Política
Comisión de Hacienda busca echar a andar el Instituto Crecer Juntos
Los diputados de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto emitieron tres dictámenes favorables, uno para brindarle fondos al Instituto Crecer Juntos (ICJ) y que inicie su funcionamiento; el segundo, para que la Fiscalía General de la República (FGR) pueda contar con un edificio propio; y el tercero, trata sobre el manejo de pasivos por parte del Ministerio de Hacienda (MH).
En primer lugar, los parlamentarios avalaron presentar al Pleno Legislativo una propuesta de reforma a la Ley de Presupuesto 2023 correspondiente al ramo de Educación, Ciencia y Tecnología, luego de recibir al director general del Presupuesto del MH, Carlos Salazar, quien explicó el fin de este proceso: Incorporar $10,436,980, que será destinados al ICJ para que este pueda iniciar sus labores.
De ser aprobado por el pleno, Hacienda podrá desembolsar los recursos para que el ICJ brinde servicios de asistencia técnica especializada en materia de atención integral a la Primera Infancia, siendo un referente a dicha temática.
Además, este fondo será destinado para apoyar las actividades relacionadas con la articulación y provisión de servicios de atención integral de niñas y niños en su primera infancia, así como la ejecución de programas de fortalecimiento familiar y la generación de alianzas estratégicas que promuevan un pleno desarrollo.
“Los principales beneficiarios de la puesta en funcionamiento de este instituto serán los niños y las niñas desde su gestación hasta cumplir los cuatros años de edad”, comentó Salazar. “Mediante la ejecución de programas de fortalecimiento familiar y la generación de alianzas estratégicas ayudarán a promover su desarrollo integral”, agregó.
De acuerdo al delegado, al otorgar el monto solicitado se le estaría brindando herramientas al instituto de cuidados y atención para la niñez y este dinero saldría de la recaudación tributaria.
El 22 de junio de 2022, los diputados aprobaron la Ley Crecer Juntos para la Protección Integral de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, que entró en vigencia el 1 de enero de este año.
En el artículo 175 de dicha normativa se establece la creación del ICJ, con personalidad jurídica, patrimonio propio, de derecho propio y autonomía en lo técnico financiero y administrativo referente en materia de primera infancia.
“Al otorgarse este dinero, la ICJ estaría funcionando desde junio a diciembre de este año y estaría adscrita al ramo de Educación”, puntualizó Salazar.
Un edificio para centralizar a la FGR
El segundo dictamen tiene que ver con la necesidad de la Fiscalía de contar con un edificio que concentre a todas sus unidades en un mismo sector. Por ello, los parlamentarios escucharon al jefe de la Dirección Jurídica de la Dirección General de Impuestos Internos del MH, Gerardo Ramos Díaz, quien argumentó el uso que el Ministerio Público le daría a los fondos.
Ramos Díaz solicitó la emisión de Disposiciones Especiales y Transitorias de carácter tributario para el proyecto denominado “Construcción, Equipamiento y Modernización de las Oficinas Centrales de la Fiscalía General de la República (FGR)”.
Esto tiene como objeto establecer el marco regulatorio tributario especial que permita gestionar las adquisiciones de bienes y servicios para la realización del citado proyecto, que rondarían los $70 millones, los cuales serían gestionados con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
“La Fiscalía gozará de una exención en materia de IVA y de Derechos Arancelarios de Importación (DAI) a los contratistas, subcontratistas, a proveedores, consultores que tengan relación con este proyecto del edificio, debido a que actualmente cuenta con divisiones y en edificios en alquiler”, indicó Ramos Díaz.
Respecto a este proyecto, el diputado presidente de la comisión, Christian Guevara, señaló que actualmente “hay muchos recursos del Estado que se gastan en arrendamientos y es mejor que una inversión quede en un edificio que será parte del patrimonio de la institución y de los salvadoreños”.
Además, el parlamentario dijo que esta edificación fue anunciada desde el 2015, cuando el partido del FMLN gobernaba, pero “ellos dejaron pasar el tiempo y hoy van a venir a criticarlo si es aprobado”.
“Al llevarse a cabo la construcción de dicha edificación se va a tener a futuro un ahorro al Estado y a largo plazo, las condiciones van a mejorar las labores de la FGR. Esperamos que este edificio sea enfocado en atender a los ciudadanos”, manifestó el diputado Giovanny Zaldaña.
Operaciones de manejo de pasivos
El tercer dictamen aprobado es referente a la aprobación de la “Ley Especial que faculta la realización de operaciones de manejo de pasivos, por conversión de deuda de corto plazo, a deuda de mediano y largo plazo”.
El director general de Inversión y Crédito Público, Marlon Herrera, comentó que la conversión de deuda a mediano o largo plazo requiere que el Ministerio de Hacienda gestione la obtención de recursos hasta por la suma de $1,000 millones, a través de la emisión de Títulos Valores de Crédito a ser colocados indistintamente en el mercado nacional regional o internacional.
La solicitud también incluye la facultad para gestionar un crédito puente que sirva como herramienta para desarrollar esta operación, el mismo será cancelado en su totalidad cuando la emisión sea concretizada.
Por su parte, Luis Sánchez Castro, director de Política Económica y Fiscal del Ministerio de Hacienda, expresó que el cierre del año 2022 la situación fiscal ha mejorado considerablemente, con balances primarios positivos por primera vez después de la pandemia, alrededor del 2 %, el déficit fiscal se redujo de -5.6% a -2.7 % y la deuda ha tenido una disminución alrededor del 60.8 %
Ambos directores llegaron al acuerdo de que el Gobierno ha avanzado en su estrategia de gestión de pasivos para seguir mejorando el estado de las finanzas públicas y contribuir al equilibrio fiscal del país.
Esta pericia he tenido resultados contundentes, como las compras anticipadas de eurobonos realizadas en 2022, mismas que generaron ahorros de casi $300 millones en amortizaciones e intereses.
Por lo tanto, siguiendo el desarrollo de esta política, se plantea la conversión de la deuda de corto plazo a mediano y largo plazo, esta consiste en tomar una deuda emitida con un intervalo de un año máximo para luego trasladarla.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
La Asamblea Legislativa aprobó hoy con 59 votos refomar el inciso 2.° del artículo 27 de la Constitución de la República, a fin de que se permita imponer la pena perpetua en los casos de homicidio, violación y terrorismo.
Dicha modificación constitucional fue solicitada por el Órgano Ejecutivo, a través del ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, previo a la sesión legislativa 102, acompañada de solicitudes para realizar reformas del Código Penal, Ley Penal Juvenil, Ley contra actos de terrorismo, y otras normativas secundarias, para homologarlas a la disposición superior.
«Nuestro gabinete de seguridad está presentando ante la Asamblea Legislativa una reforma constitucional para avalar la cadena perpetua [hasta ahora prohibida por la Constitución] para asesinos, violadores y terroristas. Veremos quiénes apoyan esta reforma y quiénes se atreverán a defender que la Constitución continúe prohibiendo que asesinos y violadores permanezcan en prisión», informó el presidente Nayib Bukele en su cuenta en X.
Villatoro explicó que se trata de una reforma «necesaria» para la «transformación» del país y para garantizar la seguridad; y señaló que en los casi cuatro años de implementación del régimen de excepción ha habido todo tipo de ataques de «organizaciones que defienden a los criminales» por el «uso legítimo de herramientas de un Estado de Derecho».
«Independientemente de los millones que han gastado en estas campañas, no han logrado doblegar el espíritu y el anhelo de paz y seguridad que tenemos más de seis millones de salvadoreños», afirmó.
Según Villatoro, esas «organizaciones globalistas» ya «se quitaron la máscara» y «representan la maldad, pobreza e inseguridad a la que han sometido a nuestro pueblo», y con ello perdieron algún valor en sus argumentos.
«Si a las organizaciones de criminales violentos [pandillas], a las que ustedes representan, no les hemos cedido ni un milímetro de territorio, tampoco a ustedes les vamos a ceder ni un milímetro de soberanía», advirtió el funcionario.
De hecho, Sonja Wolf, investigadora vinculada a organizaciones que dicen defender derechos humanos, publicó en X: «Qué grave. A El Salvador se le señala por crímenes de lesa humanidad, cometidos bajo el régimen de excepción. En respuesta, al oficialismo se le ocurre proponer una reforma constitucional para imponer castigos aún más severos».
La iniciativa del Ejecutivo fue recibida y promovida ante el pleno por el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, con el respaldo de los diputados de Nuevas Ideas, PCN y PDC. Eran necesarias 10 firmas para seguir con el proceso de reforma constitucional, la cual fue aprobada con dispensa de trámite.
El jefe de la fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, consideró que «es un honor entrar en la historia y estar del lado y para siempre de los buenos salvadoreños».
