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FOTOS Y VIDEO – LAMENTABLE FINAL: Niña hondureña se ahorca esperando a su padre en Nueva York
Con apenas 13 años de edad, Heydi Gámez García yace en una cama en el hospital pediátrico Cohen, en Queens (NYC), rodeada de animales de peluche, cubierta por líneas intravenosas y un tubo de respiración.
Su padre, Manuel Gámez, acaba de llegar a la ciudad y encontró a su única hija con muerte cerebral, tras un intento de suicidio en casa de su tía en Long Island.
Los médicos dicen que no se recuperará. Ahora el padre de 34 años y sus parientes enfrentan una decisión desgarradora: planean quitarle a Heydi el soporte de vida y enterrarla la semana próxima en un cementerio de Long Island, a casi 2 mil millas de la ciudad en el noroeste de Honduras donde creció.
Durante cuatro años, padre e hija estuvieron separados, desde que él la envió a EEUU para evadir la violencia en su país, después de que el abuelo fuese asesinado a tiros por miembros de una pandilla Mara Salvatrucha (MS-13).
Gámez trató repetidamente de unirse a ella en EEUU, pero siempre fue rechazado por las autoridades de inmigración. Abatida por la espera, Heydi intentó ahorcarse a principios de este mes.
Tras conocerse la noticia, los oficiales de inmigración otorgaron a Gámez, detenido en un centro en Houston, una libertad condicional humanitaria de 14 días “para atender los asuntos del fallecimiento de su hija” en Nueva York, según una orden de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Debe regresar a Texas el 27 de julio para enfrentar la tercera deportación de su vida.
La búsqueda de Gámez de unirse a su hija en los suburbios de Nueva York es anterior a la postura de línea dura migratoria del gobierno de Trump, destacó CNN.
En abril de 2016, agentes de la Patrulla Fronteriza lo recogieron cerca de McAllen, Texas. Fue deportado a Honduras al mes siguiente, pues las autoridades de inmigración concluyeron que la base de su solicitud de asilo no era creíble.
Intentó nuevamente en septiembre de 2017, pero fue detenido cerca de Santa Teresa, Nuevo México, precisó ICE en un comunicado. Fue declarado culpable de reingreso ilegal y enviado a Honduras por segunda vez ese noviembre.
En los últimos meses, el sueño de Heydi de reunirse con su padre comenzó a desvanecerse. En diciembre trató de cortarse la muñeca en la escuela y la llevaron a un hospital para una evaluación psiquiátrica, dijo su tía paterna, Jessica Gámez, de 32 años.
Heydi estuvo viendo a un terapeuta hasta hace unos dos meses, e incluso habló de regresar a Honduras para estar con su padre. La niña dijo que su “vida no tenía sentido” sin él.
También soñó convertirse en abogada para ayudarlo.
“Siento que no la cuidé bien. Como si le hubiera fallado de alguna manera”, se lamenta Jessica, quien hospedaba a Heydi en su casa en Bay Shore, aproximadamente una hora y media al este de la ciudad de Nueva York.
“Se suponía que tenía que protegerla”, dice. “Nunca la enviaría a Honduras. Pero nunca pensé que algo malo le pasaría aquí”.
Una noche a principios de julio, Heydi rompió a llorar ante su otra tía, Zoila, y dijo que ya no creía las historias sobre la reunión con su padre. Dos horas más tarde, fue a un armario de la casa y trató de quitarse la vida. No dejó una nota.
Una semana después, los médicos en Queens declararon su muerte cerebral.
“Traté de darle a Heydi todo lo que necesitaba. Pero su único sueño era estar con su padre”, se lamenta Jessica en el hospital.
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Ecuador construirá las megacárceles «que sean necesarias» en su lucha anticrimen, dice ministro
Ecuador construirá las megacárceles que «sean necesarias» en su lucha contra el narcotráfico y otras formas de crimen organizado que desangran al país, dijo el martes el ministro de Interior, John Reimberg, en entrevista con la AFP.
El presidente derechista Daniel Noboa implementa políticas de línea dura desde que llegó al poder en 2023 como la construcción de cárceles de alta seguridad y bajo fuertes restricciones, que han sido comparadas con el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador ideado por el mandatario Nayib Bukele.
El gobierno ecuatoriano puso en marcha en noviembre la primera cárcel para 800 personas, donde líderes de la mafia y también políticos condenados por corrupción son aislados, rapados y sometidos como medida para intentar doblegar a las numerosas bandas que sumen al país en su mayor espiral de violencia.
Noboa planea edificar a partir de mayo una segunda penitenciaría para unas 15,000 personas, que estaría lista en máximo 18 meses, señaló el funcionario.
Ministro del Interio de Ecuador, John Reimberg. Foto AFP / Diario El Salvador
«¿Una tercera cárcel? Sí, probablemente. Y las que sean necesarias para estos delincuentes», declaró Reimberg desde el conflictivo puerto de Guayaquil.
Ecuador registró el año pasado 51 homicidios por cada 100,000 habitantes, una de las tasas más altas de la región.
El Encuentro, la primera cárcel de extrema seguridad habilitada por el gobierno, funciona en la provincia costera de Santa Elena (suroeste) y actualmente alberga a 600 reclusos con uniformes de color naranja.
«No vamos a negociar»
Según Reimberg estas megacárceles despiertan la furia de las bandas que tienen nexos con cárteles internacionales del narcotráfico.
«Llevamos cerca de 600 drones que han intentado llegar a la cárcel de El Encuentro desde el día que empezó su construcción (para impedir su avance). Son 600 drones de grupos de delincuencia organizada (…) pero que hemos podido impedir que lleguen», indicó.
En los últimos años se han registrado ataques con drones cargados con explosivos contra otras cárceles, convertidas en centros de operaciones de las organizaciones del narco principalmente.
Las autoridades mantienen bajo reserva la ubicación de la segunda penitenciaría por seguridad.
Al nuevo centro serán trasladados «delincuentes de alta peligrosidad» que «tienen que estar en un lugar incomunicado», sostuvo.
Organizaciones de derechos humanos cuestionan la política penitenciaria de Noboa por abusos a los derechos de los internos. Cientos han muerto por tuberculosis o choques entre presos y algunos familiares denuncian desnutrición.
«¿Que nos quieren decir autoritarios? Yo tengo que responder al país con seguridad», aseguró Reimberg.
Por Ecuador transita el 70% de la cocaína de sus vecinos Colombia y Perú, los principales productores mundiales de esa droga.
«No vamos a negociar, no vamos a pactar, los vamos a atacar, los vamos a debilitar», dijo el ministro, quien anotó que 74,000 personas fueron detenidas el año pasado.
Aviones estadounidenses
Noboa es uno de los mayores aliados en Latinoamérica de Donald Trump, a quien le ha pedido apoyo para enfrentar al crimen. Recientemente Washington instaló en el país sudamericano de manera permanente una dependencia del FBI y otra de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés).
La colaboración se basa en «información» e «inteligencia» para «trazar objetivos que tenemos que atacar, lugares donde se están almacenando drogas, por ejemplo, ataques a la delincuencia», añadió el ministro del Interior.
El presidente intentó sin éxito instalar bases militares extranjeras en el país a través de un referendo.
Según el ministro hay agentes estadounidenses trabajando con la fuerza pública ecuatoriana y aeronaves: «tenemos aviones que están aquí de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos», precisó.
Colombia
Después de poco más de un mes de que asumiera, Noboa declaró a Ecuador en conflicto armado interno para desplegar en las calles a los militares, lo que ha generado denuncias sobre excesos de la fuerza pública.
Interrogado sobre por qué las cifras de violencia no ceden pese a las medidas del gobierno, Reimberg señaló a tres culpables: la justicia en ocasiones permeada por la corrupción, los gobiernos pasados de izquierda y a Colombia, gobernado por el izquierdista Gustavo Petro.
«Tenemos un país vecino que no está trabajando en la frontera, que no está atacando a los grupos de delincuencia (…) nosotros estamos cumpliendo nuestra parte», indicó en medio de una disputa entre ambos países que escaló hasta la imposición mutua de millonarios aranceles y el retiro de embajadores.
El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, prometió este martes redoblar la respuesta estatal frente a la violencia criminal en el país, luego de que un bebé de un año muriera en un ataque a balazos en Montevideo que, según la principal hipótesis policial, estaría vinculado a un enfrentamiento entre narcotraficantes.
«De poco vale saber cuál fue el motivo (…) Hay una cosa que está clara, no le vamos a aflojar, no hay que aflojar, al revés, lejos de amedrentarse lo que hay que hacer acá es apretar el acelerador», subrayó el mandatario en declaraciones a la prensa.
Orsi calificó el suceso como «terrible» y sostuvo que el problema central es, más que un hecho puntual, «una violencia que crece» y que refleja un deterioro social más amplio.
El episodio ocurrió la noche del lunes en el barrio Colón, en el noroeste de la capital, donde se desató una balacera en la que también resultó herido el padre del menor, un uruguayo de 24 años que permanece estable tras recibir tres disparos.
La policía trabaja sobre la hipótesis de un ajuste de cuentas entre grupos vinculados al narcotráfico.
Ante esto, Orsi advirtió que el país enfrenta niveles de violencia «demasiados altos», por lo que se debe abordar de manera estructural que combine seguridad, políticas sociales y prevención y no solo mediante el despliegue de «5.000 o 10.000 policías más».
En la última década, Uruguay ha registrado un aumento sostenido de homicidios asociados al narcotráfico, mientras que la seguridad pública figura desde hace años como la principal preocupación de los uruguayos, según distintas encuestas de opinión pública.
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Alemania aprueba recortes históricos en gasto social y sanitario para financiar el aumento militar
El Gobierno alemán dio luz verde a un ambicioso plan de recortes del estado de bienestar con el objetivo de contener el déficit público y sostener un fuerte incremento del gasto militar. La coalición formada por democristianos y socialdemócratas alcanzó un acuerdo tras intensas negociaciones, adelantándose incluso al anuncio oficial previsto tras el consejo de ministros.
El paquete de medidas contempla una reducción significativa del gasto sanitario, con un ahorro proyectado de más de 38,000 millones de euros para 2030. Entre los cambios más destacados figura el fin de la gratuidad del seguro médico para cónyuges que no cotizan, quienes deberán aportar al menos el 2,5 % de los ingresos del asegurado.
Además, se prevén incrementos en los copagos por medicamentos y hospitalización, así como ajustes en la financiación de las aseguradoras públicas, que ya enfrentan déficits millonarios. El Ejecutivo defiende que estas medidas buscan «mantener estables las contribuciones» y evitar el colapso del sistema ante el envejecimiento de la población.
El plan también incluye recortes en otras áreas sociales, como las ayudas a desempleados de larga duración y una reforma de las pensiones que, según el canciller Friedrich Merz, pasarán a ser una «cobertura básica» sin garantizar el nivel de vida.
A esto se suma la intención de limitar el acceso a prestaciones para hijos de familias monoparentales, lo que podría afectar a cientos de miles de menores.
Por su parte, analistas advierten de que estas reformas podrían tener un alto impacto político, en un contexto marcado por el aumento del gasto en defensa y el debate sobre las prioridades presupuestarias del país.
