Judicial
Juez de sentencia: Jesús Ulises García favorece ilegalmente al vinculado con mafia ítalo-canadiense y al exalcalde Héctor Silva
El juez 5.º de Sentencia, Jesús Ulises García decidió librar de cargos a Matteo Pasquale, relacionado con la mafia ítalo-canadiense, favoreciéndolo en contra de la ley.
Este mismo juez fue quien previamente en el año 2014, giró orden de detención y libró oficio a Interpol contra el canadiense Matteo Pasquale, quien ha evadido todos estos años la justicia; y ahora este mismo juez lo absuelve sin realizar ninguna audiencia.
¿A qué obedece este cambio de decisión de este juez, quien en contra de la ley, favorece al socio de Héctor Silva, razón por la cual se le denunciará por el delito de prevaricato?
El abogado Sergio Portillo Toruño hizo llegar a este medio, información en la que se hace constar que el juez Jesús Ulises García del Tribunal 5º de Sentencia de San Salvador decidió exonerar de toda responsabilidad penal ilegalmente al canadiense Matteo Pasquale, a quien en el pasado un informe periodístico publicado por El Diario de Hoy lo vinculó con integrantes de la mafia ítalo-canadiense, socios en la empresa canadiense CINTEC, compañía que realizó millonarios negocios con el ex alcalde de San Salvador, Héctor Silva.
De acuerdo el abogado, el acusado fue citado por el Tribunal Quinto de Sentencia para ser intimado de la acusación promovida en su contra quien desde diciembre 2014 ha estado evadiendo la justicia, argumentando que no podía comparecer porque tenía otras órdenes de captura.
Como consecuencia de no comparecer al citatorio, el Tribunal le emitió orden de detención y desde entonces manifiesta el abogado Portillo Toruño, se ha intentado que se materialice su captura para que pudiera venir a rendir cuentas a la justicia, inclusive se giraron oficios por la que INTERPOL llegó a librar una alerta roja, habiéndoles ubicado en Canadá.
Durante ese tiempo, el abogado defensor de Matteo Pasquale brindó información falsa a la Sala de lo Constitucional, con tal de obtener el levantamiento de la orden de captura, pues por un lado al Tribunal de la causa le manifestaba que no era necesario citar al acusado y al Tribunal Constitucional le exponía lo contrario; aunque finalmente, se declaró sin lugar su petición de hábeas corpus.
Se trata del abogado René Medrano, quien también se encuentra defendiendo a su pariente y exdirector General de Tránsito, Edwin Flores, procesado en el caso de corrupción denominado “SITRAMSS” fraguado durante el Gobierno del FMLN. El exdirector de Tránsito guarda prisión preventiva a la fecha por esa acusación.
Lo que ahora denuncia Portillo Toruño, es que el juez de Sentencia favorece al acusado al cerrar intempestivamente el juicio, manifestando que han transcurrido más de 7 años sin que se haya podido celebrar audiencia, haciendo responsable a la víctima de no darle continuidad al proceso, cuando a todas luces ha sido el imputado quien ha evadido comparecer al juicio.
“No es posible que siga habiendo esta clase de impunidad y que personas que han estado asociados con organizaciones criminales puedan evitar ser llevados ante la justicia, por manipulaciones y argucias”, reprochó Portillo Toruño, quien además añadió que presentará una denuncia contra el juez 5.º de Sentencia, Jesús Ulises García por el delito de prevaricato.
“Hago público este caso para que se siga poniendo en observación el trabajo de los jueces, porque no es posible que todos los buenos cambios promovidos por el presidente de la República y los diputados para que hoy tengamos un sistema de justicia honesto y transparente, choque con la realidad de oscuros intereses de personas vinculadas con la mafia y a Héctor Silva”, cerró diciendo.
Obed Abraham Ruiz Campos fue condenado a 23 años de prisión por los delitos de suicidio feminicida por inducción o ayuda y violación agravada en perjuicio de una mujer en La Libertad. La sentencia fue emitida por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República, los hechos ocurrieron el 10 de diciembre de 2024 en una vivienda ubicada en Lourdes, Colón, La Libertad Oeste. El ministerio público estableció que la víctima y el imputado mantenían una relación de pareja marcada por episodios de violencia psicológica, emocional y física.
La investigación también determinó que, en reiteradas ocasiones, Ruiz Campos coaccionó a la víctima mediante amenazas cuando consumía bebidas alcohólicas, llegando incluso a utilizar un arma blanca para obligarla a ingerir alcohol.
Según la Fiscalía, el día de los hechos el condenado consumió bebidas alcohólicas y forzó a la mujer a beber hasta que perdió el conocimiento. Posteriormente, habría abusado sexualmente de ella.
Las investigaciones señalan que la víctima presentó convulsiones y sangrado en diferentes partes del cuerpo. La Fiscalía indicó que el imputado abandonó el lugar y dejó el cuerpo durante un día. Posteriormente, presuntamente intentó alterar la escena al cambiar y lavar la ropa de la víctima antes de informar a las autoridades que la había encontrado sin vida.
Al llegar al inmueble, las autoridades observaron indicios de limpieza reciente y encontraron el cuerpo con señales de violencia física.
Durante el juicio, un informe forense concluyó que la causa de muerte fue una intoxicación alcohólica aguda. Asimismo, otras pericias determinaron la existencia de lesiones genitales compatibles con abuso sexual.
La Fiscalía presentó pruebas relacionadas con el vínculo entre el imputado y la víctima, los antecedentes de violencia y el contexto de coacción constante al que, según la investigación, fue sometida la mujer. Con base en estos elementos, la jueza impuso una pena de siete años de prisión por suicidio feminicida por inducción o ayuda y 16 años por violación agravada.
Las estrategias de seguridad impulsadas por el Gobierno continúan produciendo resultados positivos a corto plazo con la ventilación de los procesos judiciales contra los cabecillas de los grupos criminales que por años sembraron terror y creyeron tener el control del país.
Este lunes continuó la audiencia única abierta contra 485 cabecillas de la MS-13 con la participación de la representación fiscal en los alegatos finales en un proceso amplio debido a la cantidad de acusaciones contra los involucrados.
«Estos alegatos, por tratarse de un caso bastante complejo y por la cantidad de las imputaciones que superan las 47,400, se han dividido, empezando primero a explicar la teoría para responsabilizar a todos estos cabecillas de la Mara Salvatrucha, que es la autoría de los aparatos organizados de poder», explicó el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz.
Muñoz agregó que, en la evolución que tuvieron estos grupos criminales lograron extenderse con el paso del tiempo hasta abarcar sus operaciones criminales en todo el territorio. “En su evolución, fueron formándose las clicas territoriales, pero posteriormente fue creciendo tanto la organización criminal, a lo largo de los años, que surgieron los programas, que es la unión de varias clicas y está conformada por 32 programas a nivel nacional”, ahondó.
A partir de ello, dijo, hay más de 230 causas abiertas en contra de esta organización criminal, que son las detenciones que se han realizado en el marco del régimen de excepción. En los alegatos, se planteará el desarrollo de esta organización criminal, empezando por la ranfla histórica, pasando por los ranfleros en los penales que tuvieron poder durante la época de la tregua 2012-2015.
“Obviamente, pues estando en una supuesta tregua con el gobierno, pues en las cárceles prácticamente no había controles”, indicó el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado.
La ranfla histórica estaba conformada por 24 miembros. Entre ellos, había dos personas muy influyentes: El Diablito de Hollywood y El 13 de Teclas. Estas dos personas eran las más influyentes de la ranfla, pero tenían grandes diferencias”, agregó el fiscal.
A los pandilleros se les atribuye el uso de niños para movilizar la droga, cobrar la extorsión, mover las armas de fuego para evitar cualquier tipo de sospecha por parte de la policía en esos momentos.
Kevin Enrique Henríquez Laínez deberá permanecer en detención por orden del Juzgado Décimo de Paz, luego de ser procesado por el delito de tráfico ilícito, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la acusación fiscal, el imputado fue capturado el 21 de mayo de 2026 por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) durante un patrullaje realizado en la 49.ª Avenida Sur y Pasaje Los Héroes, en San Salvador.
Según el acta policial, los agentes observaron que Henríquez Laínez conducía una motocicleta de forma indebida y que, al notar la presencia policial, realizó maniobras en zigzag con el aparente propósito de evadirlos.
Tras ordenarle que detuviera la marcha para efectuar un registro, los policías encontraron cuatro porciones medianas de marihuana dentro de bolsas plásticas transparentes ocultas bajo el asiento de la motocicleta. Además, le decomisaron $210 en efectivo.
La Fiscalía sostiene que el imputado presuntamente se dedicaba a la venta de droga en San Salvador, por lo que fue acusado del delito de tráfico ilícito, contemplado en la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, en perjuicio de la salud pública.
Una prueba de campo realizada por expertos antinarcóticos determinó que la sustancia incautada correspondía a 38.8 gramos de marihuana.
Al concluir la audiencia inicial, la jueza resolvió que los indicios presentados permitían establecer la existencia del delito y la probable participación de Henríquez Laínez, por lo que ordenó que continúe en detención mientras avanza el proceso penal.
