Internacionales
Asesinato de candidato presidencial en Ecuador es una «película de terror»
«Vivimos una película de terror, con metralletas se dispararon 30, 40 disparos, vimos caer heridos, sé que hay algunos fallecidos, y dolorosamente el asesinato de Fernando», declaró a la prensa Galo Valencia, tío del presidenciable.
Dentro del colegio donde había estado Villavicencio, sus seguidores se echaron al piso para protegerse de las balas y otros corrieron desesperados. En el suelo quedaron rastros de sangre.
Un policía fue socorrido por varias personas luego de quedar tendido en la calle herido. En un cruce de balas un sospechoso quedó malherido y murió más tarde en una unidad de la Fiscalía.
«Fernando, valiente. Fernando vivirás por siempre», gritaban consternados los seguidores de Villavicencio, uno de los candidatos favoritos a la presidencia y conocido por sus denuncias de corrupción, especialmente del gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017).
Los simpatizantes también cargaron contra el exmandatario, que fue condenado en ausencia a ocho años de cárcel luego de que Villavicencio revelara una trama de coimas durante su mandato.
«¡Correa criminal!», coreaban al tiempo que un vehículo de medicina forense salía de la clínica.
En medio de un fuerte resguardo policial también llegaron familiares del candidato de 59 años, que iba segundo en las encuestas detrás de la correísta Luisa González, según Cedatos.
Él era uno de los ocho candidatos presidenciales para las elecciones generales anticipadas que se celebrarán el 20 de agosto.
«Emboscada»
Villavicencio tenía custodia policial tras ser intimidado, supuestamente por parte de un líder de una banda criminal ligada al narcotráfico.
La semana pasada, Villavicencio denunció en dos ocasiones amenazas contra su vida y su equipo de campaña.
«Pese a las nuevas amenazas, seguiremos luchando por la gente valiente de nuestro #Ecuador», escribió Villavicencio en Twitter, ahora llamada X, al denunciar mensajes intimidatorios.
Auspiciado por los movimientos Construye y Gente Buena, el periodista y exasambleísta buscaba por primera vez la presidencia de Ecuador.
«Nosotros hacíamos (mitines) generalmente en sitios cerrados precisamente por el peligro que corría» el candidato, relató a la prensa su amigo Carlos Figueroa, con el que se escondió largo tiempo en la selva para evadir una orden de prisión por injuriar a Correa.
Villavicencio caminaba hacia su auto cuando empezó el ataque, que dejó además nueve heridos, entre ellos una candidata a asambleísta y dos policías.
«A los 30 segundos que él pasa la puerta de entrada, comienzan los disparos, fueron muchos disparos», relató Figueroa, quien consideró que «emboscaron» al candidato.
Valencia, de su lado, criticó la seguridad asignada a su sobrino.
«No entendemos dónde estuvo la policía, dónde estuvo el resguardo policial», expresó indignado.
Agregó que pudieron ser «decenas» las víctimas, debido a que la policía debió hacer la detonación controlada de un artefacto explosivo que estaba en la zona.
Más tarde, seis personas fueron detenidas como sospechosas del ataque.
Las muestras de dolor se extendieron a la provincia de Chimborazo (sur), de donde era Villavicencio. Con carteles en los que se veía su rostro y leyendas de «Fernando Villavicencio presidente» sus seguidores clamaban «justicia».
Internacionales
Reo de alta peligrosidad sale de cárcel Los Jocotes con un guardia para ir a concierto en Feria de Chiquimula
Byron Efraín Ruiz Roque, privado de libertad catalogado de alta peligrosidad y señalado por actividades de sicariato vinculado a la banda “Los Famosos Cheguen’s Chiquimultecos”, salió del Centro de Detención Preventiva Los Jocotes, en Zacapa, el 13 de agosto de 2026. Fue captado en el Estadio Las Victorias de Chiquimula disfrutando del concierto de la banda mexicana Los Dos de Tamaulipas durante la Feria departamental, junto a un guardia penitenciario identificado extraoficialmente como Pablo (o Pablo Azurdia). También habría asistido a un desfile hípico. Fotos y videos del momento se viralizaron rápidamente en redes sociales.
El Sistema Penitenciario confirmó el incidente el 17 de agosto mediante un comunicado oficial. Presentó denuncias penales ante el Ministerio Público contra guardias y autoridades del centro por posible participación o complicidad, inició acciones administrativas y reiteró su política de “cero tolerancia” a la corrupción. Como medida inmediata, trasladó a Ruiz Roque al Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, en la capital, donde permanece aislado mientras avanza la investigación.
Este caso expone graves fallas de control en el sistema carcelario guatemalteco. Fuentes periodísticas y redes lo describen como un privilegio indebido a un reo peligroso, lo que generó fuertes críticas sobre la seguridad en los centros de detención. El 19 de agosto, en respuesta al escándalo, el SP, la PNC y el Ejército realizaron una requisa masiva en Los Jocotes: decomisaron drogas, objetos punzocortantes, teléfonos, cajetillas y otros ítems ilícitos, y trasladaron al menos 11 privados de libertad a otros centros para desarticular una estructura criminal interna.
El Ministerio Público continúa las diligencias para determinar exactamente cómo se facilitó la salida y quiénes son los responsables. El caso se suma a una serie de irregularidades reportadas en las cárceles del país y mantiene abierta la discusión sobre la necesidad de reformas urgentes en el Sistema Penitenciario.
Internacionales
FOTOS – VIDEOS | Desmantelan cámaras instaladas por las maras para controlar los movimientos policiales en Guatemala
El control territorial de las maras o pandillas ha escalado a niveles impensados en Guatemala, donde fueron instaladas cámaras en postes de la vía pública para vigilar los movimientos de las fuerzas policiales.
Este miércoles fueron localizadas cámaras de vigilancia en la vía pública de la aldea Ciudad Quetzal, en San Juan Sacatepéquez, Guatemala.
Las autoridades guatemaltecas desmantelaron los dispositivos, que también eran utilizados para monitorear los movimientos de los residentes de la zona.
Los operativos de las fuerzas de seguridad y militares se desarrollan después de que en el sector fueran capturados cuatro terroristas señalados de estar vinculados con un crimen ocurrido en la ruta a San Raymundo.
Seguridad y tranquilidad para los guatemaltecos 🇬🇹
Unidades militares en coordinación con las fuerzas de seguridad civil realizan patrullajes a pie y a motor, puestos de control y acciones de seguridad en colonias y sectores de la aldea Ciudad Quetzal, #SanJuanSacatepéquez,… pic.twitter.com/HBQCUJ6r0B
— Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) August 19, 2026
Este lunes se conoció el asesinato a balazos del abogado y exfuncionario judicial hondureño Dereck McField, ocurrido durante horas de la mañana.
El hecho de violencia se registró en plena vía pública, cuando el jurista regresaba de dejar a su hijo pequeño en la escuela, según reportó el medio hondureño HCH.
La noticia generó gran revuelo luego de que, horas más tarde, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, confirmara que McField era testigo protegido en el caso de Angie Peña, una joven universitaria que desapareció el 1 de enero de 2022 en una isla, mientras paseaba en un jet ski. Se presume que la joven fue vendida a una red de trata de personas con fines de explotación sexual.
Días después de su desaparición, la moto, el chaleco salvavidas y otras pertenencias de Peña fueron encontrados en un cayo de Belice.
Por este caso, cuatro hombres, tres estadounidenses y un hondureño, han sido imputados y permanecen en prisión preventiva mientras el proceso se desarrolla en un juzgado.
Angie Peña lleva seis años desaparecida. Foto: Cortesía
Al inicio del proceso judicial, en 2024, las autoridades confirmaron que «Harold Green le vendió a Angie Peña a William James Murdock por una cantidad de dólares». Además, señalaron que existen «muchas pruebas (de la transacción), vaciados (transcripciones) telefónicos, videos, fotografías, testimonios», según declaró a la AFP el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora.
Desde entonces, se han realizado allanamientos para localizar a Peña, pero «no se ha encontrado» y las autoridades «esperan que esté viva».
Los tres ciudadanos estadounidenses vinculados al caso viven en Honduras y tienen inversiones turísticas en Roatán.
