Cilia Flores, esposa del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, solicitó a la justicia de Estados Unidos que le permita continuar el proceso judicial en su contra bajo arresto domiciliario, debido a problemas cardíacos que, según su defensa, requieren atención médica especializada.

Flores, de 69 años, se encuentra detenida en una prisión federal de Brooklyn, Nueva York, donde permanece desde el 3 de enero, cuando fue capturada junto a Maduro durante un operativo estadounidense en Caracas.

Antes de su captura, Flores «estaba físicamente sana y no tomaba ningún medicamento de forma continua, salvo una inyección mensual», aseguró su abogado Mark Donnelly en un documento fechado el miércoles.

Sin embargo, de acuerdo con su defensa, actualmente toma cuatro medicamentos y presenta problemas cardíacos que requieren una exploración coronaria y una intervención.

Ante esta situación, el abogado solicitó que Flores sea trasladada a una residencia privada en Estados Unidos, donde cumpliría un régimen de arresto domiciliario bajo condiciones estrictas. La propuesta contempla vigilancia armada las 24 horas, el uso de un brazalete electrónico y la confiscación de su pasaporte.

El pedido también señala que las condiciones de reclusión actuales no le permiten recibir la atención que necesita para atender sus problemas de salud.

El exmandatario venezolano y su esposa están procesados en Estados Unidos y acusados de haber ayudado a traficar cocaína hacia ese país, cargos que ambos niegan.

Hace una semana, Maduro solicitó desestimar los cargos en su contra y apeló a su inmunidad como jefe de Estado para argumentar que el tribunal de Nueva York que lleva su caso y el de Flores no es competente.

Desde que Maduro fue depuesto, su exvicepresidenta Delcy Rodríguez gobierna Venezuela de manera interina, bajo fuerte presión de Washington.

Cientos de personas continúan durmiendo en calles, carpas o albergues en Pereira, Colombia, un mes después del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto, que dejó más de 330 personas fallecidas y provocó el derrumbe de miles de edificios.

Fanery Andrade, una vendedora ambulante de 41 años, permanece junto a su familia en una carpa instalada en un parque, después de que su vivienda quedara reducida a escombros. La mujer espera recibir las ayudas anunciadas por el Gobierno.

«Aún estamos acá porque está difícil los arriendos, hemos mirado, son costosísimos, los subieron por las nubes», relató Andrade a la AFP.

El terremoto, que golpeó el occidente de Colombia, también derribó colegios, hospitales y miles de edificios. Las pérdidas económicas fueron estimadas en $9,500 millones y las labores de reconstrucción tomarán años.

Andrade recordó que logró salir de su vivienda poco antes de que esta se derrumbara, a pocos metros del parque donde actualmente permanece. «Uno duerme todavía con susto», aseguró mientras señalaba los restos de su casa.

La mujer tuvo la posibilidad de trasladarse a un albergue, pero decidió permanecer cerca de seis familias vecinas que también instalaron sus carpas en el lugar. «Entre todos nos colaboramos», expresó.

Andrade, quien padece anemia y otras patologías, también busca recuperar su pequeño puesto de frituras y conseguir nuevamente una vivienda. «Una casita» es uno de sus principales anhelos.

El presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió el cargo tres días antes del terremoto, anunció subsidios de $285 mensuales para el alquiler durante tres meses destinados a las personas afectadas. Sin embargo, varios damnificados consultados por la AFP afirmaron que todavía no habían recibido la ayuda gubernamental.

Entre quienes buscan salir adelante se encuentra Francia Elena Vásquez, quien perdió su tienda familiar de velas aromáticas y utensilios desechables, negocio en el que trabajó durante 28 años.

Tras perder el establecimiento, Vásquez retomó sus actividades comerciales en un espacio prestado dentro de un estacionamiento. «Gracias a la comunidad, a la gente, (…) nos ha ido bien», relató la comerciante.

De acuerdo con la entidad de atención de desastres, el terremoto dejó más de 36,300 viviendas destruidas.

Otro de los afectados es Matías Vélez, un auxiliar de enfermería de 36 años que resultó herido durante el terremoto. Tras el colapso de su apartamento, se trasladó a vivir con sus padres mientras se recupera y retoma sus actividades laborales.

«Nos toca empezar de cero», afirmó Vélez.

La Policía de Guatemala capturó este miércoles a siete integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13), quienes son señalados de estar involucrados en el asesinato de 17 personas cuyos cuerpos fueron abandonados en zonas boscosas entre 2025 y 2026.

De acuerdo con la Policía, los cuerpos fueron encontrados envueltos en sábanas o bolsas plásticas y abandonados en cuatro distintos escenarios. Las autoridades vinculan estos hechos con la rivalidad entre pandillas.

Los detenidos fueron capturados en una colonia ubicada en la periferia oeste de la capital guatemalteca, un sector controlado por grupos criminales. Los sospechosos son acusados de los delitos de asociación ilícita, terrorismo, secuestro y asesinato. Entre los capturados se encuentra una mujer, quien enfrenta cargos por asociación ilícita.

Según la investigación, los detenidos también estarían relacionados con el abandono de ocho cuerpos en octubre pasado. Estos fueron encontrados envueltos en bolsas plásticas debajo de un puente de una carretera ubicada al este de la capital.

El hallazgo ocurrió el mismo día en que Marco Antonio Villeda asumió como ministro de Gobernación de Guatemala, luego de la destitución de su antecesor, Francisco Jiménez, en medio de una crisis política provocada por la fuga de 20 cabecillas de la pandilla Barrio 18 de una cárcel.

De los 20 pandilleros que escaparon, ocho han sido recapturados y uno fue localizado sin vida.

La MS-13 y el Barrio 18 son señalados como los principales grupos vinculados con la violencia criminal en Guatemala. Ambos son considerados organizaciones «terroristas» por Guatemala y Estados Unidos.

Según cifras oficiales, Guatemala cerró el año pasado con una tasa de homicidios de 17.3 por cada 100,000 habitantes, más del doble del promedio mundial.