Judicial
Cajeras acusadas de apropiarse del dinero de un restaurante en Santa Ana seguirán detenidas
Dos cajeras de un restaurante ubicado en el municipio de Santa Ana Centro quienes están siendo procesadas por, presuntamente, desfalcar más de 24 mil dólares seguirán en prisión mientras el caso avanza a la etapa de Instrucción, reportó Centros Judiciales El Salvador (CJES), la tarde del martes.
Las mujeres, identificadas como América Elizabeth D. O. y María Angelina G. G., están señaladas por apropiarse supuestamente de un monto aproximado de $24,427.40, fondos que pertenecen a la sociedad propietaria del establecimiento.
CJES detalló que el presunto fraude fue descubierto el 24 se abril de este año, cuando la contadora del restaurante advirtió que los montos pendientes de cobro por servicios eran inusualmente altos. Esta irregularidad la llevó a notificar a uno de los accionistas, quien inició una investigación para esclarecer por qué algunos clientes con crédito, que siempre había pagado puntualmente, no habían realizado el abono correspondiente. Además, se examinó la lista de empresas con facturas vencidas por servicios de eventos prestados.
“Durante la investigación, se descubrió que varios pagos de eventos no habían sido ingresados en la cuenta bancaria del restaurante desde abril 2024. Según las autoridades, las imputadas, quienes eran responsables de la caja del establecimiento, habrían utilizado un modus operandi consistente en reabrir las cuentas durante la madrugada, antes de realizar el cierre de caja, para modificar el método de pago de ciertos clientes a ‘crédito’. De esta forma, habrían logrado apropiarse del dinero recibido por los servicios prestados”, explicó Centros Judiciales.
Hasta ahora, de acuerdo con la denuncia presentada por la sociedad afectada y con base en el análisis contable realizado, el faltante actual asciende a aproximadamente $24,427.40, cifra que podría incrementar conforme avance la investigación.
Ante la evidencia, el Juzgado Tercero de Paz de Santa Ana, en audiencia inicial, ordenó que las imputadas permanezcan en prisión provisional por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del restaurante y que el proceso penal continúe en la etapa de Instrucción.
Judicial
Procesarán en libertad a conductor y propietario de volqueta por tragedia en el redondel Integración que dejó dos muertos
El Juzgado de Paz de Apopa ordenó que Rudis Joel R. H., de 31 años, y Marvin Alexis H. R., de 27, continúen el proceso penal con medidas sustitutivas a la detención por el accidente de tránsito ocurrido el 30 de septiembre en las inmediaciones del redondel Integración, en el distrito de Apopa. El siniestro dejó dos personas fallecidas y diez lesionadas.
Según la investigación fiscal, el conductor circulaba a 86.4 kilómetros por hora en una volqueta que excedía en 11.3 toneladas el límite de carga y presentaba deficiencias en el sistema de frenos. En esas condiciones, la unidad impactó contra varios vehículos que esperaban ingresar al redondel, provocando una cadena de colisiones. El juez sobreseyó definitivamente al conductor por el delito de conducción peligrosa, pero mantuvo el proceso por homicidio culposo y lesiones culposas.

Marvin Alexis H. R., propietario de la empresa dueña de la volqueta, es procesado por comisión por omisión en los mismos delitos. Se le atribuye no haber mantenido la unidad en condiciones adecuadas y haber registrado el vehículo de forma irregular, sin las autorizaciones correspondientes. Ambos imputados deberán pagar cauciones económicas: 5,000 dólares el conductor y 60,000 dólares el propietario.
Además de las fianzas, se les impuso restricción migratoria, la obligación de presentarse cada 15 días ante el juzgado y la prohibición de comunicarse con las víctimas y sus familiares. El caso continúa en etapa de instrucción.


Judicial
Condenan hasta 45 años de prisión a 74 pandilleros del Barrio 18 que operaban en La Libertad
La Fiscalía General de la República (FGR) logró condenas de entre 25 y 45 años de prisión contra 74 integrantes de la pandilla Barrio 18. Los sentenciados operaban en los distritos de Lourdes y Santa Tecla, en el departamento de La Libertad, y fueron capturados durante el régimen de excepción.
Las penas fueron impuestas por el Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Salvador, tras presentar pruebas que demostraron su pertenencia a la estructura criminal y su participación en diferentes hechos delictivos. Durante el juicio se establecieron las vinculaciones de los acusados con la organización.
Los ahora condenados todavía deberán enfrentar otros procesos judiciales por delitos adicionales, por los cuales podrían recibir nuevas condenas. Esta resolución se suma a una serie de fallos recientes contra estructuras del Barrio 18 en distintas zonas del país.
Judicial
Condenan a 20 años de prisión a pandillero que fungía como poste en El Congo, Santa Ana
La Fiscalía General de la República logró una condena de 20 años de prisión contra Reynaldo Antonio Pérez Rosales, identificado como homeboy, por el delito de agrupaciones ilícitas. El sentenciado operaba desde 2017 en el municipio de El Congo, departamento de Santa Ana.
Según la investigación, sus funciones dentro de la estructura criminal consistían en vigilar la zona y alertar a los demás pandilleros sobre la presencia de patrullajes policiales y militares. Además, se le atribuye el cobro de extorsiones a diferentes comercios turísticos del sector, lo que formaba parte de las actividades con las que la organización mantenía control e intimidación en la zona.
La sentencia fue dictada en el marco de los procesos judiciales que avanzan contra integrantes de estructuras pandilleriles en el occidente del país. La Fiscalía detalló que Pérez Rosales también enfrenta procesos por otros delitos, por los cuales recibirá condenas adicionales que se acumularán a la ya impuesta.
Casos como este forman parte de las acciones de investigación y judicialización orientadas a desarticular las redes de vigilancia, cobro de extorsión y control territorial que ejercían las pandillas. Las autoridades continúan presentando pruebas sobre las funciones específicas de cada integrante dentro de las estructuras criminales.







