para no atacar.
Después del atentado llegó un video todavía más intimidante, cuyo contenido fue compartido por el padre de un alumno del colegio San Vicente bajo anonimato. «Ya te exploté tu colegio y aún sin darme solución», se lee en un cartel con siete balas encima rodeado de fusiles y pistolas que aparece en la grabación.
El aviso concluye con una advertencia de muerte contra un vigilante, un profesor o un «padre de familia dentro o fuera del colegio».
Estos centros escolares pasaron a ser blanco de las bandas locales o internacionales, que cobran a cambio de no matar o destruir.
Las amenazas inundan los celulares de directivos y profesores. Unas 17,000 instituciones y 2.5 millones de estudiantes forman parte de la red privada.
Ante «tanto miedo y tensión», familias están considerando no enviar más a sus hijos a la escuela, sostiene una jubilada de 70 años.
COSTO POLÍTICO
El auge del crimen organizado empujó a la presidenta Boluarte a declarar el estado de emergencia por un mes en Lima, la capital peruana de 10 millones de habitantes.
El decreto entró en vigor el 18 de marzo. Amparada en esa figura, la mandataria sacó a los militares de los cuarteles para que apoyen a la Policía en la lucha contra la extorsión y el sicariato.
Pese a los esfuerzos de las autoridades por presentar resultados, la extorsión se instaló prácticamente en la actividad diaria de millones de peruanos.
«¿Cómo explicarle a mi hijo lo que está pasando? Tener yo que enseñarle que cuando regrese al colegio, si escucha un disparo o si escucha una explosión», se resguarde debajo de su pupitre, se pregunta una secretaria de 30 años.
Desde hace 20 días, su pequeño de seis años recibe clases virtuales después de que el colegio Pitágoras, en el norte de Lima, suspendió sus actividades también por extorsión.
Según la Policía, en 2024 recibió 19,443 denuncias por este delito frente a las 22,294 del año anterior. Sin embargo, según la propia autoridad, muchos no denuncian por miedo.
Un adulto mayor, identificado preliminarmente como Alex Alonzo Maldonado Bonilla, perdió la vida tras ser atacado en dos ocasiones por su propio perro de raza pitbull, llamado Zeus, en Honduras.
El hecho ocurrió en el sector 4 de la colonia Hato de Enmedio, donde la tragedia generó conmoción entre los habitantes del lugar.
De acuerdo con los reportes preliminares, el primer ataque ocurrió durante la mañana del lunes 21 de septiembre. El animal habría agredido a su dueño, por lo que su hijo intervino y logró trasladarlo hasta un centro asistencial para que recibiera atención médica.
Después de recibir asistencia médica, el hombre regresó a su vivienda. Sin embargo, horas más tarde, el pitbull volvió a atacarlo dentro del inmueble.
La segunda agresión le provocó heridas de extrema gravedad que posteriormente ocasionaron su muerte.
Durante el ataque, el hijo de la víctima intentó auxiliarlo, pero también resultó mordido en las manos. La situación generó alarma entre los vecinos, quienes alertaron a las autoridades ante el peligro que representaba el animal.
La Policía llegó al lugar y logró controlar al pitbull, que quedó asegurado dentro de la vivienda.
La Policía Nacional Civil de Guatemala reportó la captura de cuatro pandilleros salvadoreños que fueron ubicados en Amatitlán.
Los detenidos fueron identificados como Luis Fernando Jiménez Pérez, de 26 años; Francisco Ibarra Santacruz, de 19; Alexander Cuellar Pineda, de 27; y José Ángel Ramírez, de 28 años. Este último portaba un documento de identidad falso con otro nombre.
Los capturados son como Luis Fernando Jiménez Pérez, de 26 años; Francisco Ibarra Santacruz, de 19 años; Alexander Cuellar Pineda, de 27 años; y José Ángel Ramírez, de 28 años, quien portaba un DPI falso con otro nombre. pic.twitter.com/D345ZK5bDl
— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) September 22, 2026
Según las autoridades guatemaltecas, los cuatro son miembros de la Mara Salvatrucha y se desplazaban en un vehículo con placas salvadoreñas P-155DB.
Al percatarse de la presencia policial, los sujetos intentaron darse a la fuga, pero fueron neutralizados por los agentes.
Durante el registro, las autoridades incautaron dos armas de fuego, una de ellas con el registro alterado y otra con reporte de robo en El Salvador. También fueron decomisadas 24 municiones calibre 5.56 milímetros para fusil, 20 municiones calibre 9 milímetros, cinco teléfonos celulares y el vehículo con placas salvadoreñas.
La Policía Nacional Civil de Guatemala indicó que, en las próximas horas, se realizará el respectivo proceso de entrega de los cuatro pandilleros a las autoridades salvadoreñas, para que sean procesados por los crímenes en los que estén involucrados.
y otra con reporte de robo en El Salvador, 24 municiones calibre 5.56mm para fusil, 20 municiones calibre 9mm, 5 teléfonos celulares y 1 vehículo con placas salvadoreñas.https://t.co/uixtjuDRH7 pic.twitter.com/jazAeIe6ML
— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) September 22, 2026
México anunció el lunes restricciones al uso de celulares en escuelas primarias y secundarias, como parte de una medida orientada a reducir las distracciones en las aulas y limitar el impacto del uso de pantallas en los estudiantes.
La disposición entrará en vigencia durante la primera semana de noviembre. Los estudiantes no podrán utilizar estos dispositivos durante las horas de clase ni en el recreo, excepto en casos de emergencia o cuando formen parte de actividades docentes previamente planificadas.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, explicó que el objetivo de la medida es recuperar la creatividad y evitar el uso indiscriminado de las pantallas, especialmente cuando está relacionado con las redes sociales, debido a los posibles impactos negativos que puede generar.
México cuenta con 34 millones de estudiantes en todo su sistema educativo. La restricción será obligatoria para los niveles de primaria y secundaria.
En el caso de la preparatoria, correspondiente a los últimos tres años de la educación básica, y de las universidades, la aplicación de la medida quedará a criterio de cada institución educativa.
El Gobierno tomó la decisión después de un amplio debate con especialistas, docentes y autoridades estatales, en el que se analizaron los efectos de las redes sociales en niños y adolescentes.
El secretario de Educación señaló que el 81 % de los maestros consultados consideró necesaria la restricción del uso de celulares.
Otros países de la región también cuentan con medidas relacionadas con el uso de estos dispositivos en los centros educativos. Brasil y Chile prohíben su utilización en las aulas, mientras que Colombia, Paraguay y Perú tienen algún tipo de regulación.
