Política
TSE inicia en dos sedes el escrutinio final de la elección presidencial y legislativa
El escrutinio final de la elección presidencial y legislativa inicia este día a las 8:00 a.m. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció ayer que comenzará escrutando las 2,547 actas de la elección presidencial que las Juntas Receptoras de Votos no lograron transmitir el pasado domingo, debido a que el sistema de tecnología en las mesas de votación falló y solo permitió un escrutinio preliminar del 70.25 % de los informes.
Dora Esmeralda Martínez, presidenta del TSE, dijo recientemente en cadena nacional que el escrutinio final para la elección presidencial se iniciará con una base de 6,015 actas electorales que sí lograron transmitirse efectivamente; sin embargo, para conocer los resultados de las actas restantes se hará el escrutinio con base al artículo 214 del Código Electoral, que establece que se abran las urnas para contar voto por voto.
Diferentes representantes de partidos políticos se reunieron ayer con los magistrados electorales para conocer la estrategia que se ha preparado ante el fallo del escrutinio preliminar.
Luego de dicha reunión, varios políticos confirmaron a la prensa que el TSE iniciará el escrutinio final con la elección presidencial, y proseguirá con el conteo de voto por voto de la elección de diputados de la Asamblea Legislativa.
Según información que brindaron fuentes oficiales del TSE a «Diario El Salvador», para realizar el escrutinio final se abrirían dos sedes: Una en el estadio Jorge «El Mágico» González, donde se revisarán desde mañana jueves las papeletas de votación, y donde se hará formalmente el escrutinio final tanto para la elección presidencial como legislativa.
La otra sede será en un hotel capitalino, donde este día se revisarán únicamente las actas procesadas de la elección presidencial.
También el organismo electoral contempla que los miembros de las mesas de escrutinio final hagan turnos de 8 horas para agilizar el conteo de votos.
De acuerdo con informes del TSE, se instalarían 49 mesas de escrutinio para el voto nacional y dos para la votación en el extranjero, para ambas clases de comicios.
Además, durante todo el proceso participará la Fiscalía General de la República (FGR), la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), la Procuraduría General de la República (PGR), la Junta de Vigilancia Electoral (JVE), representantes de los partidos políticos y personal de soporte técnico del tribunal electoral.
Como primer paso para realizar el escrutinio final, el TSE llevó a cabo ayer por la tarde el acto de juramentación de los miembros que conformarán las mesas, las cuales se convirtieron en un organismo electoral temporal.
Olivo: Hay cadena de custodia
Por otro lado, Julio Olivo, magistrado electoral propuesto por el FMLN, dijo ayer que son falsos los rumores de que los paquetes electorales (que contienen las papeletas de votación) están perdidos o sin protección.
Aclaró que el organismo colegiado ha alquilado una bodega en San Salvador para resguardarlos, debido a que la bodega de la Dirección de Organización Electoral (DOE), ubicada en San Marcos, está ocupada con los materiales que se usarán para la elección de concejos municipales y Parlamento
Fiscalía en toda la cadena de custodia, desde que viene del centro de votación hasta que llega a esa bodega que está arrendando el TSE, está la Junta de Vigilancia Electoral y también la PNC (Policía Nacional Civil) custodiando que nadie vaya a tocar ese paquete electoral», expresó Olivo.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
La Asamblea Legislativa aprobó hoy con 59 votos refomar el inciso 2.° del artículo 27 de la Constitución de la República, a fin de que se permita imponer la pena perpetua en los casos de homicidio, violación y terrorismo.
Dicha modificación constitucional fue solicitada por el Órgano Ejecutivo, a través del ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, previo a la sesión legislativa 102, acompañada de solicitudes para realizar reformas del Código Penal, Ley Penal Juvenil, Ley contra actos de terrorismo, y otras normativas secundarias, para homologarlas a la disposición superior.
«Nuestro gabinete de seguridad está presentando ante la Asamblea Legislativa una reforma constitucional para avalar la cadena perpetua [hasta ahora prohibida por la Constitución] para asesinos, violadores y terroristas. Veremos quiénes apoyan esta reforma y quiénes se atreverán a defender que la Constitución continúe prohibiendo que asesinos y violadores permanezcan en prisión», informó el presidente Nayib Bukele en su cuenta en X.
Villatoro explicó que se trata de una reforma «necesaria» para la «transformación» del país y para garantizar la seguridad; y señaló que en los casi cuatro años de implementación del régimen de excepción ha habido todo tipo de ataques de «organizaciones que defienden a los criminales» por el «uso legítimo de herramientas de un Estado de Derecho».
«Independientemente de los millones que han gastado en estas campañas, no han logrado doblegar el espíritu y el anhelo de paz y seguridad que tenemos más de seis millones de salvadoreños», afirmó.
Según Villatoro, esas «organizaciones globalistas» ya «se quitaron la máscara» y «representan la maldad, pobreza e inseguridad a la que han sometido a nuestro pueblo», y con ello perdieron algún valor en sus argumentos.
«Si a las organizaciones de criminales violentos [pandillas], a las que ustedes representan, no les hemos cedido ni un milímetro de territorio, tampoco a ustedes les vamos a ceder ni un milímetro de soberanía», advirtió el funcionario.
De hecho, Sonja Wolf, investigadora vinculada a organizaciones que dicen defender derechos humanos, publicó en X: «Qué grave. A El Salvador se le señala por crímenes de lesa humanidad, cometidos bajo el régimen de excepción. En respuesta, al oficialismo se le ocurre proponer una reforma constitucional para imponer castigos aún más severos».
La iniciativa del Ejecutivo fue recibida y promovida ante el pleno por el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, con el respaldo de los diputados de Nuevas Ideas, PCN y PDC. Eran necesarias 10 firmas para seguir con el proceso de reforma constitucional, la cual fue aprobada con dispensa de trámite.
El jefe de la fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, consideró que «es un honor entrar en la historia y estar del lado y para siempre de los buenos salvadoreños».
