Judicial
Empresa KALI acusa a director de la basura de la alcaldía de San Salvador, de bloquear información referente a contratación de la Sociedad Gestión Integral de Desechos, S.A, propiedad del señor Salume
En las últimas horas se ha conocido sobre una acusación contra el director y encargado de la recolección de la basura en la alcaldía de San Salvador, Alexander Antonio Suriano, a quien el apoderado legal de la empresa KALI, S.E.M. DE C.V, demanda de impedir y negar información información relacionada con el expediente de contratación del servicio de disposición final de desechos sólidos que finalmente le fue adjudicado a la Sociedad Gestión Integral de Desechos, S.A, propiedad del señor Salume, la cual es fundamental para determinar si ha existido malversación de fondos en esa municipalidad.
La demanda inicia a partir de la denuncia interpuesta por KALI, S.E.M. DE C.V., ante la Sección de Investigación Profesional de la Corte Suprema de Justicia ante la violación de normas éticas y leyes notariales por parte del abogado Luis Elías Botto Zuniga, quien en su calidad de notario, legalizó unas actas notariales que debían ser suscritas por el señor Salume en representación de la empresa Gestión Integral de Desechos, que incluían dos declaraciones juradas que la ofertante no estaba impedida para contratar con la municipalidad y que se comprometía a dar cumplimiento a las bases de contratación; sin embargo las actas no fueron firmadas por el señor Salume y solamente contaban con la firma del notario, quien manifestaba que el otorgante había firmado a su presencia y de forma conjunta.
En el documento se hace constar que pese a que esa circunstancia descalificaba a la empresa Gestión Integral de Desechos, el proceso siguió y finalmente fue adjudicada para recibir todos los desechos sólidos que se producen y recolectan en el municipio de San Salvador; y al presentar recurso, el mismo Ingeniero Suriano, lo declaró inadmisible con lo que no se ha podido profundizar en esa adjudicación con vicios de “oscuridad” por hechos de naturaleza formal, como también ante la inexplicable razón de por qué fue adjudicada una empresa que no cuenta con permisos ambientales, sino que debe sub contratar el servicio con la empresa PULSEM, que administra el Botadero del Puerto de La Libertad, la cual también es propiedad del Señor Salume.
Ante lo que se consideran graves ilegalidades, se han presentado distintas acciones legales, contra la forma que se ha generado esa contratación, entre estas se encuentra una denuncia contra el notario que incumplió al firmar previamente un documento sin contar con la firma del otorgante. Sin embargo, ante la solicitud de la Sección de Investigación Profesional de contar con una certificación de ambas declaraciones, el apoderado de la empresa KALI, lo solicitó ante la Unidad de Acceso a la Información de la municipalidad, más le fue denegada la entrega ya que el Ing. Roberto Suriano, se justifica en que ese documento pretende ser utilizado con la finalidad específica de denunciar a un tercero.
Con lo anterior, el apoderado legal de la empresa KALI afirma que el Ing. Alexander Antonio Suriano, ha impedido a toda costa la verificación del documento que es de carácter público, bloqueando así el derecho a la revisión del mismo y al de ejercer acciones legales por presuntas infracciones administrativas y de otra índole por lo que aseguran que “esto es una grave ilegalidad, y la vamos a denunciar en todas las instancias competentes, ya que no vamos a permitir que se sigan manejando de una forma poco transparente los procesos de contratación que comprometen los fondos municipales”, concluyó.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 43 integrantes de la clica Dalmacia Criminal Locos Salvatruchos a penas de hasta 85 años de prisión por diversos delitos.
De acuerdo con la información del proceso, todos los condenados fueron capturados el 27 de marzo de 2022, cuando inició el régimen de excepción, luego de años de delinquir en Ciudad Dolores y Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas.
El principal cabecilla de la estructura, identificado como Edwin Ricardo Guzmán Segovia, alias «Scrappy», quien ostentaba el rango de corredor, fue sentenciado a un total de 85 años de prisión. La condena comprende 15 años por tenencia ilegal de arma de fuego, 10 años por posesión y tenencia de droga y 60 años por el delito de agrupaciones ilícitas.
Asimismo, el juez impuso condenas de 75 años de prisión a los corredores de clica Carlos Pineda y José Amaya, quienes recibieron 60 años por agrupaciones ilícitas y 15 años por tenencia ilegal de armas.
El tribunal también condenó a otros nueve homeboys, quienes desempeñaban funciones de cabecillas de la célula territorial, a 35 años de prisión. Además, dos chequeos recibieron penas de 40 años, mientras que nueve paros y 20 colaboradores fueron sentenciados a 25 años de cárcel.
Según el proceso judicial, este grupo forma parte de una estructura criminal más amplia que ha comenzado a ser procesada por delitos de crimen organizado mediante una audiencia única abierta, la cual permanecerá activa durante los próximos dos años.
La Ley contra el Crimen Organizado faculta a la Fiscalía General de la República para solicitar al juez de los expedientes únicos el procesamiento de integrantes de estructuras criminales cuando existan suficientes pruebas para instalar la audiencia única.
En el caso de estos 43 imputados, la Fiscalía delimitó las pruebas presentadas para su enjuiciamiento, permitiendo al tribunal aplicar las herramientas legales contempladas en el régimen de excepción, entre ellas la posibilidad de condenar por el delito de agrupaciones ilícitas derivado de su pertenencia a una estructura pandilleril.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de prisión a Mario Rigoberto Pineda Arias por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante del distrito de Mejicanos.
De acuerdo con la resolución judicial, Pineda Arias, identificado como integrante de la pandilla 18, permanece prófugo. Tras declararlo responsable del delito, el tribunal giró una orden de captura en su contra. Las autoridades informaron que otro de los implicados en el caso ya fue condenado y cumple una pena de prisión.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que el 22 de abril de 2019 un grupo de extorsionistas llegó al negocio de la víctima, quien declaró bajo régimen de protección. Los sujetos se identificaron con sus alias y le manifestaron que pertenecían a la pandilla 18, indicándole que a partir de ese momento debía pagar una cuota periódica.
Según la acusación fiscal, los pandilleros afirmaron que controlaban varias colonias de Mejicanos y exigieron al comerciante el pago de 400 dólares. Además, le advirtieron que, si no entregaba el dinero, lo asesinarían junto con sus empleados.
La víctima explicó que no tenía la capacidad económica para pagar esa cantidad, por lo que los extorsionistas redujeron la exigencia a 200 dólares y le informaron que regresarían al día siguiente para retirar el primer pago.
Posteriormente, el comerciante denunció los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones que llevaron a la captura de Mario Rigoberto Pineda Arias. Sin embargo, el imputado recibió inicialmente medidas alternas a la detención y posteriormente se dio a la fuga.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República demostró que Pineda Arias fue quien recibió los 200 dólares entregados por la víctima, siendo ese el único pago realizado. Asimismo, se estableció que el comerciante cerró su negocio por temor, luego de que sus empleados dejaran de asistir a trabajar tras ser amenazados de muerte por los pandilleros si residían en territorios contrarios.
El Juzgado Primero de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con detención provisional contra Silvia Cecilia Orellana, de 41 años, quien es acusada por dos personas de lanzar piedras a los parabrisas de sus vehículos mientras circulaban por distintos puntos de San Salvador. La imputada es procesada por el delito de daños en perjuicio patrimonial.
De acuerdo con la investigación fiscal, Orellana fue detenida el pasado 21 de junio de 2026 en San Salvador, luego de ser denunciada por presentar un comportamiento agresivo.
Según el expediente judicial, el primer hecho ocurrió cerca del puente de la colonia El Bosque, donde la mujer lanzó una piedra que impactó el vehículo de una de las víctimas, provocando rayones en el capó y daños en el parabrisas delantero, el cual quedó astillado.
El segundo caso se registró cuando otra víctima transitaba por la avenida Cuscatancingo, en la intersección con la calle Buenos Aires. En ese lugar, Orellana también lanzó piedras contra el automóvil, ocasionando que el parabrisas delantero quedara totalmente destruido.
Durante la audiencia inicial, el tribunal determinó que los indicios presentados acreditan la existencia del delito y la probable participación de la imputada, por lo que el proceso continuará en la fase de instrucción con la acusada en detención provisional.
