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Exitosa estrategia de seguridad del Gobierno logra que cinco meses de 2022 sean los más seguros en la historia del país
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El Gobierno del Presidente Nayib Bukele ha logrado lo impensable, que en cinco meses de lo que va de este año 2022 haya una notable y sostenida reducción de homicidios y otros delitos de alto impacto, los que los convierte en los más seguros en la historia del país.
Los meses en los que más días sin homicidios ha habido en este 2022 son: abril, mayo, junio, julio y lo que va de agosto.
El 20 de junio del 2019 el Jefe de Estado puso en marcha el Plan Control Territorial y, en poco tiempo, sacó al país de la lista de los más violentos del mundo, ubicándolo como uno de los más seguros.
El 27 de marzo, luego de la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa, a solicitud del Mandatario, el Gobierno implementó el régimen de excepción para desarticular definitivamente a las pandillas causantes de la mayoría de los asesinatos y otros graves crímenes.
Fue en abril de 2022 cuando se alcanzaron, por primera vez, 13 días sin homicidios a escala nacional, de estos, seis fueron consecutivos.
La estrategia de seguridad se fortaleció y en mayo se tuvieron 17 días sin asesinatos, posteriormente, junio tuvo 15 días sin homicidios, mientras que en julio hubo 21 sin muertes violentas en todo el país.
En lo que va de agosto ya suman 15 días sin homicidios, de estos, 10 consecutivos y 180 en lo que va de la gestión del Presidente Nayib Bukele.
Esa efectividad, en la reducción de los homicidios, ha hecho que el 91 % de la población esté de acuerdo con las acciones ejecutadas en contra de los grupos criminales por parte del Gobierno e, incluso, a que se apliquen medidas más duras contra los pandilleros.
Con estos resultados, el Gobierno del Presidente Nayib Bukele está cambiando el rostro de El Salvador ante el mundo, incrementando el turismo local y la cantidad de visitantes extranjeros, aumentando la inversión y motivando un mayor crecimiento del comercio y de la economía nacional. Muestra de esto último es que el año pasado el Producto Interno Bruto (PIB) creció 10.3 %, algo nunca visto en el país.
El Juzgado Décimo de Paz de San Salvador, resolvió que Carlos Roberto Ramírez Navas y Cristian Edgardo González Damián, sigan en la cárcel por administración fraudulenta de $1,304,455.48, en perjuicio de una sociedad dedicada al transporte de carga.
El primero era ejecutivo de clientes y el otro imputado fungía como contador, según la investigación fiscal las irregularidades fueron detectadas en los montos reportados en planillas y los efectivos pagados a los empleados, identificándose excedentes de dinero.
Hubo múltiples transferencias de fondos a favor de personas que no correspondían a empleados o proveedores. Entre las transferencias realizadas a favor de Carlos Ramírez se identificó un monto de $364,599.08 en el 2023, mientras que a favor de Cristian González fueron $82,779.69 en 2025.
Manuel de Jesús Paredes Rivera fue condenado a 50 años de cárcel por asesinar a una mujer en el barrio El Calvario, de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán.
La condena se la impuso el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador al calificar el hecho como un feminicidio agravado.
El crimen ocurrió en febrero de 2025, cuando el cuerpo de la víctima fue encontrado con múltiples lesiones, un día antes testigos informaron a las autoridades que el imputado había agredido a la mujer.
Mencionaron que había forcejeado con ella cuando llegó a ingerir bebidas alcohólicas, tras el altercado se fueron del lugar y no volvieron. La autopsia determinó que había sido asfixiada y que además tenía un golpe en la cabeza.
El informe forense detalló que el cuerpo de la víctima tenía lesiones al intentar defenderse, en una mano descubrieron ADN que coincidía con el de Paredes Rivera. Hubo además testigos quienes declararon sobre lo ocurrido.
El Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador, procesó en audiencia única abierta a 40 terroristas de seis estructuras territoriales de la facción sureña de la pandilla 18, que por años estuvo delinquiendo en la zona sur de San Salvador.
Según la acusación dependían de un mando criminal arraigado en San Marcos y que se extendió hasta varias colonias de Santiago Texacuangos, delinquían en las colonias San Rafael, El Tránsito, Santa Isabel y otras.
La Fiscalía General de la República acusa a todos los pandilleros por el delito de agrupaciones ilícitas por ser miembros activos de esa estructura.
Al exponer los alegatos iniciales, el ministerio público solicitó al tribunal que les aplique la reformada Ley Especial contra el Crimen Organizado que ordena imponer 30 años de cárcel a los integrantes de pandillas.
Todos fueron detenidos en el marco del régimen de excepción que comenzó en El Salvador, el 27 de marzo de 2022, la medida especial permitió a las fuerzas de seguridad incursionar en cantones, barrios y colonias para detener a los pandilleros. Los 40 mareros fueron agrupados en un expediente único y a partir de esta audiencia el proceso queda abierto durante los próximos 24 meses, hasta que sean enjuiciados todos los terroristas incluidos en esta causa penal.
