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Arsobispo de San Salvador dice que hay seguridad con cercos militares
El arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas, destacó que el cerco militar ejecutado por el gobierno del presidente Nayib Bukele en Soyapango como parte de la fase 5 del Plan Control Territorial, no sólo es un derecho sino una obligación del Estado, como parte de la persecución del crimen.
El prelado católico sostuvo que si existe el crimen es obligación del Estado darle persecución y que el gobierno lo ejecuta guardando y respetando los derechos de las personas honestas, lo que hace más legítima la operación.
«Es una novedad (el cerco militar) porque no se había hecho, en cualquier sociedad civilizada se debe hacer. El problema de violencia era grave, esperamos que todos estos esfuerzos nos lleven a una paz social», dijo Escobar Alas.
El arzobispo sostiene que con estas acciones se está llevando seguridad a aquellas familias que han sufrido por años el flagelo de la violencia, que estuvieron privados de poder salir o entrar a comunidades de algunos sectores y que, lejos de molestarse, ahora muestran su satisfacción con la implementación de este cerco militar.
«El sentir de la población, es lo que se ha visto, las personas se sienten contentas, se sienten seguras, las personas han sufrido mucho porque no pueden salir de su comunidad. Estas operaciones , si bien es un esfuerzo y una tensión, lo requiere la comisión del crimen, si hubo crimen habrá una persecución del crimen y eso es una obligación del Estado», indicó.
De acuerdo al representante de la iglesia católica, las intervenciones realizadas por el gobierno en esta operación han garantizado y protegido los derechos de las personas honestas.
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Corte Suprema de Justicia invierte $1.8 millones en tecnología para agilizar procesos judiciales
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador invertirá $1,855,743 en la modernización de sistemas de audio y videoconferencia en centros judiciales de San Salvador.
El objetivo es facilitar audiencias virtuales y optimizar la gestión de procesos judiciales, adaptándose a las demandas tecnológicas actuales.Según la Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador (Bolpros), se adquirirán 364 equipos electrónicos: 244 para videoconferencias y 120 para soluciones de audio.
Estos se instalarán en sedes como el Centro Judicial Isidro Menéndez, el Centro Judicial de Segunda Instancia, el Centro Judicial de Derecho Privado y Social, el Edificio Cardona y el Centro Integrado de Soyapango, con 314 unidades destinadas al Almacén General DCPI de la CSJ. La inversión será cubierta con fondos públicos.
Los sistemas de videoconferencia incluirán pantallas de 85 pulgadas con procesadores de ocho núcleos, 12 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento.
Los costos unitarios oscilan entre $2,170 y $13,400 para equipos de video, y $1,858 para los de audio.Paralelamente, la CSJ impulsa dos licitaciones adicionales: una de $828,243.59 para instalar cámaras de videovigilancia en centros judiciales de Metapán, Soyapango, Ciudad Delgado, el Instituto de Medicina Legal en San Vicente y el Centro Judicial de Derecho Privado y Social; y otra de $118,818.67 para un sistema eléctrico en el Centro Integrado de Soyapango.
Un hito reciente es la transformación del Centro Integrado de Soyapango en un Centro Judicial especializado contra el Crimen Organizado, aprobada por la Corte Plena en abril de 2025.
Esta decisión, publicada con retraso a finales de junio debido a la demora en las actas de la CSJ, refuerza la estrategia de modernización judicial.Con estas acciones, el Órgano Judicial busca fortalecer la eficiencia y seguridad de sus operaciones, integrando tecnología de vanguardia al sistema de justicia.
Fuente: Derechos y Negocios
El pasado fin de semana, amigo y familiares de una niña de 11 años dieron el último adiós tras perder la vida porque le cayó una rama. El hecho se registró en el distrito de Ilobasco, departamento de Cabañas.
La víctima era Brendali Estefany Rodriguez, quien regresaba de la escuela y sufrió una fuerte lesión en el cráneo.
La menor fue estabilizada y llevada al Hospital de Ilobasco, donde recibió atención médica, aunque debido a la gravedad de las lesiones no logró sobrevivir.
Internacionales
Maestros sindicalistas continúan manifestaciones con bloqueos de calles en Guatemala
Ante una nueva jornada de bloqueos en distintos puntos carreteros del país, la Cámara de Comercio de Guatemala hizo este viernes un llamado público para exigir a las autoridades el cumplimiento del amparo provisional otorgado por la Corte de Constitucionalidad (CC), el cual ordena garantizar los derechos fundamentales de la población frente a las protestas.
Según el último reporte de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial), al menos 5 tramos estratégicos permanecen bloqueados, afectando el libre tránsito de mercancías y personas. Entre ellos se destacan rutas clave para el transporte comercial, lo que incrementa la preocupación del sector productivo.
A través de un comunicado, la Cámara reiteró su postura bajo el lema “No más bloqueos. No más abusos”, subrayando que el amparo provisional emitido el 10 de julio de 2025 en el expediente 4960-2025 obliga a las autoridades a “tomar medidas inmediatas para retirar a las personas que de forma abusiva e ilegal están coartando los derechos del resto de la población”.
“La protección a los derechos constitucionales, como el derecho a la vida, la libertad de locomoción y la libertad de industria, comercio y trabajo, debe ser garantizada de manera efectiva y sin dilaciones”, enfatizó la organización gremial.
En conferencia de prensa, el mandatario de Guatemala, Bernardo Arévalo calificó de desesperada la movilización durante las últimas semanas, lo cual evidencia una falta total de irrespeto a las órdenes judiciales, a la legitimidad y sentido de responsabilidad de ese gremio.
Explicó que tal organización representa a un grupo minoritario, porque más del 90 por ciento de los maestros del país están trabajando como corresponde, en sus clases, asumiendo su tarea pedagógica con toda seriedad y entrega.
Sin embargo, acotó el jefe de Estado, este pequeño segmento sigue impulsando medidas ilegales, porque este Ejecutivo es diferente y no cedió en entregarle los privilegios indebidos de administraciones anteriores.
