Política
La Experiencia Bukele: Un nuevo paradigma político en El Salvador
En su obra «La Experiencia Bukele: El Renacer del Estado», el politólogo Óscar Martínez Peñate analiza el surgimiento del llamado «Modelo Bukele» como una respuesta transformadora frente a décadas de corrupción y violencia en El Salvador. A través de un enfoque académico, el autor examina cómo este modelo ha redefinido el papel del Estado y la relación entre el gobierno y la ciudadanía.
En las primeras páginas, Martínez Peñate contextualiza el ascenso de Nayib Bukele en un país marcado por la desconfianza hacia las instituciones tradicionales. Destaca que el «Modelo Bukele» no es simplemente una estrategia de gobierno, sino un paradigma que emerge como reacción al estatus quo. Según el autor, este modelo se erige «en negación a lo que prevalece, crea un discurso de rechazo al contexto en donde se produce el desarrollo de las estructuras, y a las propias dinámicas internas que le dan vida a la realidad presente y dominante».
El autor señala que este paradigma tiene su génesis en condiciones adversas, siendo una reacción al estatus quo existente. Se erige en negación a lo que prevalece, creando un discurso de rechazo al contexto en donde se produce el desarrollo de las estructuras, y a las propias dinámicas internas que le dan vida a la realidad presente y dominante.
Martínez Peñate argumenta que el «Modelo Bukele» representa una ruptura con el pasado, al enfocarse en la eficiencia del Estado y la cercanía con la población. Este enfoque ha permitido al gobierno implementar políticas públicas con mayor rapidez y eficacia, ganándose el respaldo de amplios sectores de la sociedad salvadoreña.
Una de las características distintivas del modelo es su capacidad para adaptarse a las necesidades del pueblo, priorizando la seguridad, la salud y la educación. El autor destaca que estas áreas han sido tradicionalmente descuidadas por administraciones anteriores, lo que ha generado un cambio significativo en la percepción ciudadana sobre el rol del Estado.
El texto también aborda las críticas que ha recibido el gobierno de Bukele, especialmente en lo relacionado con la concentración de poder y la supuesta erosión de la institucionalidad democrática. Martínez Peñate reconoce estas preocupaciones, pero sostiene que el modelo debe evaluarse en función de sus resultados y del contexto en el que opera.
En este sentido, el autor plantea que el «Modelo Bukele» ha logrado estabilizar el país y reducir los índices de violencia, lo que ha contribuido a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Este logro, según Martínez Peñate, es un indicador clave del éxito del paradigma en cuestión.
Además, el libro explora cómo el liderazgo de Bukele ha influido en la política regional, inspirando a otros movimientos que buscan replicar su enfoque en diferentes contextos latinoamericanos. El autor sugiere que este fenómeno podría dar lugar a una reconfiguración del panorama político en la región.
Martínez Peñate también analiza el papel de las redes sociales en la consolidación del modelo, destacando cómo el gobierno ha utilizado estas plataformas para comunicarse directamente con la ciudadanía y contrarrestar las narrativas de la oposición. Este uso estratégico de la tecnología ha sido fundamental para mantener el apoyo popular.
El autor concluye que el «Modelo Bukele» representa una nueva forma de gobernar, centrada en la eficiencia, la cercanía con el pueblo y la capacidad de respuesta ante las demandas sociales. Aunque reconoce los desafíos que enfrenta, Martínez Peñate considera que este paradigma ofrece una oportunidad para repensar el papel del Estado en América Latina.
En resumen, «La Experiencia Bukele: El Renacer del Estado» ofrece una visión detallada y reflexiva sobre un fenómeno político que ha captado la atención tanto a nivel nacional como internacional. A través de su análisis, Óscar Martínez Peñate invita a los lectores a considerar las implicaciones de este modelo para el futuro de la gobernanza en la región.
Para una lectura completa y detallada, puede acceder al texto original: https://revistacon-secuencias.com/index.php/ebook-rcs/article/view/103/236
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
