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Acusan a cuatro hombres por operación que dejó 53 migrantes muertos en EE. UU.

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Foto: AFP

Cuatro hombres fueron acusados en conexión con la operación de contrabando que dejó 53 migrantes muertos en junio, luego de ser abandonados dentro de un remolque en Texas bajo temperaturas infernales, en una tragedia que conmocionó a la región.

Homero Zamorano y Christian Martínez, ambos de Texas, fueron acusados el miércoles por un jurado federal de varios cargos por contravenir las leyes migratorias de Estados Unidos, entre ellos conspiración para transportar extranjeros con resultado de muerte, informó el Departamento de Justicia en un comunicado. 

De ser declarados culpables, Zamorano, de 46 años, y Martínez, de 28, podrían ser sentenciados a la pena de muerte o cadena perpetua.

En paralelo, los mexicanos Juan Claudio D’Luna-Mendez y Juan Francisco D’Luna-Bilbao fueron acusados por posesión de armas y presencia irregular en Estados Unidos. 

Los hombres de 23 y 48 años fueron conectados al caso por vivir en la dirección a la cual pertenecía la placa de registro del remolque en el que fueron hallado los migrantes, informó el Departamento de Justicia. 

Arriesgan una pena de hasta 10 años de cárcel. 

Los cuatro hombres fueron detenidos inmediatamente después de que se hallara el remolque con los migrantes en San Antonio, bajo sospecha de haber participado en tráfico.

La noche del 27 de junio, oficiales del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dieron con el camión estacionado en el suroeste de San Antonio tras recibir llamadas de alerta de la comunidad. 

Los socorristas retiraron 46 cadáveres y 16 personas conscientes que fueron trasladadas a hospitales cercanos.

Después de pasar un día bajo temperaturas de hasta 40ºC, las personas encerradas en el camión sufrieron hipertermia y deshidratación aguda. 

La trágica operación de contrabando dejó 53 fallecidos, incluyendo tres menores de edad, y 11 hospitalizados. Los migrantes eran originarios en su mayoría de México, además de Honduras, Guatemala y El Salvador.

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Reo de alta peligrosidad sale de cárcel Los Jocotes con un guardia para ir a concierto en Feria de Chiquimula

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Byron Efraín Ruiz Roque, privado de libertad catalogado de alta peligrosidad y señalado por actividades de sicariato vinculado a la banda “Los Famosos Cheguen’s Chiquimultecos”, salió del Centro de Detención Preventiva Los Jocotes, en Zacapa, el 13 de agosto de 2026. Fue captado en el Estadio Las Victorias de Chiquimula disfrutando del concierto de la banda mexicana Los Dos de Tamaulipas durante la Feria departamental, junto a un guardia penitenciario identificado extraoficialmente como Pablo (o Pablo Azurdia). También habría asistido a un desfile hípico. Fotos y videos del momento se viralizaron rápidamente en redes sociales.

El Sistema Penitenciario confirmó el incidente el 17 de agosto mediante un comunicado oficial. Presentó denuncias penales ante el Ministerio Público contra guardias y autoridades del centro por posible participación o complicidad, inició acciones administrativas y reiteró su política de “cero tolerancia” a la corrupción. Como medida inmediata, trasladó a Ruiz Roque al Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, en la capital, donde permanece aislado mientras avanza la investigación.

Este caso expone graves fallas de control en el sistema carcelario guatemalteco. Fuentes periodísticas y redes lo describen como un privilegio indebido a un reo peligroso, lo que generó fuertes críticas sobre la seguridad en los centros de detención. El 19 de agosto, en respuesta al escándalo, el SP, la PNC y el Ejército realizaron una requisa masiva en Los Jocotes: decomisaron drogas, objetos punzocortantes, teléfonos, cajetillas y otros ítems ilícitos, y trasladaron al menos 11 privados de libertad a otros centros para desarticular una estructura criminal interna.

El Ministerio Público continúa las diligencias para determinar exactamente cómo se facilitó la salida y quiénes son los responsables. El caso se suma a una serie de irregularidades reportadas en las cárceles del país y mantiene abierta la discusión sobre la necesidad de reformas urgentes en el Sistema Penitenciario.

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FOTOS – VIDEOS | Desmantelan cámaras instaladas por las maras para controlar los movimientos policiales en Guatemala

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El control territorial de las maras o pandillas ha escalado a niveles impensados en Guatemala, donde fueron instaladas cámaras en postes de la vía pública para vigilar los movimientos de las fuerzas policiales.

Este miércoles fueron localizadas cámaras de vigilancia en la vía pública de la aldea Ciudad Quetzal, en San Juan Sacatepéquez, Guatemala.

Las autoridades guatemaltecas desmantelaron los dispositivos, que también eran utilizados para monitorear los movimientos de los residentes de la zona.

Los operativos de las fuerzas de seguridad y militares se desarrollan después de que en el sector fueran capturados cuatro terroristas señalados de estar vinculados con un crimen ocurrido en la ruta a San Raymundo.

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Asesinan a testigo protegido por caso de trata de personas en Roatán

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Este lunes se conoció el asesinato a balazos del abogado y exfuncionario judicial hondureño Dereck McField, ocurrido durante horas de la mañana.

El hecho de violencia se registró en plena vía pública, cuando el jurista regresaba de dejar a su hijo pequeño en la escuela, según reportó el medio hondureño HCH.

La noticia generó gran revuelo luego de que, horas más tarde, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, confirmara que McField era testigo protegido en el caso de Angie Peña, una joven universitaria que desapareció el 1 de enero de 2022 en una isla, mientras paseaba en un jet ski. Se presume que la joven fue vendida a una red de trata de personas con fines de explotación sexual.

Días después de su desaparición, la moto, el chaleco salvavidas y otras pertenencias de Peña fueron encontrados en un cayo de Belice.

Por este caso, cuatro hombres, tres estadounidenses y un hondureño, han sido imputados y permanecen en prisión preventiva mientras el proceso se desarrolla en un juzgado.

Angie Peña lleva seis años desaparecida. Foto: Cortesía

Al inicio del proceso judicial, en 2024, las autoridades confirmaron que «Harold Green le vendió a Angie Peña a William James Murdock por una cantidad de dólares». Además, señalaron que existen «muchas pruebas (de la transacción), vaciados (transcripciones) telefónicos, videos, fotografías, testimonios», según declaró a la AFP el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora.

Desde entonces, se han realizado allanamientos para localizar a Peña, pero «no se ha encontrado» y las autoridades «esperan que esté viva».

Los tres ciudadanos estadounidenses vinculados al caso viven en Honduras y tienen inversiones turísticas en Roatán.

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