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Migueleños beneficiados agradecen a diputados por legalización de sus viviendas
Con 78 votos a favor, los diputados aprobaron en la Sesión Plenaria de este miércoles, que un grupo de familias de San Miguel, residentes en vías públicas declaradas en desuso, reciban sus respectivos títulos de propiedad, por parte del Fondo Nacional de Vivienda Popular (Fonavipo).
Según el dictamen favorable de la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, serán beneficiadas 75 familias que viven en terrenos públicos, ubicados en el caserío Obra de Dios, del cantón La Canoa, en el municipio de San Miguel.
El diputado y subjefe del grupo parlamentario de Nuevas Ideas, Caleb Navarro, quien impulsó la moción, destacó que, para garantizar la habitabilidad de las familias, se realizó un estudio técnico, el cual determinó que los terrenos están ubicados en una zona que no representa riesgo alguno.
Asimismo, dijo que gracias a este decreto los padres de familias podrán heredar en propiedad a sus hijos los terrenos en que habitan desde hace más de 35 años, y nunca fueron atendidas por los gobiernos anteriores de Arena y del Fmln.
Con la aprobación del dictamen, queda claro que la actual legislatura, con mayoría de Nuevas Ideas, continúa trabajando de manera articulada con el Gobierno del Presidente Nayib Bukele, para seguir mejorando las condiciones de vida de más salvadoreños, especialmente aquello de escasos recursos económicos.
En el marco de la conmemoración del 188 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y El Salvador, la Embajada de México en El Salvador desarrolló ayer un conversatorio para reflexionar sobre la importancia de fortalecer estos lazos de cooperación entre los dos países. Ricardo Cantú Garza, embajador de México en El Salvador, comentó que este tipo de eventos sirve «para reconocer cuál ha sido su historia, sus orígenes y con base a eso actuar en el presente con mayor acierto para que las relaciones sigan mejorando».
La conferencia magistral estuvo a cargo de Mario Vásquez, secretario académico del Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México y Roberto Turcios, miembro de la Academia Salvadoreña de la Historia, quienes dieron detalles de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, desde sus primeros años.
Cristian Armando Jacobo Galdámez y José Manuel Calles Menjívar fueron condenados a 40 y 22 años de prisión, respectivamente, por delitos sexuales cometidos en Chalatenango Sur. Los abusos sucedieron durante los años 2017 al 2021.
«De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, Jacobo Galdámez era el vecino de la víctima y desde que ella tenía 10 años la abusó sexualmente. Las agresiones terminaron cuatro años después», explicó la fiscal del caso.
El imputado utilizaba la fuerza y mediante amenazas introducía a la menor a su casa para violarla.
«En cambio, Calles Menjívar era la pareja de un familiar cercano de la niña y aprovechaba de tocarla y violarla cuando visitaba a su abuela», dijo la fiscal.
A Jacobo Galdámez se le condenó a 20 años de prisión por el delito de violación en menor o incapaz continuada y otros 20 por el de agresión sexual en menor o incapaz continuada. Y a Calles Menjívar se le impuso 14 años por violación y ocho más por agresión sexual.
La pandillera Odaly Aracely Pineda Ochoa fue condenada a 16 años de prisión por haber extorsionado durante tres años a una víctima.
«En 2021, la imputada llegó al negocio de la víctima para exigirle el pago mensual de la extorsión a cambio de no atentar contra su vida ni la de sus familiares. Además, se identificó como integrante de la estructura criminal MS-13 para intimidarla y obligarla a entregar el dinero», señaló el fiscal del caso.
Los hechos ocurrieron en el distrito de Cuscatancingo, municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador. A causa del temor y las constantes amenazas, la víctima realizó los pagos de 2021 a 2024.
«Sin embargo, en este último año decidió denunciar los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones y emitir una orden administrativa de detención contra la imputada», detalló el fiscal.
Añadió que «durante la vista pública, la representación fiscal presentó abundante prueba testimonial, documental y pericial que demostró la responsabilidad de la acusada. El testimonio de la víctima fue clave para acreditar los hechos».
La condena fue determinada por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
