Internacionales
Tres carabineros asesinados en el peor ataque a la policía en zona mapuche de Chile
Tres carabineros fueron asesinados la madrugada del sábado en una zona mapuche del sur de Chile, víctimas de una emboscada el día en que se conmemora el aniversario de la institución policial, en el peor ataque sufrido en la historia reciente por las fuerzas de orden en la zona.
«Esta madrugada recibimos la grave y dolorosa noticia de un atentado en la provincia de Arauco en el que fueron asesinados tres carabineros», informó en su cuenta de X el presidente Gabriel Boric, que se trasladó a la zona junto a una gran comitiva de autoridades.
Los policías fueron encontrados calcinados dentro de una patrulla policial en una ruta de la localidad de Cañete, en las cercanías de la ciudad de Concepción, unos 500 km al sur de Santiago.
La zona se encuentra bajo resguardo militar debido a los ataques incendiarios que se registran allí, atribuidos en su mayoría a agrupaciones radicales mapuches, la mayor etnia chilena, que reivindica la restitución de tierras ancestrales.
El atentado ocurrió el día en que Carabineros, la policía militarizada chilena, celebra su aniversario 97.
«No tengo registro en mi historia de 38 años de servicio, de la muerte de un carabinero, y no sólo de uno, sino tres asesinados de forma cruel, el día de nuestro aniversario. Esto no fue casual, no fue al azar», dijo el director general de Carabineros, Ricardo Yañez.
Las actividades conmemorativas en todo Chile se cancelaron tras los asesinatos y el presidente Boric declaró tres días de duelo oficial.
El atentado tiene lugar la misma semana en que la justicia declaró culpable de «usurpación violenta de predio», hurto y «atentado contra la autoridad» a Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), una de las agrupaciones que ha reivindicado ataques incendiarios en la zona.
Llaitul arriesga hasta 25 años de cárcel por esos delitos, en una sentencia que la justicia dará a conocer el próximo 7 de mayo.
«Terrible crimen»
Según relató a la prensa la ministra del Interior y Seguridad, Carolina Tohá, «se recibió por parte de Bomberos el aviso de un vehículo incendiándose y, cuando llegaron al lugar, descubrieron que se trataba de una patrulla de Carabineros».
«Al interior del vehículo, descubrieron a los tres funcionarios fallecidos, en esta condición de calcinados», agregó Tohá, que también viajó a la zona.
La camioneta en que se trasladaban los policías era blindada. Los cuerpos fueron hallados en la parte posterior del vehículo y habrían sido dejados allí tras recibir ráfagas de disparos en la ruta, donde cayeron abatidos, de acuerdo a la investigación preliminar.
«Les aseguro a los chilenos y chilenas que no habrá impunidad y que daremos con el paradero de los autores de este terrible crimen», aseguró Boric, quien calificó a los autores del este triple asesinato como «terroristas».
Junto con Boric, en una señal de unidad institucional, viajaron a la ciudad de Concepción los comandantes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina, además de parlamentarios, y el presidente de la Corte Suprema.
«Acá no hay fisuras; somos una sola fuerza del Estado de Chile, de la sociedad chilena en contra de esos delincuentes, en contra de esos terroristas que hayan cometido este asesinato que enluta a todo el país», agregó el mandatario.
Al arribar a Concepción, Boric informó que no descarta convocar al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), el más alto organismo consultivo en estas materias.
En Santiago, en tanto, centenares de personas se reunieron en las cercanías del palacio presidencial de La Moneda, para protestar por el asesinato de los tres policías.
Boric decretó hace casi dos años la militarización de la provincia de Arauco, junto a otras localidades de la vecina región de la Araucanía, en un intento de contener los frecuentes ataques incendiarios registrados allí, sobre todo en contra de las actividades de la industria forestal.
Esta semana el gobierno había celebrado la reducción a la mitad de las acciones violentas respecto al inicio de la gestión de Boric, en marzo de 2022.
Algunas comunidades radicales mapuches reivindican la restitución de tierras que consideran suyas por derechos ancestrales. En la zona también se han desbaratado a bandas dedicadas al robo de madera.
Al menos seis personas fueron asesinadas y varias están gravemente heridas tras un ataque el jueves en una zona rural del suroeste de Colombia, sometida a la presión de grupos armados que se nutren del narcotráfico, informaron autoridades.
En medio de su peor crisis de violencia en la última década, Colombia sufre embates de guerrillas y otras organizaciones que aterrorizan a la población civil, especialmente en zonas remotas del país.
Hombres con armas de corto y largo alcance llegaron en dos camionetas a una hacienda cercana a la ciudad de Popayán, en el departamento del Cauca, y abrieron fuego contra varias personas, dijo en una declaración a medios el secretario de gobierno de la ciudad, Felipe Acosta.
Los agresores ultiman a una persona que estaba fuera y a cinco más que estaban dentro de la finca, agregó.
En el departamento operan disidencias de la extinta guerrilla FARC y otras organizaciones ilegales.
Las autoridades aún no tienen pistas sobre los autores de la masacre, a la espera de que la policía pueda ingresar a la zona con el apoyo del ejército.
El ataque dejó además un número indeterminado de personas gravemente heridas, dijo en la red social X el alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz.
Con esta son 36 las masacres registradas en el país en el transcurso del año, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, una cifra récord desde la firma del histórico acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno en 2016.
Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda de Colombia, llegó al poder en 2022 con el objetivo de firmar acuerdos de paz con todos los grupos armados.
Pero a cuatro meses de dejar el poder, ningún proceso ha tenido avances significativos.
Internacionales
Intento de suprimir feriado del 1º de mayo enfurece a sindicatos e izquierda en Francia
Los sindicatos y los partidos de izquierda franceses cargaron este viernes contra la propuesta de autorizar a los empleados, especialmente del comercio de proximidad, a trabajar el 1º de mayo, día feriado y símbolo en Francia de la lucha sindical.
La legislación laboral establece que «el 1º de mayo es día festivo y no laborable», aunque prevé que un panadero o un florista puedan abrir ese día pero sin sus empleados, so pena de multas de hasta 1,500 euros ($1,750).
Los legisladores de centro y derecha, con el apoyo del gobierno, buscan cambiar la ley para permitir trabajar ese día a los empleados de los comercios de proximidad y de salas culturales, si lo deciden de forma «voluntaria». Recibirían el doble de salario.
«No queremos tocar la conquista del 1º de mayo», sino «dar seguridad al marco existente», aseguró esta semana el ministro de Trabajo, Jean-Pierre Farandou, que anunció el objetivo de aplicar el cambio, si se aprueba, desde este año.
Según los sindicatos, esta ley permitiría que al menos 1,4 millones de empleados más trabajen el 1º de mayo. Sus opositores consideran además que no se respetará la cuestión del voluntariado, ya que los empleados se sentirán obligados a trabajar.
«El voluntariado no existe», criticó Natalie Huyghe, empleada de jardinería de 57 años y afiliada al sindicato CGT. «Si esto funciona, se va a extender a todos los sectores», abundó Hadjia Djebbar, de 62 años, durante una protesta cerca del Parlamento.
La proposición de ley ya fue adoptada una primera vez en el Senado y, este viernes, superó un nuevo trámite en la Asamblea Nacional (Cámara Baja), no sin polémica.
Ante la posibilidad de que no llegara a votarse por las 140 enmiendas presentadas, los partidarios del cambio decidieron de forma táctica rechazar su ley sin debate para así acelerar el trámite parlamentario de cara a su adopción antes de finales de mes.
«Es una puñalada en la espalda de millones de trabajadores y trabajadoras», denunció la líder del sindicato CGT, Sophie Binet.
Su par de la CFDT, Marylise Léon, criticó en la televisión TF1 la «cantinela de que los franceses trabajarían menos que los demás». «Eso no es verdad. En Francia hay 11 días festivos. En otros países de Europa, hay 14, 15», agregó.
Esta tradicional fiesta nació el 1º de mayo de 1886 con el llamado a la huelga de sindicatos estadounidenses para exigir una jornada laboral máxima de ocho horas diarias. Durante este movimiento murieron varios huelguistas y policías.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, prometió el miércoles un «incremento responsable» de salarios, carcomidos por años de inflación y una dramática retracción de la economía en la última década.
El salario mínimo en Venezuela equivale actualmente a 27 centavos de dólar frente a una inflación anual que supera el 600 %. Y aunque el ingreso puede llegar a 150 dólares con bonos estatales, sigue siendo insuficiente frente a los 645 dólares que, según estimaciones privadas, cuesta la canasta básica alimentaria familiar.
«Anuncio que el 1.° de mayo haremos un incremento y este incremento, como lo hemos señalado, será un incremento responsable», dijo Rodríguez durante una alocución transmitida por la televisión estatal.
En tanto «Venezuela goce de más recursos que permitan la sostenibilidad de la mejora salarial y del ingreso de los trabajadores, seguiremos avanzando por ese camino», prometió.
«Nuestro objetivo inmediato, mediano y a largo plazo es recuperar sostenida y paulatinamente el ingreso de los trabajadores mediante el crecimiento productivo tanto en el área de los hidrocarburos como de la minería, que generan ingresos inmediatos», indicó acompañada por miembros de su gabinete.
Este jueves más de 2,000 trabajadores y jubilados marcharon hacia el Palacio de Miraflores (sede presidencial) como rechazo a la promesa de aumento salarial hecha por Rodríguez.
Agentes policiales antimotines dispuestos en varios puntos de la ruta frenaban con escudos y reprimían con gases lacrimógenos a la multitud que avanzaba al grito de consignas.
«Basta ya del engaño, del aumento de los salarios. Quieren poner como salario un aumento de los bonos que da el gobierno. Eso es totalmente inaudito», dijo a la AFP Mauricio Ramos, un profesor universitario jubilado de 71 años.
