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Mandatario salvadoreño asegura no permitirá reformas al aborto, matrimonios entre el mismo sexo y eutanasias
El mandatario asegura que las reformas a la Constitución que propondrá a la Asamblea Legislativa garantizarán derechos al agua, al aire limpio, a la educación de calidad, a la salud, a la vivienda, al acceso a internet, a la inclusión financiera, a créditos sin usura, a la seguridad, a la alimentación., a un salario justo y a una pensión digna.
El presidente de la República, Nayib Bukele, recibió de manos del vicepresidente Félix Ulloa un pliego de propuestas de reformas a la Constitución de El Salvador el pasado miércoles 15 de septiembre por la noche, luego de las celebraciones por el aniversario 200 de la Independencia salvadoreña. Bukele, en un mensaje escrito en redes sociales este viernes 17, aclaró que en las reformas que él propondrá a la Asamblea Legislativa no se incluirá ninguna que avale o deje puertas abiertas para que en el país se despenalice el aborto, ni las eutanasias, ni tampoco los matrimonios entre personas del mismo sexo.
«La oposición le tiene tanto miedo a una reforma constitucional que desmonte el sistema de privilegios del que siempre han gozado, que se ha encargado de esparcir rumores y una campaña sucia de que la intención es ‘aprobar el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la eutanasia’. Nada más alejado de la realidad», escribió el presidente.
Bukele dijo: «Ustedes me conocen desde hace muchos años y saben que no propondría ninguna de esas cosas, por más presiones internacionales que tenga».
Por ello, el mandatario aclaró que, si bien la propuesta original entregada por el vicepresidente Ulloa no incluye y ni siquiera menciona esos tres temas, tomó la decisión de «no proponer ningún tipo de reforma a ningún artículo que tenga que ver con el derecho a la vida (desde el momento de la concepción), con el matrimonio (manteniendo únicamente el diseño original, un hombre y una mujer) o con la eutanasia».
Bukele aseguró que las reformas a la Constitución que propondrá a la Asamblea Legislativa garantizarán derechos «al agua, al aire limpio, a la educación de calidad, a la salud, a la vivienda, al acceso a internet, a la inclusión financiera, a créditos sin usura, a la seguridad, a la alimentación., a un salario justo y a una pensión digna».
Asimismo, dijo que las nuevas reformas constitucionales obligarán a cualquier gobierno futuro «a invertir en salud, educación, acceso a la tecnología, que proteja el medio ambiente, que limpie y mantenga limpios nuestros ríos y playas y a que no puedan destruir lo que queda de nuestros bosques».
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Avanzan en levantamiento de información para ejecutar Plan Maestro La Bretaña, en San Martín
El Ministerio de Vivienda informó que equipos técnicos y sociales, con acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), realizan el levantamiento de información para la elaboración del Plan Maestro La Bretaña, en el distrito de San Martín, en San Salvador Este.
De acuerdo con la titular de la institución, Michelle Sol, el proceso incluye un censo comunitario y de vivienda mediante formularios georreferenciados que permitirán recopilar datos clave para la planificación del territorio.
El levantamiento de información se desarrolla en tres niveles:
– Hogar: se evalúan condiciones de habitabilidad y el acceso a servicios básicos.
– Manzana: se analiza la infraestructura urbana, equipamientos y espacios públicos disponibles.
– Asentamiento: se revisan aspectos como conectividad, riesgos y cobertura de servicios.
Las autoridades señalaron que estos datos permitirán priorizar futuras intervenciones para fortalecer el desarrollo urbano, con un enfoque más ordenado, resiliente y sostenible para las comunidades del sector.
Además, el Sistema de Vivienda destacó que en la zona ya se han impulsado diferentes acciones, entre ellas la construcción de un proyecto de apartamentos, procesos de legalización de comunidades y la edificación de viviendas, como parte de los esfuerzos para mejorar las condiciones habitacionales de las familias.
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Sala de lo Constitucional fija criterios legales y éticos para el uso de inteligencia artificial en instituciones públicas y tribunales
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitió una resolución que fija criterios éticos y legales para el uso de la inteligencia artificial generativa en instituciones públicas y en el sistema judicial.
La decisión se adoptó el 13 de marzo de 2026 dentro del proceso de inconstitucionalidad 57-2025. El caso surgió después de que ciudadanos utilizaron inteligencia artificial para redactar una demanda.
Ante esa situación, el tribunal analizó el alcance del uso de esta tecnología. Además, explicó qué se entiende por inteligencia artificial, cuáles son sus tipos y cómo funciona.
Análisis de la relación entre inteligencia artificial y derechos fundamentales
Durante el proceso, la Sala revisó normas nacionales e internacionales sobre el desarrollo y uso de inteligencia artificial.
El tribunal también examinó cómo estas herramientas interactúan con los derechos fundamentales de las personas.
Según la resolución, la inteligencia artificial puede ofrecer beneficios en la gestión pública. Sin embargo, también puede generar riesgos si no existen controles adecuados.
Por ello, la Sala subrayó la necesidad de aplicar criterios éticos y jurídicos en su implementación.
Uso de inteligencia artificial en la administración pública
La resolución indicó que la inteligencia artificial puede agilizar trámites, mejorar la eficiencia institucional y apoyar la gestión pública.
No obstante, el tribunal advirtió que el uso de sistemas automatizados debe evitar riesgos como la discriminación algorítmica causada por sesgos en los sistemas.
Por esa razón, las instituciones deben aplicar controles que garanticen transparencia y respeto a los derechos ciudadanos.
Límites al uso de IA en la administración de justicia
En el ámbito judicial, la Sala señaló que toda persona tiene derecho a un juez humano y a un procurador humano.
Por lo tanto, el uso de inteligencia artificial en tribunales debe mantenerse bajo supervisión humana obligatoria.
El tribunal estableció varios principios para el uso responsable de esta tecnología. Entre ellos destacan transparencia, responsabilidad, privacidad, control humano y prevención de riesgos.
Además, incluyó criterios de igualdad, verificación, ética, buenas prácticas y adaptación constante.
Con esta resolución, la Sala busca equilibrar el avance tecnológico con las obligaciones del Estado y la protección de los derechos de los ciudadanos.
La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, no ha tardado en expresarse de las nuevas reformas aprobada en la Asamblea Legislativa en la que se permite cadena perpetua a pandilleros, asesinos y violadores.
Ortiz reiteró que el aumento de años a una condena no da justicia a las víctimas.
Además cree que está reforma puede traer «problemas» para las personas que son procesadas por tres delitos mencionados anteriormente.
Claudia Ortiz fue la única que votó en contra de la reforma al artículo 27 para condenar a cadena perpetua a pandilleros, violadores y asesinos.
