La provincia canadiense de Columbia Británica informó el martes que prepara una demanda contra OpenAI por no haber reportado a las autoridades la actividad violenta registrada en ChatGPT por la persona que posteriormente cometió un tiroteo escolar.

La fiscal general de la provincia, Niki Sharma, explicó que el gobierno provincial busca responsabilizar a la empresa de inteligencia artificial y a quienes toman sus decisiones por no haber notificado a las fuerzas del orden sobre las solicitudes de contenido violento realizadas en la plataforma antes de la tragedia ocurrida en Tumbler Ridge.

«La provincia está preparando acciones legales para responsabilizar a la empresa de inteligencia artificial OpenAI y a quienes toman sus decisiones por su fracaso para notificar a las fuerzas de la ley las solicitudes violentas hechas en su plataforma ChatGPT por el perpetrador antes de la tragedia en Tumbler Ridge», declaró Sharma a periodistas.

La autora del ataque fue identificada como Jesse Van Rootselaar, una persona transgénero de 18 años, quien mató a ocho personas en el pequeño pueblo minero de Tumbler Ridge, en la provincia de Columbia Británica.

Según la información proporcionada, OpenAI suspendió una cuenta vinculada a Van Rootselaar en junio de 2025, ocho meses antes del tiroteo. La empresa bloqueó la cuenta debido a preocupaciones relacionadas con un posible uso asociado a actividades violentas, aunque aseguró que no informó a la policía porque no existían indicios de un ataque inminente.

Por su parte, un portavoz de OpenAI señaló el martes que la compañía ya reforzó sus medidas de seguridad, especialmente en la forma en que ChatGPT responde a señales de angustia.

«Aplicamos una política de tolerancia cero respecto al uso de nuestras herramientas para ayudar a cometer actos de violencia», afirmó la empresa en una declaración escrita.

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, aseguró el martes que el mandatario saliente, Gustavo Petro, intenta llevar a cabo un «golpe de Estado» y pidió a las Fuerzas Armadas «proteger» la democracia y desobedecer cualquier orden orientada a ese propósito.

Los trámites para la transmisión de mando, prevista para el 7 de agosto, se desarrollan en medio de tensiones entre el gobierno saliente de izquierda y el presidente electo de extrema derecha, quien cuenta con el respaldo del presidente estadounidense, Donald Trump.

Según De la Espriella, Petro se niega a reconocer el resultado del balotaje celebrado en junio, en el que el abogado obtuvo la victoria por menos del 1 % de los votos sobre el candidato oficialista, Iván Cepeda. El presidente electo también acusa al gobierno saliente de corrupción.

«Petro y Cepeda iniciaron su plan B para quedarse a como diera lugar en el poder. Y lo quieren hacer a través de un golpe de Estado», declaró De la Espriella, luego de suspender el proceso de transición con el primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia.

El mandatario electo calificó la transición como una «auditoría exhaustiva» de la administración de Petro y afirmó haber identificado problemas en la lucha contra el narcotráfico, la concesión de contratos estatales a dedo y deficiencias en el sistema de salud.

En respuesta, Petro escribió en X que De la Espriella «se eligió con ayuda extranjera, prohibido por la Constitución (…) y entregó la soberanía nacional para ser presidente».

De la Espriella, quien posee nacionalidad colombiana y estadounidense, se ha declarado admirador de Trump y aseguró haber votado por él en las elecciones de 2024. Además, afirmó que bajo su administración Colombia y Estados Unidos tendrán una relación «como nunca antes».

Las diferencias entre Petro y Trump han quedado reflejadas en reiterados desacuerdos sobre política migratoria y la lucha contra el narcotráfico.

Por su parte, Petro afirmó que desconoce la «legitimidad» del presidente electo, sostiene que existió un «fraude electoral» y convocó protestas para el 20 de julio, fecha en la que ofrecerá su discurso de despedida de la Presidencia.

Aunque el senador Iván Cepeda, heredero político de Petro, reconoció los resultados electorales, anunció que se mantendrá en «desobediencia civil» frente al nuevo gobierno.

Sin embargo, observadores internacionales y las autoridades electorales descartaron cualquier tipo de manipulación en los comicios.

De la Espriella ha prometido impulsar la inversión privada, reducir el tamaño del Estado y endurecer el combate contra las guerrillas y los carteles del narcotráfico.

El abogado, conocido como «El Tigre», ha capitalizado el descontento de una parte de la población por los intentos fallidos del gobierno de Petro para negociar la paz con grupos armados, en medio de la peor ola de violencia registrada en la última década.

Asimismo, el presidente electo amenazó con llevar a Petro, a Cepeda y a sus aliados ante tribunales estadounidenses. Aseguró que estos tienen «miedo» por el «destape que vendrá, no solo frente a toda la corrupción (…) sino de las consecuencias legales que tendrán sus vínculos con el narcoterrorismo», aunque no presentó pruebas que respalden esas afirmaciones.

De la Espriella también sostuvo que las denuncias de fraude constituyen una «excusa para incendiar el país».

Mientras tanto, sectores de la derecha expresan preocupación por un eventual estallido de protestas, similares a las manifestaciones respaldadas por Petro contra el entonces presidente Iván Duque entre 2019 y 2021, las cuales dejaron decenas de fallecidos.

Pese a la suspensión de la participación del equipo del presidente electo, Petro aseguró que el proceso de transmisión de mando continuará.

«Se colocarán sillas vacías en espera que quienes se robaron las elecciones lleguen a entender qué es gobernar», escribió el mandatario en su cuenta de X.

El fundador del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, aceptó la sentencia impuesta por un tribunal federal de Nueva York, Estados Unidos, que lo condenó a cadena perpetua por delitos relacionados con el narcotráfico.

La condena fue dictada el 6 de julio por dicha sede judicial. Ante esta resolución, Zambada solicitó al juez federal que no fuera enviado a una cárcel de máxima seguridad y pidió que se garantice la atención de su salud.

En una carta presentada por sus abogados al juez federal Brian M. Cogan, se indicó que Zambada está «plenamente consciente de que la consecuencia será una sentencia obligatoria de cadena perpetua» y que «acepta este resultado y no solicita al tribunal que lo condene fuera de la ley».