Política
Alcaldes buscan obtener $1,000 Mills., la mitad del préstamo que el Ejecutivo solicita para atender la emergencia nacional por COVID-19
$1,000 millones es la cifra que los alcaldes de la Asociación Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (Comures) quieren como parte de los fondos que pide el Gobierno a la Asamblea Legislativa para atender la emergencia por la pandemia de coronavirus.
En un monto inicial, el gobierno planteó la necesidad a los diputados de $2,000 millones para atender todo lo relacionado a la emergencia.
De esa cifra dijo el alcalde de Mejicanos por el FMLN, Simón Paz, que ellos como ediles municipales necesitan la mitad.
“Nosotros le planteamos a los alcaldes, y como alcaldes hemos dicho a las diferentes fracciones que de aprobarse y estamos a favor de los $2,000 millones, pero que de ese dinero venga un porcentaje para los gobiernos municipales porque somos los que sufrimos los embates de cualquier situación por eso es que como Comures hemos pedido a la Asamblea el 50%”, dijo Paz a la radio YSKL.
El gobierno y algunos diputados disidentes de ARENA han advertido de “pactos oscuros” o incluso de “soborno” (palabras de la diputada Felissa Cristales) para señalar que hay un nuevo acuerdo entre areneros y efemelenistas
De acuerdo con fuentes legislativas ya existía un acuerdo para aprobar la autorización y que el ministerio de Hacienda busque esos recursos, pero de último minuto los partidos incluyeron nuevas disposiciones que obligaron a GANA y a representantes del Ejecutivo a levantarse de la mesa.
En el acuerdo, los partidos habrían incluido a gremiales empresariales y tanques de pensamiento para el manejo del dinero.
Según el diputado de GANA, Numan Salgado, una parte de los fondos van para las alcaldías y el resto sería “manejado por un comité liderado por la ANEP y FUSADES”, indicó vía Twitter.
“Hemos visto a una empresa privada ayudando a los salvadoreños, están pagando salarios de personas que están en sus casas, creo que hay que involucrar a todo mundo y aquí estamos involucrando funcionarios, los más cercanos son los alcaldes, la academia, la empresa privada y a todo mundo para que ayude”, dijo el jefe de fracción de ARENA.
Según ha trascendido en la propuesta de comité estarían otros como la Cámara de Comercio, la Escuela Superior de Economía (ESEN) y la UCA.
El impase mantiene pendiente la búsqueda de recursos antes de que la situación del coronavirus a nivel mundial empeore.
Por su parte, el presidente Nayib Bukele al enterarse que se posponía la plenaria por falta de acuerdo, tuiteó: “Cada segundo qué pasa hay menos liquidez en el mercado internacional, menos inversionistas dispuestos a comprar bonos de países en desarrollo y menos insumos y equipo médico disponible, aún pagándolo. Señores diputados, entiendan: ESTA NO ES UNA EMERGENCIA LOCAL, SI NO MUNDIAL.”
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
