Judicial
FGR moviliza a 40 fiscales para allanamiento en AL
Fotografía: DEM.
La Fiscalía General de la República (FGR) inició el proceso de investigación, este martes, a través del allanamiento de en la Asamblea Legislativa (AL), por las denuncias públicas de las plazas irregulares en este órgano de Estado.
El Juez de Paz, ordenó el allanamiento como parte de la investigación que realiza la fiscalía quienes recabarán la información necesaria y probatoria, ante estos delitos, según informó German Arriaza, fiscal de la Unidad Contra la Corrupción y la Impunidad de la FGR.
«Hay una orden que nos autoriza realizar esta diligencia, la cual nos permitirá incautar documentación y equipo informático para realizar el proceso investigativo», explicó Arriaza.
Esta sería la etapa inicial para determinar la existencia de las «plazas fantasmas», dentro de la AL, y también determinar la participación directa e indirecta ante los delitos que se estarían cometiendo, adelantó Arriaza.
«Tenemos diversidad de elementos probatorios. (…) Hay ciertas diligencias de carácter documental y testimonial que se han incorporado y que nos han permitido que (el allanamiento) se haya autorizado», dijo el fiscal del caso.
«Vamos a recolectar toda la información que nos permita establecer si hay personas que están contratadas en esta institución y que no están realizando sus funciones como la ley obliga. (…) Vamos a establecer la existencia del delito y determinar quien o quienes pudieron haber participado en distintitas calidades en estos hechos para establecer las responsabilidades», aseveró Arriaza.
La FGR ha movilizado a 40 fiscales y equipo de análisis que trabajarán durante 72 horas, en el allanamiento, para hacer efectivas las investigaciones necesarias.
Según el artículo 325, del Código Penal, señala: «El funcionario o empleado público o el encargado de un servicio público que se apropiare en beneficio propio o ajeno, de dinero, valores, especies fiscales o municipales u otra cosa mueble de cuya administración, recaudación, custodia o venta estuviere encargado en virtud de su función o empleo o diere ocasión a que se cometiere el hecho», tendrá que pagar de seis a quince años de prisión, según sea la cantidad monetaria con la que se ha lucrado.
Por primera vez en la historia la AL estaría siendo allanada por actos de corrupción, luego de más de 20 años estar dirigidas por las mismas fracciones legislativas.
Judicial
Fuerza Armada captura en Apopa a presunto gatillero de la MS-13 con orden de apremio por arma de fuego
Soldados de la Fuerza Armada ubicaron este domingo en Apopa, San Salvador Oeste, a Brandon Alexander Hernández, alias “Seco” o “Terrible”, señalado como homeboy de la MS-13 con función de gatillero. El detenido fue entregado de inmediato a la Policía Nacional Civil para continuar el proceso.
Según el parte militar, Hernández tenía vigente una orden de apremio por tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y registra antecedentes por el delito de agrupaciones ilícitas. Las autoridades no detallaron la colonia exacta del procedimiento ni si en el momento de la captura le decomisaron armas u otros objetos.
Apopa fue durante años una de las plazas más disputadas por estructuras de la MS-13 y el Barrio 18. En 2023 el Gobierno desplegó miles de efectivos en urbanizaciones como Popotlán y Valle Verde. Capturas como esta se enmarcan en el Plan Control Territorial y en el régimen de excepción, que sigue vigente.
El señalado queda a la orden de la PNC. Corresponderá a la Fiscalía formalizar la imputación y a un juez determinar si enfrenta detención provisional. Hasta ahora, el único reporte oficial es el de la Fuerza Armada.
Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.
De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.
Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.
Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.
La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
