«Hoy no inicia una administración más, hoy inicia una oportunidad para devolver la dignidad a la justicia penal guatemalteca», afirmó el fiscal designado por el presidente del país, el socialdemócrata Bernardo Arévalo.

El mandato de Porras, que comenzó en 2018m estuvo marcado por acciones para impedir la posesión de Arévalo en 2024 y procesos contra decenas de exfiscales, jueces antimafia, periodistas e indígenas, muchos de ellos ahora exiliados.

Debido a ello la funcionaria de 72 años fue sancionada por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países como Canadá y Reino Unido.

García Luna aseguró que, «durante años, muchos guatemaltecos perdieron la confianza en la institución, no porque dejaron de creer en la justicia, sino porque la justicia dejó de creerles a ellos. Hoy empieza el deber de recuperarla».

García Luna reconoció que recibió una institución «con heridas profundas».

Estados Unidos acusa a Porras de obstruir investigaciones anticorrupción para proteger a aliados y obtener favores políticos.

Sus críticos aseguran que esas maniobras sirvieron al llamado «pacto de corruptos», un presunto entramado de intereses políticos, económicos y criminales que controlaría la justicia guatemalteca.

El fiscal, que fracasó en su intento por lograr un tercer período, sostiene que sus actuaciones siempre estuvieron apegadas a la ley.

«La ley es pareja o no es ley» y en un régimen democrático la Fiscalía no puese ser utilizada «como un arma al servicio de ningún grupo, por lo que debe de cesar cualquier persecución selectiva».

«Tampoco puede utilizarse con multas políticas ni obedecer órdenes de ninguna clase», sentenció.

Además, comentó que enfrentará las extorsiones, los crímenes contra la vida, la corrupción, el narcotráfico, la trata de personas y las violentas maras o pandillas.

La Mara Salvatrucha y Barrio 18, declaradas por Guatemala y Estados Unidos como terroristas, son responsables junto a narcotráfico del 40% de las muertes violentas en el país, según datos oficiales.

Los equipos de emergencia respondieron de inmediato tras reportarse un grave incidente en el Gunfighter Skies Air Show. La Base de la Fuerza Aérea Mountain Home confirmó a través de sus canales oficiales que las instalaciones quedaron bajo una orden de cierre estricto (lockdown) de manera preventiva mientras se asiste el siniestro.

A través de una publicación en redes sociales, las autoridades militares señalaron que los equipos de respuesta rápida ya se encuentran trabajando en el lugar del impacto y que se ha iniciado una investigación formal para determinar las causas de la colisión. Además se informó que no hay víctimas fatales.

Múltiples asistentes al evento registraron el momento del accidente. Testigos presenciales reportaron haber visto el instante exacto en que las dos aeronaves impactaron en el aire.

Los videos publicados en internet y redes sociales muestran una secuencia dramática: tras el fuerte choque, cuatro paracaídas lograron abrirse en el cielo mientras los restos de los dos aviones se precipitaban a gran velocidad hacia el suelo, en un área cercana a la base militar, ubicada a unos 80 kilómetros (50 millas) al sur de la ciudad de Boise.

El Gunfighter Skies Air Show es uno de los eventos de aviación más masivos y populares de la región. Organizado como una celebración de la historia aeronáutica y una exhibición de las capacidades militares modernas, el festival atrae a miles de familias cada año.

Las autoridades del festival suspendieron las actividades restantes del domingo mientras la junta de investigación de accidentes de la Fuerza Aérea toma el control pericial de la zona del desastre.

Un histórico tesorero de la exguerrilla sandinista y aliado del presidente Daniel Ortega fue arrestado en Nicaragua acusado de corrupción y lavado de dinero, informaron este sábado medios nicaragüenses en el exilio.

Como tesorero del Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN), Francisco «Chico» López era considerado el principal operador de los negocios privados de Ortega y su esposa Rosario Murillo, copresidenta del país. Había sido separado del cargo en enero.

La Policía Nacional lo capturó y trasladó el pasado jueves a la cárcel «La Modelo», en la capital Managua, indicó el diario digital Confidencial este sábado.

Según el medio, el arresto fue ordenado por Murillo bajo acusaciones de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, los mismos cargos presentados contra otros exfuncionarios que han sido encarcelados.

La fiscalía no ha presentado oficialmente una acusación.

El diario La Prensa, en tanto, precisó que el motivo de la detención fue la incapacidad de López para explicar el paradero de bienes del FSLN que administró anteriormente el histórico comandante sandinista Bayardo Arce, condenado en enero por lavado de activos.

Opositores exiliados afirman que el caso de Arce forma parte de una purga en los círculos de poder dirigida por Murillo con el aval de Ortega para asegurar la sucesión.

Ortega, de 80 años, gobernó Nicaragua en los años 1980. Tras varios años en la oposición, se mantiene en el poder desde 2007 luego de elecciones cuestionadas por la comunidad internacional.

En los últimos meses se le ha visto en actos públicos con dificultad para caminar -padece lupus e insuficiencia renal-, por lo que analistas aseguran que Murillo se encamina a sucederlo.