Judicial
FGR moviliza a 40 fiscales para allanamiento en AL
Fotografía: DEM.
La Fiscalía General de la República (FGR) inició el proceso de investigación, este martes, a través del allanamiento de en la Asamblea Legislativa (AL), por las denuncias públicas de las plazas irregulares en este órgano de Estado.
El Juez de Paz, ordenó el allanamiento como parte de la investigación que realiza la fiscalía quienes recabarán la información necesaria y probatoria, ante estos delitos, según informó German Arriaza, fiscal de la Unidad Contra la Corrupción y la Impunidad de la FGR.
«Hay una orden que nos autoriza realizar esta diligencia, la cual nos permitirá incautar documentación y equipo informático para realizar el proceso investigativo», explicó Arriaza.
Esta sería la etapa inicial para determinar la existencia de las «plazas fantasmas», dentro de la AL, y también determinar la participación directa e indirecta ante los delitos que se estarían cometiendo, adelantó Arriaza.
«Tenemos diversidad de elementos probatorios. (…) Hay ciertas diligencias de carácter documental y testimonial que se han incorporado y que nos han permitido que (el allanamiento) se haya autorizado», dijo el fiscal del caso.
«Vamos a recolectar toda la información que nos permita establecer si hay personas que están contratadas en esta institución y que no están realizando sus funciones como la ley obliga. (…) Vamos a establecer la existencia del delito y determinar quien o quienes pudieron haber participado en distintitas calidades en estos hechos para establecer las responsabilidades», aseveró Arriaza.
La FGR ha movilizado a 40 fiscales y equipo de análisis que trabajarán durante 72 horas, en el allanamiento, para hacer efectivas las investigaciones necesarias.
Según el artículo 325, del Código Penal, señala: «El funcionario o empleado público o el encargado de un servicio público que se apropiare en beneficio propio o ajeno, de dinero, valores, especies fiscales o municipales u otra cosa mueble de cuya administración, recaudación, custodia o venta estuviere encargado en virtud de su función o empleo o diere ocasión a que se cometiere el hecho», tendrá que pagar de seis a quince años de prisión, según sea la cantidad monetaria con la que se ha lucrado.
Por primera vez en la historia la AL estaría siendo allanada por actos de corrupción, luego de más de 20 años estar dirigidas por las mismas fracciones legislativas.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
