La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por considerarla corrupta y antidemocrática, fracasó este lunes en su aspiración de lograr un tercer mandato, lo que el presidente Bernardo Arévalo rechazaba de forma rotunda.

La salida de Porras del Ministerio Público (MP) es considerada clave por activistas y juristas locales e internacionales para atacar la red de corrupción enquistada en el sistema de justicia, que ha hecho tambalear a la frágil democracia guatemalteca.

Porras quedó fuera de la lista de seis candidatos aprobada por la comisión de abogados que los seleccionó para que Arévalo designe al fiscal general que asumirá el cargo el 17 de mayo por los próximos cuatro años.

Arévalo descartó elegir a Porras por considerarla «peligrosa» para el país, pero la propia comisión evaluadora la excluyó, aunque encabezaba una tabla de puntajes que solo consideraba la experiencia y títulos académicos, no la integridad ética.

Sus críticos la consideran operadora del llamado «pacto de corruptos», la élite político-empresarial ultraconservadora que domina el país.

La situación de seguridad en Colombia muestra una crisis durante el inicio de 2026, con un aumento significativo en las masacres registradas entre enero y marzo. De acuerdo con el Ministerio de Defensa de Colombia, en ese periodo se contabilizaron 30 hechos que dejaron 94 fallecidos a causa de la violencia, lo que representa un incremento del 32% en comparación con el mismo lapso del año anterior.

Según detalla un artículo de «El Colombiano», las cifras reflejan un problema persistente en distintas regiones del país, donde continúan ocurriendo asesinatos colectivos, definidos como la muerte intencional de tres o más personas en un mismo hecho. Este tipo de violencia evidencia la presencia activa de criminales en varios territorios.

Por su parte, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz reportó un panorama aún más crítico, con 35 masacres y 133 víctimas durante el primer trimestre de 2026, lo que convierte este periodo en el más violento de la última década en este tipo de crímenes.

Los casos se han concentrado en al menos 34 municipios de 17 departamentos, lo que evidencia una expansión territorial de la violencia, en muchos casos vinculada a disputas entre grupos armados ilegales. Enero y marzo fueron los meses con mayor incidencia, con 13 casos de violencia cada uno, mientras que en febrero se registraron nueve.

El año inició con un hecho que marcó la tendencia. El 3 de enero, en Santander de Quilichao, tres mujeres fueron asesinadas en un mismo hecho violento. El caso, que incluyó ataques en distintos momentos relacionados entre sí, evidenció la gravedad de la situación y el impacto en las comunidades.

La comparación con años anteriores confirma el aumento de la violencia, ya que en el primer trimestre de 2025 se registraron 16 masacres, en 2024 fueron 18 y en 2023 un total de 27 casos. Según Indepaz, entre 2016 y marzo de 2026 se han documentado 729 masacres y 2,657 víctimas en el país, reflejando la persistencia de este fenómeno a lo largo del tiempo.

El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, arremetió contra el presidente estadounidense, Donald Trump, a quien calificó de “desquiciado mental”, en respuesta a las recientes sanciones impuestas por Washington contra sus hijos y su entorno cercano.

Durante un acto oficial por el recién inventado Día Nacional de la Paz, Ortega acusó a Trump —sin mencionarlo directamente— de aplicar “políticas terroristas” y le exigió que detenga las guerras y sanciones internacionales.

“No está en sus cinco sentidos”, afirmó el gobernante, de 80 años, quien se mantiene en el poder a fuerza y fraude desde 2007.

Ortega aplicó a Trump el mismo calificativo que en marzo de 2023 le infirió el papa Francisco, quien tildó al dictador nicaragüense de “dictador grosero” y “desequilibrado”.

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A partir de las protestas sociales de abril de 2018, organismos como la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentaron un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.

Los informes atribuyen al aparato estatal, bajo el mando de Ortega y su esposa y coautora Rosario Murillo, la comisión de asesinatos, torturas, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas contra opositores y manifestantes.

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua concluyó que altos funcionarios del régimen habrían cometido crímenes de lesa humanidad durante la represión de 2018.

Aquella brutal represión dejó al menos 355 muertos, miles de heridos y una ola masiva de exilio.

Los reportes también describen la consolidación de un modelo de control político que analistas califican como una dictadura dinástica.