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Al menos 22 muertos en incendio de una fábrica de baterías en Corea del Sur
Entre los 22 fallecidos en el incendio en una planta de baterías de litio en Corea del Sur, 18 eran chinos, informaron el lunes los bomberos, agregando que una persona seguía desaparecida.
«Veinte extranjeros figuran entre los fallecidos, 18 de ellos chinos, uno de Laos y una persona de nacionalidad desconocida», declaró a la prensa un miembro de los bomberos, Kim Jin-young, advirtiendo que la identificación de las víctimas era difícil debido a las quemaduras.
Más de 100 personas trabajaban en la fábrica cuando se escucharon una serie de explosiones en la segunda planta, donde se inspecciona y empaquetan las baterías de litio, agregó la misma fuente.
Tras haber conseguido controlar el gigantesco incendio, los bomberos se introdujeron en el edificio carbonizado para extraer los cuerpos.
«La mayoría de los cuerpos está muy quemados así que llevara tiempo identificarlos», dijo Kim.
Los bomberos están buscando una persona que sigue desaparecida, agregó, mientras realizan «operaciones de enfriamiento para evitar que el fuego se extienda a otras fábricas cercanas».
El incendio tuvo lugar en Hwaseong, al sur de la capital, Seúl, en una fábrica que pertenece al fabricante surcoreano Aricell, especializado en baterías.
Altamente inflamables, unas 35.000 baterías de litio estarían almacenadas en la segunda planta de la fábrica cuando se declaró el incendio.
«Era difícil entrar en el edificio porque temíamos que se produjeran otras explosiones», relató Kim, precisando que los bomberos combatieron las llamas con «arena seca».
Decenas de camiones de bomberos estaban estacionados fuera de la planta, constató un periodista de la AFP. Los rescatistas sacaban los cuerpos, recubiertos con sábanas azules.
Imágenes divulgadas por la agencia Yonhap mostraron grandes columnas de humo emergiendo desde la planta arrasada por las llamas.
Advertencias
El presidente surcoreano, Yoon Suk Yeol, pidió a las autoridades «movilizar todo el personal y equipo disponible para concentrarse en la búsqueda y rescate de personas», indicó su despacho.
El mandatario también advirtió a las autoridades que debían «garantizar la seguridad de los bomberos ante la rápida propagación del fuego».
Las autoridades locales recomendaron a los habitantes de Hwaseong quedarse en casa.
«Hay mucho humo debido a incendios en una fábrica. Por favor, preste atención a la seguridad, en particular absteniéndose de salir», dijo un mensaje de alerta enviado por SMS.
«Incendio en una fábrica. Por favor, desvíense por las carreteras vecinas y se ruega a los vecinos que cierren las ventanas», rezó otro.
Corea del Sur es un importante productor de baterías, incluidas las de vehículos eléctricos.
Las baterías de litio se usan en todo tipo de sectores, como por ejemplo para los vehículos eléctricos o las computadoras portátiles.
Este incendio es una de las peores catástrofes industriales registradas en el país desde hace años.
En 1989, un accidente en una planta de productos químicos en Yeosu, en la provincia de Jeolla del Sur, causó 16 muertos y 17 heridos. En 2020, 38 personas fallecieron en un incendio en un almacén en Icheon, en el sur de Seúl.
Cilia Flores, esposa del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, solicitó a la justicia de Estados Unidos que le permita continuar el proceso judicial en su contra bajo arresto domiciliario, debido a problemas cardíacos que, según su defensa, requieren atención médica especializada.
Flores, de 69 años, se encuentra detenida en una prisión federal de Brooklyn, Nueva York, donde permanece desde el 3 de enero, cuando fue capturada junto a Maduro durante un operativo estadounidense en Caracas.
Antes de su captura, Flores «estaba físicamente sana y no tomaba ningún medicamento de forma continua, salvo una inyección mensual», aseguró su abogado Mark Donnelly en un documento fechado el miércoles.
Sin embargo, de acuerdo con su defensa, actualmente toma cuatro medicamentos y presenta problemas cardíacos que requieren una exploración coronaria y una intervención.
Ante esta situación, el abogado solicitó que Flores sea trasladada a una residencia privada en Estados Unidos, donde cumpliría un régimen de arresto domiciliario bajo condiciones estrictas. La propuesta contempla vigilancia armada las 24 horas, el uso de un brazalete electrónico y la confiscación de su pasaporte.
El pedido también señala que las condiciones de reclusión actuales no le permiten recibir la atención que necesita para atender sus problemas de salud.
El exmandatario venezolano y su esposa están procesados en Estados Unidos y acusados de haber ayudado a traficar cocaína hacia ese país, cargos que ambos niegan.
Hace una semana, Maduro solicitó desestimar los cargos en su contra y apeló a su inmunidad como jefe de Estado para argumentar que el tribunal de Nueva York que lleva su caso y el de Flores no es competente.
Desde que Maduro fue depuesto, su exvicepresidenta Delcy Rodríguez gobierna Venezuela de manera interina, bajo fuerte presión de Washington.
Cientos de personas continúan durmiendo en calles, carpas o albergues en Pereira, Colombia, un mes después del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto, que dejó más de 330 personas fallecidas y provocó el derrumbe de miles de edificios.
Fanery Andrade, una vendedora ambulante de 41 años, permanece junto a su familia en una carpa instalada en un parque, después de que su vivienda quedara reducida a escombros. La mujer espera recibir las ayudas anunciadas por el Gobierno.
«Aún estamos acá porque está difícil los arriendos, hemos mirado, son costosísimos, los subieron por las nubes», relató Andrade a la AFP.
El terremoto, que golpeó el occidente de Colombia, también derribó colegios, hospitales y miles de edificios. Las pérdidas económicas fueron estimadas en $9,500 millones y las labores de reconstrucción tomarán años.
Andrade recordó que logró salir de su vivienda poco antes de que esta se derrumbara, a pocos metros del parque donde actualmente permanece. «Uno duerme todavía con susto», aseguró mientras señalaba los restos de su casa.
La mujer tuvo la posibilidad de trasladarse a un albergue, pero decidió permanecer cerca de seis familias vecinas que también instalaron sus carpas en el lugar. «Entre todos nos colaboramos», expresó.
Andrade, quien padece anemia y otras patologías, también busca recuperar su pequeño puesto de frituras y conseguir nuevamente una vivienda. «Una casita» es uno de sus principales anhelos.
El presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió el cargo tres días antes del terremoto, anunció subsidios de $285 mensuales para el alquiler durante tres meses destinados a las personas afectadas. Sin embargo, varios damnificados consultados por la AFP afirmaron que todavía no habían recibido la ayuda gubernamental.
Entre quienes buscan salir adelante se encuentra Francia Elena Vásquez, quien perdió su tienda familiar de velas aromáticas y utensilios desechables, negocio en el que trabajó durante 28 años.
Tras perder el establecimiento, Vásquez retomó sus actividades comerciales en un espacio prestado dentro de un estacionamiento. «Gracias a la comunidad, a la gente, (…) nos ha ido bien», relató la comerciante.
De acuerdo con la entidad de atención de desastres, el terremoto dejó más de 36,300 viviendas destruidas.
Otro de los afectados es Matías Vélez, un auxiliar de enfermería de 36 años que resultó herido durante el terremoto. Tras el colapso de su apartamento, se trasladó a vivir con sus padres mientras se recupera y retoma sus actividades laborales.
«Nos toca empezar de cero», afirmó Vélez.
La Policía de Guatemala capturó este miércoles a siete integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13), quienes son señalados de estar involucrados en el asesinato de 17 personas cuyos cuerpos fueron abandonados en zonas boscosas entre 2025 y 2026.
De acuerdo con la Policía, los cuerpos fueron encontrados envueltos en sábanas o bolsas plásticas y abandonados en cuatro distintos escenarios. Las autoridades vinculan estos hechos con la rivalidad entre pandillas.
Los detenidos fueron capturados en una colonia ubicada en la periferia oeste de la capital guatemalteca, un sector controlado por grupos criminales. Los sospechosos son acusados de los delitos de asociación ilícita, terrorismo, secuestro y asesinato. Entre los capturados se encuentra una mujer, quien enfrenta cargos por asociación ilícita.
Según la investigación, los detenidos también estarían relacionados con el abandono de ocho cuerpos en octubre pasado. Estos fueron encontrados envueltos en bolsas plásticas debajo de un puente de una carretera ubicada al este de la capital.
El hallazgo ocurrió el mismo día en que Marco Antonio Villeda asumió como ministro de Gobernación de Guatemala, luego de la destitución de su antecesor, Francisco Jiménez, en medio de una crisis política provocada por la fuga de 20 cabecillas de la pandilla Barrio 18 de una cárcel.
De los 20 pandilleros que escaparon, ocho han sido recapturados y uno fue localizado sin vida.
La MS-13 y el Barrio 18 son señalados como los principales grupos vinculados con la violencia criminal en Guatemala. Ambos son considerados organizaciones «terroristas» por Guatemala y Estados Unidos.
Según cifras oficiales, Guatemala cerró el año pasado con una tasa de homicidios de 17.3 por cada 100,000 habitantes, más del doble del promedio mundial.
