Judicial
Regina Cañas (Tía Bubu): «Yo no aplico en esa frase de que ‘devuelvan lo robado’»
El expresidente de la República, junto a su hijo , Diego, tendrán que restituir al Estado alrededor de $419 mil, lo cual no han podido demostrar su procedencia hasta el momento.
Regina María Cañas se presentó este viernes, al Juzgado 7° de instrucción de San Salvador, donde confesó haber sido parte del encubrimiento del lavado de dinero, en el caso de su exesposo Mauricio Funes Cartagena, a cambio de reducción de su penalidad.
La imputada es actualmente procesada por el delito de «casos especiales de encubrimiento», regulado en el artículo 7, de la Ley Especial Contra el Lavado de Dinero y Activos.
«A ella se le está atribuyendo el haber simulado un contrato con el cual se pretendía dar una cobertura económica a hijo Diego Roberto Funes Cañas, que en el año 2016 fue cuestionado junto a su padre Carlos Mauricio Funes Cartagena, por tener dentro de su patrimonio vehículos que Diego Funes no podía justificar», indicó la fiscal del caso.
Ante esto Regina Cañas junto a Funes simularon un contrato de «préstamo» por $95 mil dólares, para reflejar que de este mismo provenían los fondos de los automóviles incautados.
Cañas, mejor conocida en la televisión como «Tía Bubu», dijo que lo hizo para defender a su hijo y reaccionó a las declaraciones del fiscal Raúl Melara, quien señalo: «Va a ser condenada y también devolverá el dinero al Estado. Estamos haciendo que devuelvan lo robado».
«En su momento lo que yo hice como madre fue defender a mi hijo. (…) No iba a dar declaraciones a la prensa porque el caso tiene de algún modo una reserva, pero estoy viendo tuits que vienen de la Fiscalía General de la República (FGR) donde hablan de que voy a devolver lo robado».
Cañas indica que incluso la FGR en los alegatos, mencionan que no le encontraron dinero del Estado.
«Nunca fui yo acusada de tomar dinero del estado y de cualquier lado, entonces eso es lo que quiero aclarar. (…) Yo no aplico en esa frase de que ‘devuelvan lo robado’», agregó Cañas.
Cañas posteriormente pasaría a ser testigo del caso en la acusación contra el expresidente, prófugo de la justicia, Mauricio Funes.
Judicial
Condenan a cadena perpetua a pandilleros de la MS-13 capturados durante el régimen de excepción en El Salvador
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado de San Salvador impuso condenas de cadena perpetua a integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13), capturados durante el régimen de excepción y procesados por delitos relacionados con homicidios, desapariciones, extorsiones y actividades de organizaciones terroristas. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó las sentencias el viernes 9 de octubre de 2026, como parte de los procesos judiciales contra estructuras pandilleriles que operaban en la capital y sus alrededores.
Entre los condenados se encuentran Josué Germain González Mejía, identificado por las autoridades como corredor de clica, y Giovanni Andrés Hernández, señalado como homeboy dentro de la organización criminal. Según las investigaciones fiscales, ambos formaban parte de estructuras que mantenían presencia en diferentes sectores de San Salvador, donde se les atribuyeron hechos violentos y actividades delictivas contra la población.
#CombateAPandillas | Cadena perpetua para pandilleros de la MS-13.
La @FGR_SV logró que demostrar que estos criminales mantenían el control en diferentes zonas de la capital y sus alrededores, en donde cometieron diversos casos de homicidios, desapariciones, extorsiones, organizaciones terroristas, agrupaciones ilícitas, entre otros.
Todos fueron capturados gracias al Régimen de Excepción.
Entre los condenados a cadena perpetua están Josué Germain González Mejía, quien tenía el rango de corredor de clica, y Giovanni Andrés Hernández, identificado como homeboy.
Las condenas fueron impuestas por el Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado de San Salvador.
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) October 9, 2026
La Fiscalía aseguró que durante el proceso judicial presentó elementos probatorios relacionados con homicidios, desapariciones de personas, extorsiones, agrupaciones ilícitas y delitos vinculados con organizaciones terroristas. Sin embargo, la institución no precisó el número total de personas condenadas en este caso, las fechas de los hechos investigados ni las circunstancias particulares de cada delito. Las sentencias fueron dictadas por el Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado de San Salvador.
Estas condenas se producen después de las reformas constitucionales y penales aprobadas en marzo de 2026, mediante las cuales El Salvador incorporó la prisión perpetua para delitos de extrema gravedad, como homicidio, violación y terrorismo. La modificación del artículo 27 de la Constitución permitió establecer esta sanción, cuya aplicación contempla mecanismos de revisión judicial después de determinados períodos de cumplimiento. En septiembre se conocieron las primeras sentencias bajo el nuevo marco legal, por lo que las resoluciones contra integrantes de la MS-13 representan nuevos casos de aplicación de esta pena.
Los condenados habían sido detenidos durante el régimen de excepción, vigente desde el 27 de marzo de 2022 y prorrogado periódicamente por la Asamblea Legislativa. El Gobierno sostiene que esta medida ha contribuido a reducir los homicidios y desarticular estructuras criminales, mientras organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por las garantías procesales en determinados casos. Las nuevas sentencias reflejan la aplicación del endurecimiento de las penas contra delitos graves en El Salvador, en medio de la continuidad de los procesos judiciales relacionados con las pandillas.
Judicial
Capturan en Morazán a presunto pandillero de la MS-13 buscado por homicidio agravado y otros delitos
La Policía Nacional Civil (PNC), en coordinación con elementos de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), capturó a Marvin Esaú González Cruz, alias “Skate”, señalado por las autoridades como integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13). El procedimiento se desarrolló en el distrito de San Francisco Gotera, municipio de Morazán Sur, como parte de las operaciones de seguridad realizadas en la zona oriental del país.
De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, González Cruz era requerido por la justicia debido a órdenes de captura relacionadas con los delitos de homicidio agravado y pertenencia a organizaciones terroristas. Su detención permitió ponerlo a disposición de las instancias judiciales que lo reclamaban para continuar con el proceso correspondiente.
La intervención fue ejecutada mediante la coordinación entre agentes policiales y efectivos militares, quienes localizaron al sospechoso en San Francisco Gotera. Las autoridades no han divulgado mayores detalles sobre las circunstancias del homicidio que se le atribuye ni sobre la fecha en que habrían ocurrido los hechos investigados.
El caso se suma a los procedimientos realizados recientemente en Morazán contra personas señaladas de pertenecer a estructuras criminales. El pasado 8 de octubre también se reportó la captura de José Ubaldo Colindres Robles en el distrito de Sociedad, Morazán Sur, quien, según la PNC, posee antecedentes por homicidio desde 2017 y presuntos vínculos con la MS-13.
Tras su arresto, González Cruz será remitido al juzgado que emitió el requerimiento judicial, donde deberá responder por los delitos que se le atribuyen. Su situación jurídica será determinada durante el proceso correspondiente, conforme a las pruebas presentadas por las autoridades competentes.
Axel Moisés Ramírez Jiménez fue condenado a cinco años de prisión por el delito de estafa en perjuicio de dos personas. El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador emitió una orden de captura en su contra, debido a que fue procesado en ausencia.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República (FGR) estableció que, en abril de 2025, una de las víctimas publicó en la plataforma Marketplace el alquiler de una vivienda ubicada en Ciudad Marsella, en San Juan Opico, La Libertad Centro.
Al ver la publicación, Ramírez Jiménez contactó a la persona y manifestó su interés en el inmueble. Mientras realizaban los trámites, la convenció de invertir en la compra de materiales de construcción.
El condenado le aseguró que disponía de un código de mayorista que le permitiría adquirir los materiales a bajo precio. La víctima creyó en la propuesta y le transfirió $1,635 para iniciar el supuesto negocio.
Días después, el imputado convenció al hermano de la primera víctima para que también invirtiera en ese rubro. El segundo afectado le transfirió $1,135.50.
Sin embargo, pese a haber entregado el dinero, los hermanos nunca recibieron los materiales de construcción ofrecidos ni la devolución de las cantidades transferidas.
En su resolución, el Tribunal Cuarto de Sentencia valoró las pruebas presentadas, las cuales vincularon a Ramírez Jiménez con el delito de estafa. Por ello, lo condenó a cinco años de prisión y ratificó la orden de captura para localizarlo y garantizar que cumpla la pena en un centro penal.
