Internacionales
EE. UU. sanciona a líderes del Cártel del Noreste por actividades criminales y terrorismo transfronterizo
El gobierno de Estados Unidos impuso sanciones económicas a dos presuntos líderes del Cártel del Noreste (CDN), una organización criminal con fuerte presencia en la frontera con México y catalogada por Washington como una organización terrorista global, informó el Departamento del Tesoro.
Los sancionados son Miguel Ángel de Anda Ledezma, señalado como responsable de adquirir armas y municiones para el grupo, y Ricardo González Sauceda, considerado el segundo al mando del cártel antes de su captura por autoridades mexicanas en febrero de 2025. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ordenó el bloqueo de todos sus bienes en territorio estadounidense y de aquellos bajo jurisdicción de ciudadanos de EE. UU.
“El CDN y sus líderes han llevado a cabo una violenta campaña de intimidación, secuestro y terrorismo, amenazando a comunidades a ambos lados de nuestra frontera sur”, declaró Scott Bessent, secretario del Tesoro, quien agregó que la administración Trump busca responsabilizar a estos grupos por sus crímenes.
Con base de operaciones en los estados mexicanos de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, el Cártel del Noreste —considerado sucesor de Los Zetas— es acusado de extorsión, tráfico de drogas, secuestros, trata de personas, robo de petróleo y ataques armados. Uno de los episodios más graves atribuidos al grupo ocurrió en marzo de 2022, cuando atacaron el consulado de EE. UU. en Nuevo Laredo con armas de fuego y granadas tras la captura de un miembro del cártel.
Durante su detención, Ricardo González Sauceda portaba un rifle, una pistola, 300 gramos de metanfetaminas y un paquete con 1,500 pastillas de fentanilo, un potente opioide sintético vinculado a la mayoría de muertes por sobredosis en Estados Unidos, según informaron autoridades mexicanas.
El Departamento del Tesoro subrayó que el CDN mantiene una influencia significativa en zonas cercanas al cruce fronterizo de Laredo/Nuevo Laredo, y que estas sanciones son parte de una ofensiva más amplia contra organizaciones criminales transnacionales.
Al menos 10 personas murieron durante un incendio registrado la madrugada de este miércoles en una vivienda ubicada en el sector Pisagua, en el distrito de La Victoria, en la ciudad peruana de Lima, informaron autoridades locales.
El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Oscar Arriola, señaló a la agencia estatal de noticias Andina que el siniestro ocurrió alrededor de las 03:00 horas local y dejó, hasta el momento, 10 personas fallecidas, entre ellas cinco menores de edad y cinco adultos.
«Expresar las condolencias a los familiares de la familia Vilchez, cuyos integrantes han fallecido. Son 10 personas, nueve de ellas de apellido Vilchez», detalló el funcionario.
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que el incendio fue «extinguido» por efectivos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes movilizaron nueve unidades operativas para atender la emergencia.
La zona permanece acordonada, mientras peritos especializados de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público realizan las diligencias correspondientes para identificar a las personas fallecidas.
La apertura del juicio en Nueva York contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro por tráfico de drogas fue fijada para el 1 de junio de 2027, durante una audiencia preparatoria celebrada este miércoles.
Maduro, de 63 años, fue capturado por Estados Unidos en Caracas y permanece encarcelado desde el 3 de enero en una prisión de Brooklyn. El exjefe de Estado enfrenta cuatro cargos relacionados con narcotráfico y tráfico de armas.
Su esposa, Cilia Flores, de 69 años, también es procesada en este caso y enfrenta tres cargos. Ambos han negado los hechos que se les atribuyen.
En una carta enviada el martes al juez encargado del caso, Alvin Hellerstein, el fiscal Jay Clayton informó que ambas partes habían solicitado que el juicio iniciara en junio de 2027.
El proceso judicial contra la pareja continúa luego de que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump autorizara que Venezuela pueda cubrir los honorarios de los abogados defensores, una medida que inicialmente había sido impedida debido a las sanciones impuestas contra el país.
Los Maduro habían solicitado que sus casos fueran desestimados, argumentando que bloquear el financiamiento vulneraba el derecho constitucional estadounidense a contar con un abogado de libre elección.
Durante su primera comparecencia en Nueva York, poco después de su detención, Maduro se presentó como «un prisionero de guerra».
El expresidente enfrenta cargos por conspiración de «narcoterrorismo», conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, así como conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.
Además del proceso penal contra quien gobernó Venezuela entre 2013 y 2026, familiares de cinco jóvenes asesinados en ese país presentaron a comienzos de julio una acción civil contra Maduro, acusándolo de haber ordenado sus ejecuciones dentro de un esquema de violencia de Estado.
Tras la salida de Maduro, su exvicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como mandataria interina y gobierna bajo la presión de Washington, que afirma estar al mando del país petrolero.
Dos peligrosos integrantes del Barrio 18, identificados por las autoridades como operadores de la estructura criminal «Los Caradura», murieron durante un ataque armado registrado en el ingreso a San Miguel Dueñas, en el departamento de Sacatepéquez.
De acuerdo con las autoridades, un tercer ocupante del vehículo resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro asistencial. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud.
Según la información oficial, las víctimas se desplazaban en un pick-up Ford color rojo cuando fueron interceptadas por hombres armados, quienes abrieron fuego en repetidas ocasiones.
Como parte de las investigaciones, las autoridades localizaron múltiples casquillos en la escena, mientras que el vehículo presentaba numerosos impactos de bala.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) procesaron la escena del crimen y mantienen las diligencias para establecer el móvil del ataque e identificar a los responsables.
