Política
Lista la comisión de antejuicio contra diputado de ARENA, Alberto Romero
La Asamblea Legislativa juramentó a los integrantes de la Comisión de Antejucio contra el diputado de ARENA, Alberto Romero, quien es señalado por la Fiscalía General de la República de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activos.
Los parlamentarios que conformarán la mesa de trabajo son Ernesto Castro, como presidente; Rodrigo Ayala, como secretario, y Caleb Navarro como relator. Los vocales serán Alexia Rivas, Raúl Castillo, José Urbina, William Soriano, Silvia Ostorga y Guillermo Gallegos. Mientras que los legisladores Marcela Pineda y Giovanny Saldaña fueron nombrados como fiscales.
Las peticiones de antejuicio y desafuero contra el funcionario ingresaron al pleno legislativo con dispensa de trámite, tras la solicitud del fiscal general, Rodolfo Delgado, quien sostuvo que existen suficientes indicios de que el funcionario ha cometido los referidos delitos.
“El diputado Alberto Armando Romero Rodríguez tuvo ingresos sin justificar por un monto de $1,162,388.05 y en virtud de eso le es atribuible el delito de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activos”, aseguró el funcionario.
Tras recibir la petición, el presidente Castro convocó a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para que sesionara y abordara el tema.
Los parlamentarios coincidieron en que las peticiones fiscales reunían los requisitos de ley y emitieron un dictamen favorable para que se creara la Comisión de Antejuicio, la cual deberá determinar si hay formación de causa para retirarle el fuero constitucional a Romero y pueda enfrentar un proceso penal.
El presidente del Órgano Legislativo reiteró que desde la nueva Asamblea Legislativa se está rompiendo con la tradición de corrupción de la vieja clase política y reiteró que brindarán todo el respaldo a las instituciones para que en las instancias correspondientes se logre llegar a la verdad.
“Nosotros siempre, sin importar el partido, sin importar ningún tipo de circunstancia, siempre vamos a buscarla verdad. Lastimosamente, en el pasado, el fuero se hizo un sinónimo de corrupción, porque fue garantía de impunidad. Pero este país ya cambió. Aunque algunos no logren aceptarlo, el pueblo ha iniciado una transformación total”, apuntó el presidente Castro.
En el mismo sentido, el legislador Christian Guevara expresó que “esta es una plenaria histórica, donde hemos roto un récord, el de la honestidad. Este sería el quinto proceso de desafuero que se inicia, algo que los partidos anteriores no tuvieron el valor de hacer”.
Por su parte, el diputado Jorge Castro manifestó que la Comisión de Antejuicio realizará una búsqueda de la verdad, la existencia de un posible delito y abrir las puertas para que se realice un proceso judicial.
“Abrir el proceso de antejuicio es prácticamente una responsabilidad de la Asamblea, es una obligación. Hay una petición formal del fiscal, las asambleas anteriores desestimaban esta responsabilidad, pero nosotros no”, expresó Castro.
Minutos antes de que el fiscal general presentara al Órgano Legislativo la solicitud para que se le eliminara el fuero a Alberto Romero, el diputado abandonó el recinto en pleno desarrollo de la sesión plenaria. Más tarde, la Policía Nacional Civil (PNC), a través de sus redes sociales, informó que había retenido al funcionario por resistencia agresiva, luego de que insultara a unos agentes policiales.
Como lo establece el artículo 238 de la Constitución de la República, el legislador fue entregado al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro. Después, la Junta Directiva sesionó y acordó enviar a la Fiscalía General las diligencias recibidas por parte de la corporación policial.
Además, el presidente Castro explicó que el legislador permanecerá retenido en las instalaciones legislativas, específicamente en las oficinas de ARENA, en donde se le deberán garantizar sus derechos constitucionales como defensa, alimentación, atención médica y otros.
Castro también informó que se solicitó la presencia de agentes policías para garantizar la custodia del legislador dentro de este órgano de Estado. Además, el funcionario fue puesto a disposición de la coordinación adjunta del grupo parlamentario de ARENA, Silvia Ostorga.
Una investigación realizada por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia determinó que hubo varias irregularidades en el patrimonio del diputado, quien no pudo justificar el origen de $445,766.05. El pasado 14 de agosto, la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque lo encontró responsable de enriquecimiento ilícito a Romero y ordenó que le retribuyera al Estado dicha cantidad.
Esto sirvió para que la FGR ahondara en las investigación de los periodos entre el 1 de mayo de 2009 y el 31 de diciembre de 2022, tiempo en el que Romero se ha desempeñado como diputado propietario por el departamento de Cuscatlán. Los hallazgos revelaron que el funcionario no ha podido justificar $1,162,388.05, por eso las autoridades le atribuyen los delitos de enriquecimiento y lavado de dinero.
Enriquecimiento Ilícito y Lavado de Dinero y Activos
El Código Procesal Penal en su artículo 333, establece que “el funcionario, autoridad pública o empleado público, que con ocasión del cargo o de sus funciones obtuviere incremento patrimonial no justificado, será sancionado con prisión de tres a diez años”.
Así mismo, la Ley Contra el Lavado de Dinero y Otros Activos, en su artículo 4 determina que se entenderá por se entenderá por lavado de dinero y de activos, cualquier operación, transacción, acción u omisión encaminada a ocultar el origen ilícito y a legalizar bienes y valores provenientes de actividades delictivas cometidas dentro o fuera del país.
Además, la ley indica que quien depositare, retirare, convirtiere o transfiriere fondos, bienes o derechos relacionados que procedan directa o indirectamente de actividades delictivas, para ocultar o encubrir su origen ilícito, o ayudar a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos a quien haya participado en la comisión de dichas actividades delictivas, dentro o fuera del país, será sancionado con prisión de cinco a quince años y multa de cincuenta a dos mil quinientos salarios mínimos mensuales vigentes para el comercio, industria y servicios al momento que se dicta la sentencia correspondiente.
El Salvador Today
Bukele hubiera mandado a la cárcel a la directora de la USAID si fuera su funcionaria, dice ex funcionario de Trump
El desmantelamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) es bien visto por Jason Funes, ex asistente en la Oficina de Asuntos Externos del Departamento del Interior de Estados Unidos en la primera administración de Donald Trump.
A su juicio, las acciones de Trump están basadas en el ordenamiento fiscal, ya que asegura que estos fondos no estaban siendo bien administrados y no había ninguna contabilidad, que detalla el destino de los fondos provenientes de los impuestos entregados por los ciudadanos estadounidenses.
«El Departamento del Tesoro ha entregando dinero sin ninguna contabilidad, así como es el caso de USAID ¿A dónde va el dinero? Eso no le pertenece a los políticos, sino a los ciudadanos americanos», cuestionó.
En este sentido, Funes dijo que no le parece lógico que «jueces políticos» bloqueen las acciones de Trump de mejorar el manejo de los fondos públicos.
«Lo que quiere Trump es mejorar el país y eso le corresponde a cualquier país de mejorar las condiciones de sus ciudadanos, se está limpiando la casa y está viendo para donde se está yendo el dinero que se está perdiendo a veces esta yendo al terrorista, al traficantes de opio, a la victoria de China con el covid que salió de Wuham, hay mucha pérdida de dinero que no se puede contar», reiteró.
Funes afirmó que si la directora de USAID fuera funcionaria de El Salvador, el presidente Nayib Bukele, ya la hubiera mandado a la cárcel.
«Si la directora del USAID estuviera en El Salvador, el gobierno de Bukele ya la hubiera echado a la cárcel…Esa mujer ha hecho 23 millones de dólares en los tres años en que ha estado en USAID, con un salario de 180 mil dolares ¿Cómo va a ser su valor personal a subir a esa cantidad? Eso es un robo, es dinero de George Soros pagando a sus amigos, a otras instituciones le están robando y hasta un terrorista recibió beca para estudiar a Estados Unidos. Están pagando agenda de LGBT y hasta a la China le han dado dinero», reclamó.
En materia migratoria, el exfuncionario estadounidense justificó que las redadas de inmigrantes, tienen como objetivo capturar a delincuentes y no a ciudadanos que han llegado a esa nación a mejorar sus condiciones de vida.
«El ICE no quiere ir a buscar a la gente particular, mucha gente que está trabajando que esta viviendo la vida limpia, tratando de mejorar su vida y la de su familia. Los izquierdistas quieren rechazar los esfuerzos de ICE, para deportar, pero cuando encuentra a gente que ha quebrado la ley encuentran gente a su alrededor qué le va a tocar ser deportado por estar cerca de los criminales, por eso hay que rechazar a los que son criminales, porque lo va a perjudicar en Estados Unidos», detalló.
En este sentido, señaló al partido Demócrata de engañar a los migrantes latinos, con falsas promesas solo para obtener votos pero sin resultados contundentes.
Añadió, que hay migrantes que se han aprovechado de algunas medidas implementadas por el gobierno norteamericano y no producen nada, a comparación de otros sectores de la sociedad.
«En la primera administración de Trump, ICE sacó a miles de personas, pero el 92% de la gente que sacaron eran con cargos federales criminales», rememoró.
Respecto al ofrecimiento hecho por Bukele, de habilitar las instalaciones del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) para recibir criminales condenados en territorio estadounidense, Funes consideró que es necesario analizar los beneficios que puede acarrear la idea, debido a que hay normativas de la Nación del Norte que se deben respetar y que impiden qué fructifique la medida.
Finalmente, apuntó que el asalto al Capitolio de los Estados Unidos registrado el 6 de enero de 2021, no fue un autogolpe de Estado de parte de Donald Trump, luego que dos meses después de su derrota en las elecciones presidenciales de 2020, una multitud irrumpió en la sede del Congreso de los Estados Unidos.
El ex funcionario atribuyó el hecho a una manipulación de parte de la izquierda estadounidense, para dañar la imagen de Trump.
«Lo que estaba pasando es que media hora antes de que (Donald Trump) terminara su discurso empezó el desorden, era imposible que la gente que estaba en la actividad se fuera al Capitolio. Se ve en los videos a gente de negro con antifaz, cascos, lentes oscuros y de milicia. Hay información que gente de la izquierda, iba con mapas y otras cosas para el Capitolio y aseguraban que si tenían que romper las ventanas lo iban a hacer», detalló.
Asimismo, acusó a Nancy Pelosi, ex presidenta de la Cámara Baja de los Estados Unidos, de no actuar a tiempo para tener resguardada la zona y evitar la irrumpción de este grupo.
Política
Presidente Nayib Bukele envía una propuesta de Ley Anticorrupción a la Asamblea Legislativa
El presidente Nayib Bukele anunció que este miércoles envió una propuesta de Ley Anticorrupción a la Asamblea Legislativa, con la que buscará reforzar la transparencia y la probidad de los funcionarios públicos mediante «medidas claras y contundentes», según informó en su cuenta oficial de X.
Esta ley tiene el objetivo de «obligar a los servidores públicos y a sus familiares a presentar una declaración patrimonial junto con su declaración anual de renta», de forma anual, y que será publicada y accesible para cualquier ciudadano.
El presidente Bukele también propone crear una nueva categoría de delito sancionado con prisión para el testaferrato, es decir, uso de prestanombres. Esta ley busca endurecer las penas por delitos de corrupción entre los funcionarios públicos.
La ley también propone crear un Centro Nacional Anticorrupción que estará encargado de realizar tareas relacionadas a «inteligencia con tecnología avanzada» a cargo de la Fiscalía General de la República. Asimismo, este centro tendría acceso en tiempo real a bases de datos y registros públicos de propiedades, vehículos, entre otros, para detectar actividades sospechosas de forma inmediata.
Este día envié a la Asamblea Legislativa la propuesta de Ley Anticorrupción, un paso decisivo para continuar combatiendo este flagelo en El Salvador.
Esta ley busca reforzar la transparencia y la probidad de los funcionarios públicos mediante medidas claras y contundentes.… pic.twitter.com/9ZEwL92fwE
— Nayib Bukele (@nayibbukele) January 30, 2025
El presidente Bukele también pretende, bajo esta ley, establecer un mandato anticorrupción para la Corte de Cuentas, con vínculo directo a la Fiscalía General de la República, con el objetivo de «perseguir» a los funcionarios acusados de corrupción desde las auditorías.
La de Ley Anticorrupción también propone habilitar ventanillas de denuncia para fomentar la participación activa de la ciudadanía.
«Esta ley es solo el comienzo de un esfuerzo firme para erradicar la corrupción en El Salvador, así como hicimos con las pandillas, los homicidios, las violaciones, los secuestros, la extorsión y la delincuencia, que han quedado en el pasado de nuestro país», concluyó el presidente Nayib Bukele.
La Asamblea Legislativa aprobó la reforma al inciso segundo del artículo 248 de la Constitución de República, lo que permitirá que una misma legislatura apruebe y ratifique las modificaciones a la Carta Magna.
Con 57 votos a favor fue aprobado esta reforma, que se coloca como un primer paso para la eliminación de la deuda política en el país.
De aprobarse la eliminación de la deuda política en el país, los partidos políticos ya no recibieran fondos públicos para realizar sus campañas electorales, los cuales provenían de una asignación fija en el Presupuesto General de la Nación.
Al eliminarse la deuda política los partidos tendrán que buscar mecanismos para el autofinanciamiento de sus campañas, tal como lo hizo en su momento Nuevas Ideas.
«Prometimos eliminar la deuda política. La gente nos reclamó que aún no habíamos cumplido la promesa. Nos tardamos un poco, pero escuchamos al pueblo y este día estamos cumpliendo», dijo el presidente Nayib Bukele.
La deuda política está contemplada en la Constitución de la República, en el artículo 210 que establece que es un mecanismo de financiamiento encaminado a promover la libertad e independencia de los partidos que compiten en una elección.
«No más financiamiento de partidos políticos con el dinero del pueblo», añadió el mandatario salvadoreño.
