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Integrantes de estructura criminal son condenados hasta con 540 años de prisión
El Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 540 años de prisión a Roberto Carlos García Martínez, alias Bestia, y a 216 años de cárcel a Francisco Eduardo Ramírez Vicente, alias Yeiko. Ambos son acusados por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
Otros nueve imputados también fueron condenados a penas que oscilan entre cinco y 173 años de prisión por los mismos delitos.
«El juzgador valoró 11 casos de homicidio agravado y 21 casos de robo agravado en perjuicio de diversas empresas y personas particulares. La estructura estaba integrada por expolicías, exsoldados y civiles; estos últimos colaboraban proporcionando información a los líderes sobre los movimientos de comercios y víctimas, quienes eran asesinadas si se resistían durante los robos», explicó el fiscal del caso.
La mayoría de los crimines fueron ejecutados por los imputados en Chalatenango, Nueva Concepción y San Miguel. En esta última zona, llegaron a asaltar cooperativas y empresas dedicadas a la venta de motocicletas.
«Al emitir el fallo, el juez manifestó que los delitos cometidos fueron atroces y que los procesados se aprovecharon de su posición como agentes de autoridad para vulnerar a la población», indicó el fiscal.
En otro caso, el pasado 30 de abril, el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, condenó a 260 años de prisión a Jaime Ulises Vega Guzmán, alias Siniestro, por ocho casos de homicidio agravado y por el delito de organizaciones terroristas.
Asimismo, condenó a 140 años de prisión a Elías Adonis Quijano Merino, alias Baby de los Chorros, por cuatro homicidios agravados y por el delito de organizaciones terroristas.
Otros tres ranfleros fueron sentenciados a 20 años de cárcel por el delito de organizaciones terroristas. En el caso de Melvin Adonay García Rivas, alias Badboy de Lavas, y Valentin Cruz Castro, alias Necio, fueron condenados a 50 años de prisión por los delitos de organizaciones terroristas y homicidio agravado. Ambos imputados ostentaban el rango de ranfleros en la MS.
Internacionales
Impactante accidente aéreo: dos aviones militares chocaron en plena exhibición en EE.UU.
Los equipos de emergencia respondieron de inmediato tras reportarse un grave incidente en el Gunfighter Skies Air Show. La Base de la Fuerza Aérea Mountain Home confirmó a través de sus canales oficiales que las instalaciones quedaron bajo una orden de cierre estricto (lockdown) de manera preventiva mientras se asiste el siniestro.
A través de una publicación en redes sociales, las autoridades militares señalaron que los equipos de respuesta rápida ya se encuentran trabajando en el lugar del impacto y que se ha iniciado una investigación formal para determinar las causas de la colisión. Además se informó que no hay víctimas fatales.
Múltiples asistentes al evento registraron el momento del accidente. Testigos presenciales reportaron haber visto el instante exacto en que las dos aeronaves impactaron en el aire.
Los videos publicados en internet y redes sociales muestran una secuencia dramática: tras el fuerte choque, cuatro paracaídas lograron abrirse en el cielo mientras los restos de los dos aviones se precipitaban a gran velocidad hacia el suelo, en un área cercana a la base militar, ubicada a unos 80 kilómetros (50 millas) al sur de la ciudad de Boise.
El Gunfighter Skies Air Show es uno de los eventos de aviación más masivos y populares de la región. Organizado como una celebración de la historia aeronáutica y una exhibición de las capacidades militares modernas, el festival atrae a miles de familias cada año.
Las autoridades del festival suspendieron las actividades restantes del domingo mientras la junta de investigación de accidentes de la Fuerza Aérea toma el control pericial de la zona del desastre.
En el marco del proyecto presidencial Dos Escuelas por Día, la Dirección de Obras Municipales (DOM) inició la remodelación del Centro Escolar Cantón La Morita, en el distrito de San Jorge, en San Miguel Oeste
Este proyecto tiene el propósito de crear condiciones apropiadas para que niñas y niños abran su primera puerta hacia la educación y la superación, a través del desarrollo de sus capacidades cognitivas, emocionales y sociales.
Las obras se ejecutan en un área de 1,267.24 metros cuadrados, donde se intervienen seis módulos, 9 aulas desde parvularia hasta noveno grado, servicios sanitarios, oficinas administrativas, escenario, salón de usos múltiples y laboratorio de informática.
«El aula de parvularia tendrá a su interior sanitario infantil, ducha y lavamanos, también bodega para materiales educativos y externamente, área de juegos lúdicos», dió a conocer la DOM.
También, el proyecto incluye la construcción de un módulo que será exclusivo para cocina y comedor. Además como obras complementarias se construirá una cisterna con su cuarto de bombeo, 3 pozos de absorción, una fosa séptica, área de caminamiento, cambio de piso, puertas y ventanas, techo termoacústico, reparación de paredes, pintura y nuevos acabados, iluminación LED e Internet gratis.
Este proyecto no solo mejorará la infraestructura escolar de más de 200 estudiantes, sino que también generará empleo local, contribuyendo a la reactivación de la economía familiar.
Esta se convierte en la octava escuela en ser intervenida por la Dirección de Obras Municipales en el departamento de San Miguel, en el marco del proyecto presidencial.
Sandra Yamileth Amaya Morales fue condenada a seis años de cárcel y a pagar $ 4,000 en concepto de responsabilidad civil por cometer el delito de apropiación indebida de vehículo automotor, en San Miguel.
En la investigación, la Fiscalía General de la República (FGR) determinó que el el 20 de julio de 2022 la víctima le compró el vehículo a Amaya Morales por un monto de $8,000.
Luego de la compra, Amaya Morales se aprovechó de la amistad que tenía con la víctima y el 20 de octubre del mismo año le pidió prestado el vehículo para realizar unas diligencias personales.
«El vehículo se lo entregó (a la procesada) y cuando la víctima quiso registrar el vehículo a su nombre, le informaron que la imputada había vendido el vehículo a otra persona», dice el reporte fiscal.
Los hechos ocurrieron en el cantón Valle Alegre del distrito de San Miguel y la condena fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel.
