Once años y dos días después de la tragedia, un tribunal de la ciudad gallega de Santiago de Compostela, en el noroeste de España, declaró a los dos hombres culpables de homicidio involuntario al considerar que «infringieron el deber de cuidado que sus cargos les imponían».

Su negligencia supuso «un incremento ilícito del riesgo» de los pasajeros del tren, añadió el tribunal, que les prohibió ejercer su profesión durante cuatro años y medio y los condenó a indemnizar a las partes civiles, a través de un seguro, con más de 25 millones de euros (27 millones de dólares).

El 24 de julio de 2013, el tren de alta velocidad Alvia 04155 descarriló poco antes de su llegada a Santiago y se estrelló brutalmente en una curva pronunciada y protegida por un muro de hormigón, a cuatro kilómetros de su destino.

El accidente, ocurrido la víspera de la fiesta de Santiago, que cada año reúne a miles de peregrinos en la ciudad gallega, también dejó más de 140 heridos.

Fue la peor tragedia ferroviaria sufrida en España desde que en 1944 tres trenes chocaron en un túnel en la provincia de León, dejando más de un centenar de muertos.

La sentencia «nos da la razón tras 11 años de lucha», expresó Jesús Domínguez, presidente de la asociación de víctimas del accidente en el canal público TVE, y aunque dijo que los afectados están «satisfechos», criticó la tardanza de los tribunales: «Una justicia lenta no es justicia».

«La más elemental de las precauciones»

La investigación determinó rápidamente que el tren circulaba a una velocidad excesiva –179 km/h en vez de los 80 km/h marcados como límite para aquel tramo– y el maquinista estaba hablando por teléfono con el interventor del tren justo antes del accidente.

En su fallo de 530 páginas, el tribunal establece la responsabilidad directa del maquinista del tren, Francisco Garzón, y de un exresponsable de seguridad de la sociedad pública Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), Andrés Cortabitarte, en la muerte de 79 de los 80 fallecidos.

La 80ª víctima, que resultó herida en el accidente y murió 73 días después a causa de una grave enfermedad, fue contabilizada entre los heridos, por lo que debe ser indemnizada.

Garzón, que estaba hablando por teléfono justo antes del accidente, no respetó «la más elemental de las precauciones» al contestar la llamada sin tener en cuenta el «lugar en el que estaba», estimó el tribunal.

Esta negligencia, que lo llevó a activar el freno de emergencia del tren con cuatro segundos de retraso, es tanto más grave cuanto que «conocía» la línea y sabía que era necesaria una reducción muy «importante» de velocidad en ese lugar, insistió la sentencia.

Cortabitarte tampoco tuvo en cuenta los riesgos en este tramo de la vía: La tragedia no se habría producido si se hubiesen «adoptado medidas que controlasen la velocidad del tren» y «que llamasen la atención del maquinista».

Lágrimas y pedido de perdón

Durante el juicio, que se desarrolló desde octubre de 2022 hasta julio de 2023, la Fiscalía solicitó inicialmente cuatro años de prisión contra cada uno de los dos hombres, pero acabó retirando su solicitud para Cortabitarte.

El importe de la indemnización reclamada por las familias de las víctimas ascendió a 58 millones de euros.

Durante el proceso, Garzón, entre lágrimas, pidió perdón a las víctimas y, aunque reconoció su responsabilidad, cuestionó la falta de un sistema de frenado automático en el lugar del accidente.

Cortabitarte, que aseguró en el juicio que la línea era «100%» segura, llegó a ser agredido por familiares de las víctimas.

En total, 600 testigos y peritos testificaron en el megajuicio.