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Migueleños beneficiados agradecen a diputados por legalización de sus viviendas
Con 78 votos a favor, los diputados aprobaron en la Sesión Plenaria de este miércoles, que un grupo de familias de San Miguel, residentes en vías públicas declaradas en desuso, reciban sus respectivos títulos de propiedad, por parte del Fondo Nacional de Vivienda Popular (Fonavipo).
Según el dictamen favorable de la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, serán beneficiadas 75 familias que viven en terrenos públicos, ubicados en el caserío Obra de Dios, del cantón La Canoa, en el municipio de San Miguel.
El diputado y subjefe del grupo parlamentario de Nuevas Ideas, Caleb Navarro, quien impulsó la moción, destacó que, para garantizar la habitabilidad de las familias, se realizó un estudio técnico, el cual determinó que los terrenos están ubicados en una zona que no representa riesgo alguno.
Asimismo, dijo que gracias a este decreto los padres de familias podrán heredar en propiedad a sus hijos los terrenos en que habitan desde hace más de 35 años, y nunca fueron atendidas por los gobiernos anteriores de Arena y del Fmln.
Con la aprobación del dictamen, queda claro que la actual legislatura, con mayoría de Nuevas Ideas, continúa trabajando de manera articulada con el Gobierno del Presidente Nayib Bukele, para seguir mejorando las condiciones de vida de más salvadoreños, especialmente aquello de escasos recursos económicos.
Cruz Roja Salvadoreña (CRS) en coordinación con Save the Children El Salvador capacitó a 15 miembros de la Comisión Municipal de Protección Civil de La Unión Norte, ante la amenaza de sequía que impacta recurrentemente en la zona.
El curso se centró en la conceptualización de la Acción Anticipatoria y sus componentes, acompañado de un proceso práctico orientado especialmente a la niñez y población más vulnerable para la identificación de acciones anticipatorias que deben ejecutarse antes de que ocurran los impactos de la sequía.
Las acciones buscan facilitar una respuesta más oportuna por parte de los equipos locales, anticipándose a los efectos de la sequía y protegiendo prioritariamente a niñez y otros grupos en condición de vulnerabilidad.
El programa de Becas Legislativas Dagoberto Gutiérrez se ha convertido en una ventana de oportunidades para cientos de jóvenes que aspiran a una mejor calidad de vida a través de la formación universitaria y que debido a limitantes económicas y factores relacionados con la inseguridad no pudieron lograrlo hasta que aplicaron.
Durante una cadena nacional, en julio de 2024, el presidente de la república, Nayib Bukele, propuso al presidente del congreso, Ernesto Castro, la creación de un programa de becas para el cual fueron destinados $5 millones correspondientes al presupuesto para el período legislativo 2024-2027, los cuales son distribuidos en cada ejercicio fiscal anual y que anteriormente eran asignados a las fracciones políticas.
Ya se han llevado a cabo tres ediciones del programa a través del cual han sido beneficiados 350 bachilleres que residen en colonias y comunidades que fueron golpeadas por la delincuencia pandilleril.
Las becas cubren el 100 % de los costos de una carrera en cualquier universidad del país, incluyendo los gastos de graduación. Además, los beneficiarios tienen acompañamiento permanente del personal a cargo del plan educativo.
Para acceder a este beneficio, cada aspirante tiene que llenar un formulario en línea y presentar la documentación requerida, como carta de solicitud, título de bachiller, boleta de notas, constancia de buena conducta y el resultado de la prueba AVANZO, así como tener un rendimiento académico mayor a 7.
También debe presentar una constancia de ingreso familiar, el documento único de identidad (DUI) o partida de nacimiento, DUI de los padres, solvencia policial y de antecedentes penales. Además, recibo de energía, agua o cable, una fotografía personal y una fotografía del grupo familiar y de su vivienda (fachada, sala, dormitorio, cocina y área de lavado).
La siguiente convocatoria será anunciada por la Asamblea Legislativa a través de redes sociales, el canal y la radio legislativos.
Ebrahim Azizi, presidente de la comisión parlamentaria de seguridad nacional, encargada de examinar el texto, declaró a la televisión estatal que el ejército controlaría el estrecho para, entre otras cosas, prohibir el paso de «buques hostiles».
El proyecto prevé también que los derechos de paso se paguen en la moneda local, el rial iraní.
El responsable de la agencia marítima de la ONU, Arsenio Domínguez, reafirmó el lunes que no existe «ninguna base legal» para reclamar un peaje por atravesar el estrecho de Ormuz, que Irán dice querer instaurar.
«No existe ningún fundamento jurídico para la introducción de ningún impuesto, de ningún arancel ni de ningún tipo de tasa sobre los estrechos utilizados para la navegación internacional», declaró Domínguez, secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), en rueda de prensa.
Irán considera que su ejército debería tener autoridad sobre el estrecho de Ormuz y está elaborando un proyecto de ley en este sentido, declaró este lunes un alto responsable.
Desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, que comenzó con ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán el 28 de febrero, el gobierno de Teherán decidió bloquear el estrecho de Ormuz, vital para el suministro de hidrocarburos.
