Internacionales
Haitianos marchan en Puerto Príncipe para exigir protección de las pandillas
Cientos de haitianos agobiados por la delincuencia salieron a protestar este lunes en Puerto Príncipe contra la violencia de las pandillas. Con sus rostros enmascarados exigieron protección a las autoridades, en un país donde los más de 300 secuestros de niños y mujeres ya superan el total de 2022 y triplican los de 2021.
Los manifestantes denunciaron que los grupos criminales van en ascenso y los que ya gobiernan en la capital están acabando con la atención médica, acceso a la educación y matando a los agentes, situación que conlleva a la inseguridad. «¡Queremos seguridad!», exhortó el grupo, que se movilizó por lo menos durante dos horas en varias comunidades hasta llegar a la residencia del primer ministro.
Los manifestantes quemaron llantas y un vehículo hasta que intervino la policía, que lanzó gases lacrimógenos para disolver la actividad, constató el canal de televisión Africanews.
Desde el asesinato del presidente Jovenel Moise en julio de 2021, las pandillas se apoderaron del 80 % de Puerto Príncipe, según expertos.
En cuanto a los secuestros, el informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) señala que en la mayoría de casos, los grupos armados raptan personas con fines económicos o tácticos. El director regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, Gary Conille, calificó de «espeluznantes e inaceptables» las historias que les cuentan sus compañeros en el terreno. «Las víctimas que consiguen regresar a casa se enfrentan a profundas cicatrices físicas y psicológicas, posiblemente durante muchos años», indicó.
El Colectivo Défenseurs Plus denunció el mes pasado que la ola de violencia dejó un saldo de más 600 homicidios; mientras que, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) reportó que más de 165.000 personas se desplazaron internamente en Haití debido a la violencia de las bandas.
«Los ataques de bandas, las ejecuciones extrajudiciales, los secuestros y la violencia de género se han convertido en parte de la vida cotidiana de los haitianos, obligando a los lugareños a huir de sus hogares», reveló.
El Ejército mexicano desplegó 2,500 efectivos en el oeste de México como medida disuasiva tras la muerte del capo narco Nemesio «El Mencho» Oseguera el domingo en un operativo militar, informó este lunes el secretario de Defensa, Ricardo Trevilla.
«Se encontraban destacamentados en Jalisco alrededor de 7.000 efectivos, entonces se va a reforzar» la presencia militar en la zona de operación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), liderado por Oseguera, dijo Trevilla en rueda de prensa.
«La intención es, más que nada, tener un efecto disuasivo», añadió el secretario de Defensa, tras cientos de bloqueos el domingo en 20 estados del país.
La Fuerza Aérea de Perú (FAP) halló 15 personas muertas este lunes tras el accidente de un helicóptero militar desaparecido el domingo en la región Arequipa, al sur del país, informó la autoridad militar.
La FAP precisó que el helicóptero realizaba labores rescate de víctimas de las inundaciones registradas en Arequipa.
«El personal de rescate ha confirmado el fallecimiento de los cuatro tripulantes (..), así como los 11 pasajeros que se encontraban a bordo», señaló la FAP.
«Tras la intensificación de las labores de búsqueda, las patrullas de fuerzas especiales y la policía han logrado localizar el helicóptero Mi-17 que perdió contacto radial la tarde de ayer», indicó la fuerza aérea en un comunicado.
El helicóptero siniestrado, un Mil Mi-17 de fabricación rusa, había despegado de la ciudad de Pisco, en la región de Ica. Los rescatistas localizaron la aeronave en la localidad de Chala, en Arequipa, a poco más de 300 kilómetros del lugar de partida.
Internacionales
Concluye proceso legal que anula la concesión de Hutchison en puertos del canal de Panamá
La justicia panameña dio por concluido el proceso legal que anuló la concesión a la compañía hongkonesa CK Hutchison Holdings para operar dos puertos en el canal, al publicar este lunes el fallo.
La Corte Suprema panameña declaró en enero «inconstitucional» el contrato que ha permitido a la empresa Panama Ports Company (PPC), filial de Hutchison, administrar desde 1997 los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico.
Sin embargo, para que la sentencia, que no admite apelación, quedara en firme aún faltaban unos trámites que han concluido este lunes con la publicación del fallo en la gaceta oficial.
El viernes, el vocero de PPC, Alejandro Kouruklis, reconoció que la publicación del fallo en la gaceta oficial supondría que «la concesión deja de existir», por lo que pidió al gobierno panameño «negociar» con la firma hongkonesa el futuro de los puertos para «evitar el caos».
Tras ese fallo judicial, que se produjo en medio de las presiones de Estados Unidos por la presencia china en el canal, el presidente panameño, José Raúl Mulino, anunció que la danesa Maersk operaría temporalmente esas terminales.
La decisión ha traído incertidumbre en los puertos, ubicados en sendas entradas de la vía interoceánica, por los que en 2025 pasó el 38 % de los contenedores que transitaron por Panamá.
«El camino que se está siguiendo puede causar un caos» porque «no va a haber un orden ni marco legal» en que puedan confiar los proveedores, trabajadores y las líneas navieras, había declarado el viernes Kouruklis al canal panameño TVN-2.
«Nuestro plan no es salir, es conversar con el Estado a ver qué solución se le puede dar a esto» y «no tomar decisiones abruptas» para que un tercero entre en las instalaciones «a tomar bienes que no le pertenecen», añadió.
Hutchison amenazó hace días a Maersk con «acciones legales» si asume la administración de las terminales sin su consentimiento y anunció que impugnará la sentencia ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC), con sede en París, por causarle «graves daños».
Pero la Corte panameña asegura que la concesión, renovada por otros 25 años en 2021 es «inconstitucional» y tenía «una inclinación desproporcionada a favor de la empresa» que perjudicaba al Estado.
El fallo también llegó en momentos donde Hutchison Holdings quiere ceder sus puertos, entre ellos los de Panamá, a un grupo de empresas liderado por la estadounidense BlackRock por 22,800 millones de dólares.
