Internacionales
Trump debe pagar casi USD 400.000 al NYT y a tres periodistas
El expresidente de Estados Unidos Donald Trump deberá pagar cerca de 400.000 dólares que reclamaban el diario The New York Times y tres de sus reporteros por los gastos legales en los que incurrieron cuando fueron demandados por Trump por unos artículos sobre sus finanzas e impuestos que el periódico publicado en 2018, basado en parte en documentos confidenciales, informado este viernes (12.01.2024) autoridades.
El juez Robert Reed, de la Corte Suprema de Nueva York, dio luz verde a la reclamación del diario neoyorquino y los tres periodistas para que Trump les devuelva 392.638,69 dólares que pagaron a abogados y otros gastos legales relacionados con el caso, de acuerdo con CNBC.
De esta cifra, un total de 229.921 son para el diario y 162.717 dólares para los reporteros, Susanne Craig, David Barstow y Russell Buettner, que presentaron al tribunal evidencia para fundamentar esa cantidad, a la que Trump se había opuesto.
De acuerdo con CNBC, el exmandatario exigió en su demanda el pago de 100 millones de dólares en daños, pero fue desestimada el año pasado por el juez Reed, que en su veredicto indicó que las afirmaciones de Trump «no se sostienen por una cuestión de derecho constitucional”.
Trump acusó al periódico ya los periodistas en su demanda de participar en un «complot insidioso” con su sobrina, Mary Trump (autora de un libro polémico sobre la vida del entonces mandatario y su familia), para obtener sus registros fiscales para los artículos. La demanda alegaba que los acusados buscaban “una vendetta personal” en su contra.
La serie de artículos en disputa ganó el premio Pulitzer, el más prestigioso del periodismo estadounidense, en la categoría de reportaje explicativo.
«Estatuto anti SLAPP»
«Los tribunales han reconocido desde hace mucho tiempo que los periodistas tienen derecho a participar en actividades legales y ordinarias de recopilación de noticias sin temor a responsabilidad extracontractual, ya que estas acciones son el núcleo mismo de la actividad protegida por la primera enmienda», escribió Junco.
La portavoz de The New York Times , Danielle Rhoades Ha, indicó a CNBC que la orden del juez Reed demuestra que el estatuto anti-SLAPP “puede ser una fuerza poderosa para proteger la libertad de prensa”.
SLAPP (en inglés), acrónimo para Demanda Estratégica Contra la Participación Pública, son demandas contra el derecho a la libertad de expresión y de prensa, protegidos por la Constitución.
En noviembre del 2020 el entonces gobernador Andrew Cuomo promulgó una actualización de la ley anti-SLAPP de Nueva York que amplió extensamente las protecciones otorgadas a los acusados en demandas sobre el ejercicio de los derechos de libertad de expresión. El objetivo de una ley anti-SLAPP es disuadir las demandas por difamación.
«El tribunal ha enviado un mensaje a quienes quieren hacer un mal uso del sistema judicial para intentar silenciar a los periodistas”, afirmó Rhoades Ha a CNBC.
Internacionales
Arrestan en Costa Rica a sujeto que amenazó de muerte a la presidenta Laura Fernández
Las autoridades judiciales de Costa Rica informaron sobre el arresto de un hombre sospechoso de publicar amenazas contra la presidenta Laura Fernández.
De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el detenido publicó en redes sociales, el pasado 8 de mayo, amenazas de atentar contra la vida de Fernández con un arma de fuego.
La captura del sospechoso se ejecutó en la localidad de Desamparados, provincia de Alajuela, en el centro del territorio costarricense.
Las autoridades del OIJ informaron que el sospechoso tiene 27 años y ha sido identificado por el apellido de Villalobos.
Según el Código Penal costarricense, el delito de amenazas se sanciona con una condena que oscila entre seis meses y un año de cárcel.
Internacionales
Gobierno de El Salvador despliega atención integral y entrega ayuda humanitaria a familias afectadas en Cali
Esta tarde, la misión humanitaria enviada por el presidente Nayib Bukele avanzó en la preparación y armado de paquetes de primera necesidad en el centro logístico del albergue Unidad Deportiva Panamericana, en Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia, para asistir a la población afectada por el terremoto de magnitud 7.4.
Como parte de la agenda operativa en el terreno, la delegación salvadoreña se movilizó hacia el Refugio Coliseo de Hockey —ubicado dentro del mismo complejo— para ejecutar una jornada de asistencia integral a decenas de damnificados, entre ellos adultos y menores de edad. La intervención combinó apoyo sanitario, entrega de insumos esenciales y acompañamiento psicosocial.
Durante la actividad, el personal salvadoreño acondicionó un espacio recreativo adaptado para la niñez, donde se desarrollaron dinámicas grupales, juegos de integración, piñatas y la distribución de refrigerios, ofreciendo un entorno seguro de convivencia y contención emocional para los niños.
Posteriormente, el contingente realizó la entrega directa de los suministros, distribuyendo paquetes de alimentos no perecederos, medicamentos esenciales y enseres domésticos, incluidos mosquiteros y extensiones eléctricas para mejorar las condiciones del refugio.
Para el desarrollo de esta jornada, un contingente multidisciplinario de cerca de una treintena de especialistas salvadoreños operó con el respaldo de unidades de transporte pesado y de pasajeros, garantizando el traslado de los insumos y el despliegue efectivo del personal en el área de emergencia.
El plazo de 72 horas considerado decisivo para encontrar sobrevivientes tras el mortífero terremoto que sacudió Colombia llega a su fin este jueves, mientras cerca de 500 personas continúan desaparecidas y podrían encontrarse bajo edificios derrumbados.
El sismo, de magnitud 7,4, ocurrió el lunes y es considerado el más potente registrado en este siglo en Colombia. Hasta el momento, deja 265 muertos y unos 3.500 heridos.
En Cali, Pereira y otras ciudades del oeste del país, los equipos de rescate trabajan sin cesar. A las 07:34 locales (12:34 GMT) se cumplen las primeras 72 horas desde el terremoto, momento a partir del cual disminuyen considerablemente las probabilidades de encontrar sobrevivientes.
Valeria Cardona, una estudiante de 26 años, busca a dos de sus primos en Cali. «Tenemos sospechas de su localización, pero no hay pruebas de vida», explicó. «La esperanza es lo último que se pierde, pero estamos angustiados de una noticia que no queremos», añadió.
A Cali llegó un grupo de los Topos, los reconocidos rescatistas mexicanos que se encontraban en la vecina Venezuela, donde un doble sismo causó más de 6.000 fallecidos el 24 de junio.
«Todos venimos de Venezuela, de La Guaira. Ahora estos 41 días que estuvimos trabajando ahí nos hicieron más fuertes, porque superamos el hambre, el dolor, la desvelada», dijo Héctor Méndez, de 80 años y presidente de Topos Aztecas.
«No se sientan víctimas. Esto no es un horario de oficina ni de taller. Esta es la vida real, donde sale la mejor parte del espíritu. Son cosas de la naturaleza que pasan», agregó.
Atención a damnificados
El terremoto tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, en el Chocó, una de las regiones más pobres de Colombia.
Quibdó, la capital del departamento, fue la zona más afectada, con un saldo de 14 fallecidos. Sin embargo, la fase de búsqueda y rescate ya concluyó allí, informó la gobernadora Nubia Córdoba, quien anunció que ahora se concentrarán «en la fase de respuesta enfocada en la atención a los damnificados».
«Ya no buscamos a nadie bajo los escombros por la misericordia de Dios. Esta familia a la que buscábamos se encuentra con nosotros y ya está recibiendo la atención requerida», declaró la gobernadora.
El presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió tres días antes del sismo, decretó la «emergencia económica», una medida que le permite crear impuestos y modificar el presupuesto sin pasar por el Congreso, pese a su consigna de no crear más tributos.
También anunció la creación de un fondo con ayudas internacionales para atender a las víctimas del sismo.
«Esta crisis (…) nos agarra en un momento difícil, en medio de una crisis fiscal», declaró De la Espriella.
Según cifras oficiales, más de 11.000 viviendas han quedado destruidas y miles de familias se encuentran sin hogar.
