Política
ARENA pedirá anular elección por voto en el exterior
El presidente de ARENA, Carlos García Saade, señaló ayer que el partido tricolor solicitará la invalidación de las elecciones si se concreta la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de reabrir centros de votación en el extranjero para garantizar el derecho al sufragio a los connacionales que por causas externa al proceso se quedaron sin sufragar.
«Vamos a pedir la nulidad de las elecciones, principalmente dejemos (a un lado) lo que ha pasado, sino que lo que viene a pasar. El tribunal ha dicho que va a abrir (las urnas) en tres lugares, tal como lo había dicho hace un par de días atrás, creo que el mismo día de las elecciones», detalló Saade.
A su juicio, no existen las condiciones necesarias para realizar esta acción, que considera «contradice al Código Electoral», y que incluso podría configurar un delito.
El TSE determinó que el domingo 18 de febrero se abrirán tres sedes para permitir que voten los connacionales que no lo pudieron hacer el domingo anterior, pese a que estaban en las filas antes de las 5:00 de la tarde esperando ingresar
Julio Olivo, magistrado electoral propuesto por el FMLN, confirmó ayer que se reabrirán tres sedes para votar en Long Island (Nueva York), Houston y Silver Spring (Maryland), Estados Unidos.
Dichas declaraciones se dieron luego de que los magistrados se reunieran con representantes de partidos políticos para exponerles las razones por las que ocurrieron fallas en el sistema de transmisión de actas electorales el pasado domingo, y para comunicarles el plan que se tiene para desarrollar a partir de hoy el escrutinio final.
El magistrado Guillermo Wellman aclaró que el problema que se dio en centros de votación en el exterior fue por fallas externas a las competencias del TSE.
La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa emitió este lunes un dictamen favorable a la solicitud del Ejecutivo para reforzar con $725,000 el presupuesto del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
Los fondos serán destinados a fortalecer la logística de abastecimiento de los agromercados y centrales de abasto a través de la adquisición de vehículos de transporte.
Según el dictamen, que podría someterse a votación en la sesión plenaria de este martes, el MAG podrá adquirir camiones con capacidades que oscilan entre 2.5 y 10.5 toneladas, así como pick-ups.
Esta flota permitirá mejorar el traslado directo de productos desde las fincas de pequeños y medianos productores hacia los centros de distribución, como parte de la cadena de suministro impulsada por el gobierno.
Desde el 18 de junio entró en vigor la Ley de Creación de la Dirección de Mercados Nacionales y Locales Comerciales ubicados en Espacios Públicos, una normativa que otorga al Ejecutivo el control sobre la administración y funcionamiento de los mercados en el país.
La nueva dirección tendrá como funciones principales regular la adjudicación de espacios comerciales bajo criterios de igualdad, administrar la infraestructura y recursos de los mercados, extender permisos para ventas temporales y establecer normativas internas. Asimismo, deberá garantizar condiciones mínimas para operar, como acceso a agua potable, iluminación, sanitarios comunes y sistemas de vigilancia.
La ley también declara de utilidad pública e interés social las inversiones destinadas a la construcción, remodelación o preservación de mercados. Además, permite que las alcaldías soliciten la intervención del Ejecutivo para proyectos de infraestructura, siempre que entreguen el inmueble en comodato gratuito por 50 años, prorrogables.
Entre las disposiciones para arrendatarios se establece la obligación de mantener los puestos según su diseño original y la prohibición del subarrendamiento. También se contemplan normas estrictas de higiene, como la prohibición de almacenar productos en descomposición o usar ingredientes de dudosa procedencia en alimentos.
Durante la discusión en el pleno, la diputada Elisa Rosales (Nuevas Ideas) destacó que esta iniciativa retoma el proyecto de revitalización del Centro Histórico impulsado por Nayib Bukele cuando fue alcalde de San Salvador. Por su parte, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, afirmó que este es “un nuevo reto” y recordó que muchos consideraban imposible ordenar el comercio en el centro capitalino, algo que ahora comienza a materializarse a nivel nacional.
La última encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) revela que la población salvadoreña califica con una nota de 7.78 al régimen de excepción, medida constitucional implementada para reforzar el Plan Control Territorial (PCT) en la lucha contra las pandillas y el crimen organizado.
El régimen de excepción fue aprobado por la Asamblea Legislativa el 27 de marzo de 2022, con el respaldo de las bancadas de Nuevas Ideas, PCN, PDC y GANA, mientras que ARENA, FMLN, VAMOS y Nuestro Tiempo votaron en contra.
Esta medida fue impulsada por el presidente Nayib Bukele tras un repunte significativo de homicidios a fines de marzo de 2022, logrando desde entonces una notable reducción en la violencia criminal.
Pese a intentos opositores por derogar la medida, la encuesta indica que el 60 % de los ciudadanos consideran necesario prorrogar el régimen de excepción, mientras que un 37.7 % opina que ya es momento de buscar otras alternativas para combatir la inseguridad.
El informe señala que, aunque el régimen mantiene buena aceptación, la población también expresa la necesidad de avanzar hacia nuevas estrategias.
Desde la implementación del régimen, el Gobierno ha promovido reformas legales para endurecer penas contra pandilleros por delitos como homicidio y extorsión. La oposición, por su parte, sostiene que la medida vulnera derechos humanos y genera temor en la población.
Sin embargo, el estudio del Iudop-UCA destaca que el 65.2 % de los salvadoreños no sienten temor ante el régimen de excepción, mientras que un 20 % dice tener poco temor, un 6.1 % algo de temor y solo un 8.7 % reporta mucho temor.
