Internacionales
Adolescentes centroamericanos y mexicanos revelan abuso de torturas en refugios de EE.UU.
Muchos adolescentes de México y Centroamérica que en años recientes han llegado como refugiados a Estados Unidos han sido víctimas de castigos que rayan en la tortura en un reformatorio al que suelen ser enviados algunos de los menores no acompañados mque son detenidos en la frontera, quienes en lugar de ser protegidos son encarcelados debido a las políticas impuestas por la administración del presidente Donald Trump.
En espera de que los casos de asilo de los menores no acompañados sean resueltos en corte, las autoridades de inmigración entregan la custodia de muchos de ellos a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados ( ORR), entidad del gobierno federal que depende del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).
Los menores transferidos a la ORR son colocados en albergues o casas de crianza ‘foster care’, pero algunos otros en la etapa de la adolescencia son enviados a cárceles juveniles con las que el gobierno acuerda su encierro.
Uno de esos reformatorios es el Shenandoah Valley Juvenile Center, ubicado en el estado de Virginia, donde se reveló el maltrato físico y psicológico que sufrieron varios adolescentes citados en una demanda judicial.
Los testimonios inscritos en los documentos de la corte describen el castigo al que eran sometidos y refieren los insultos que constantemente recibían los jóvenes inmigrantes, tanto de los otros internos estadounidenses como del propio personal del centro carcelario.
Al estilo de la mafia
Uno de los adolescentes refugiados relata que en una ocasión se agarró a trompadas con un muchacho americano porque ya estaba cansado de que lo llamaran “pendejo” y “onion head”, los guardias del lugar lo amarraron a una silla, le cubrieron la cabeza con una bolsa y empezaron a golpearlo.
El castigo aplicado al estilo de la mafia lo recibió en cinco ocasiones, según cuenta el joven, además de que también eran sancionados con encierro en solitario y desnudos cuando no participaban en las clases o por golpear las paredes con el balón cuando jugaban futbol o si se quejaban de alguna dolencia o malestar físico.
Los relatos de varios jóvenes refugiados citados en la demanda describen escenarios similares sobre el castigo que padecían cuando eran inmovilizados en una silla y con una bolsa en la cabeza que por momentos los asfixiaba.
La acusación por uso excesivo de la fuerza en contra del reformatorio juvenil fue presentada en 2017, pero fue hasta julio de 2019, después de un largo proceso judicial en el que se escucharon los testimonios y se presentaron las pruebas, la demanda fue desechada por la jueza Elizabeth Dillon del Tribunal Federal de Distrito en Virginia.
Protección, no castigo
Abogados del Washington Lawyers’ Committee for Civil Rights and Urban Affairs que representan a los demandantes han llevado el caso a una corte de apelaciones, donde está en revisión, para que el caso pueda ser admitido y tratar de evitar que más adolescentes que llegan al país en busca de protección como refugiados sigan siendo encarcelados en correccionales para delincuentes juveniles y expuestos al abuso.
La petición de los demandantes tuvo la semana pasada el apoyo de grandes aliados cuando un grupo de más de 50 fiscales y reconocidos abogados de todo el país enviaron una opinión a los magistrados para que las acusaciones sean llevadas a juicio, al considerar que los jóvenes inmigrantes no habían cometido delito alguno para ser enviados al reformatorio.
“El propósito de la detención es para protegerlos, no para castigarlos“, señalan los fiscales en el documento enviado al tribunal de apelaciones para expresar su preocupación por el trato que reciben los inmigrantes que buscan asilo, que en este caso incluye abuso físico y confinamiento solitario.
Internacionales
Guatemalteco recibe 30 años de cárcel por su papel en la tragedia de 53 migrantes en Texas
Un tribunal federal de Estados Unidos condenó a 30 años de prisión al guatemalteco Rigoberto Ramón Miranda Orozco por su participación en la operación de tráfico de migrantes que terminó con 53 muertos en San Antonio, Texas, en junio de 2022. La sentencia fue dictada este martes 20 de octubre por el juez Orlando García.
Miranda Orozco admitió haber organizado el viaje y alojamiento de tres personas que terminaron en el camión: dos fallecieron y una sufrió lesiones graves. Fue detenido en Guatemala en 2024 y extraditado a Estados Unidos en 2025. Posteriormente se declaró culpable de cargos relacionados con el ingreso irregular de migrantes con resultado de muerte y lesiones.
La tragedia ocurrió el 27 de junio de 2022, cuando un remolque con migrantes fue abandonado en una carretera de San Antonio. Según las autoridades, el sistema de aire acondicionado falló durante el recorrido desde Laredo. Dentro del vehículo murieron 48 personas y otras cinco fallecieron después en hospitales. Los traficantes cobraban hasta 15,000 dólares por persona para realizar el traslado.
El proceso también ha derivado en condenas contra otros integrantes de la red. Felipe Orduna Torres, identificado por los fiscales como uno de sus líderes en Estados Unidos, recibió prisión perpetua, mientras Armando González Ortega fue sentenciado a 83 años. Otros involucrados, incluido el conductor del camión, permanecían pendientes de sentencia, de acuerdo con los reportes consultados.
Internacionales
Ébola en RD del Congo: más de 9,400 casos y 4,500 muertes mientras el brote se extiende
La República Democrática del Congo acumulaba 9,415 casos de ébola y 4,536 fallecimientos al 16 de octubre, según el balance recogido por Reuters. Las cifras actualizan los más de 9,000 casos y 4,300 decesos mencionados en reportes anteriores y reflejan la gravedad del brote detectado en mayo de 2026.
La epidemia se extendió a una octava provincia, Ubangi del Norte, donde el Instituto Nacional de Investigación Biomédica confirmó dos casos, uno de ellos mortal. Su ubicación fronteriza con la República Centroafricana añade dificultades a la vigilancia sanitaria. Ituri continúa como el principal foco de transmisión dentro del territorio congoleño.
El brote es causado por el virus Bundibugyo, para el que no existen vacunas ni tratamientos específicos aprobados, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). La transmisión ocurre mediante contacto directo con sangre u otros fluidos corporales de personas infectadas, así como con materiales contaminados. La atención temprana y los cuidados de soporte pueden mejorar las posibilidades de supervivencia.
La respuesta sanitaria enfrenta dificultades para detectar rápidamente a los pacientes y dar seguimiento a sus contactos. La OMS advierte que las muertes fuera de los centros de tratamiento reflejan retrasos en el acceso a la atención. El control del brote requiere aislamiento y cuidado de los enfermos, protección del personal sanitario, entierros seguros y colaboración con las comunidades.
Héctor Manuel Serrano, de 67 años, fue asesinado por desconocidos armados con machetes en la comunidad de Ciora, municipio de Florida, departamento de Copán, en el occidente de Honduras. Según el reporte de HCH publicado este martes 20 de octubre, los atacantes ingresaron a la vivienda del adulto mayor.
La información preliminar señala que Serrano intentó escapar, pero fue alcanzado por sus agresores. El ataque terminó en una calle de la comunidad, donde quedó su cuerpo con heridas mortales provocadas por arma blanca.
Familiares identificaron a la víctima y confirmaron que era originaria y residente de Ciora. La publicación consultada no precisa cuántas personas participaron en el crimen ni establece si el hombre había recibido amenazas anteriormente.
Hasta la actualización del reporte, no se habían divulgado el posible móvil del asesinato ni las identidades de los responsables. Tampoco se informaba sobre capturas relacionadas con el caso, por lo que las circunstancias del ataque permanecían sin esclarecer.
