Internacionales
Haitianos marchan en Puerto Príncipe para exigir protección de las pandillas
Cientos de haitianos agobiados por la delincuencia salieron a protestar este lunes en Puerto Príncipe contra la violencia de las pandillas. Con sus rostros enmascarados exigieron protección a las autoridades, en un país donde los más de 300 secuestros de niños y mujeres ya superan el total de 2022 y triplican los de 2021.
Los manifestantes denunciaron que los grupos criminales van en ascenso y los que ya gobiernan en la capital están acabando con la atención médica, acceso a la educación y matando a los agentes, situación que conlleva a la inseguridad. «¡Queremos seguridad!», exhortó el grupo, que se movilizó por lo menos durante dos horas en varias comunidades hasta llegar a la residencia del primer ministro.
Los manifestantes quemaron llantas y un vehículo hasta que intervino la policía, que lanzó gases lacrimógenos para disolver la actividad, constató el canal de televisión Africanews.
Desde el asesinato del presidente Jovenel Moise en julio de 2021, las pandillas se apoderaron del 80 % de Puerto Príncipe, según expertos.
En cuanto a los secuestros, el informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) señala que en la mayoría de casos, los grupos armados raptan personas con fines económicos o tácticos. El director regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, Gary Conille, calificó de «espeluznantes e inaceptables» las historias que les cuentan sus compañeros en el terreno. «Las víctimas que consiguen regresar a casa se enfrentan a profundas cicatrices físicas y psicológicas, posiblemente durante muchos años», indicó.
El Colectivo Défenseurs Plus denunció el mes pasado que la ola de violencia dejó un saldo de más 600 homicidios; mientras que, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) reportó que más de 165.000 personas se desplazaron internamente en Haití debido a la violencia de las bandas.
«Los ataques de bandas, las ejecuciones extrajudiciales, los secuestros y la violencia de género se han convertido en parte de la vida cotidiana de los haitianos, obligando a los lugareños a huir de sus hogares», reveló.
Al menos 10 personas murieron durante un incendio registrado la madrugada de este miércoles en una vivienda ubicada en el sector Pisagua, en el distrito de La Victoria, en la ciudad peruana de Lima, informaron autoridades locales.
El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Oscar Arriola, señaló a la agencia estatal de noticias Andina que el siniestro ocurrió alrededor de las 03:00 horas local y dejó, hasta el momento, 10 personas fallecidas, entre ellas cinco menores de edad y cinco adultos.
«Expresar las condolencias a los familiares de la familia Vilchez, cuyos integrantes han fallecido. Son 10 personas, nueve de ellas de apellido Vilchez», detalló el funcionario.
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que el incendio fue «extinguido» por efectivos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes movilizaron nueve unidades operativas para atender la emergencia.
La zona permanece acordonada, mientras peritos especializados de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público realizan las diligencias correspondientes para identificar a las personas fallecidas.
La apertura del juicio en Nueva York contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro por tráfico de drogas fue fijada para el 1 de junio de 2027, durante una audiencia preparatoria celebrada este miércoles.
Maduro, de 63 años, fue capturado por Estados Unidos en Caracas y permanece encarcelado desde el 3 de enero en una prisión de Brooklyn. El exjefe de Estado enfrenta cuatro cargos relacionados con narcotráfico y tráfico de armas.
Su esposa, Cilia Flores, de 69 años, también es procesada en este caso y enfrenta tres cargos. Ambos han negado los hechos que se les atribuyen.
En una carta enviada el martes al juez encargado del caso, Alvin Hellerstein, el fiscal Jay Clayton informó que ambas partes habían solicitado que el juicio iniciara en junio de 2027.
El proceso judicial contra la pareja continúa luego de que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump autorizara que Venezuela pueda cubrir los honorarios de los abogados defensores, una medida que inicialmente había sido impedida debido a las sanciones impuestas contra el país.
Los Maduro habían solicitado que sus casos fueran desestimados, argumentando que bloquear el financiamiento vulneraba el derecho constitucional estadounidense a contar con un abogado de libre elección.
Durante su primera comparecencia en Nueva York, poco después de su detención, Maduro se presentó como «un prisionero de guerra».
El expresidente enfrenta cargos por conspiración de «narcoterrorismo», conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, así como conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.
Además del proceso penal contra quien gobernó Venezuela entre 2013 y 2026, familiares de cinco jóvenes asesinados en ese país presentaron a comienzos de julio una acción civil contra Maduro, acusándolo de haber ordenado sus ejecuciones dentro de un esquema de violencia de Estado.
Tras la salida de Maduro, su exvicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como mandataria interina y gobierna bajo la presión de Washington, que afirma estar al mando del país petrolero.
Dos peligrosos integrantes del Barrio 18, identificados por las autoridades como operadores de la estructura criminal «Los Caradura», murieron durante un ataque armado registrado en el ingreso a San Miguel Dueñas, en el departamento de Sacatepéquez.
De acuerdo con las autoridades, un tercer ocupante del vehículo resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro asistencial. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud.
Según la información oficial, las víctimas se desplazaban en un pick-up Ford color rojo cuando fueron interceptadas por hombres armados, quienes abrieron fuego en repetidas ocasiones.
Como parte de las investigaciones, las autoridades localizaron múltiples casquillos en la escena, mientras que el vehículo presentaba numerosos impactos de bala.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) procesaron la escena del crimen y mantienen las diligencias para establecer el móvil del ataque e identificar a los responsables.
