Política
Acuerdan cárcel y multa por lanzar, abandonar residuos o desechos en lugares públicos
La comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa dictaminó favorable a un pliego de reformas al Código Penal y la Ley del Medio Ambiente para castigar con cárcel o multa económica a quienes lancen o abandonen residuos o desechos en lugares públicos.
Los dictámenes favorables emitidos por separado por la mesa legislativa de trabajo ocurren luego de que los diputados escucharan la opinión de funcionarios de la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el ministerio de Medio Ambiente.
Uno de los dictámenes votados reforma artículos al Código Penal para sancionar con multas de $1,500, imponer penas que van de uno a tres años de prisión o el cierre de la empresa infractora para quienes lancen o abandonen más de dos libras de residuos o desechos de cualquier clase en lugares públicos.
Las penas de prisión se establecen por el impacto que la acción generada por persona natural o jurídica tenga en el medio ambiente del país.
Los diputados también dictaminaron favorable a un pliego de reformas a la ley de medio ambiente agregando un nuevo artículado relacionado con sanciones pecuniarias.
El capítulo denominado procedimiento administrativo sancionatorio para la disposición indebida de residuos y desechos crea los artículos 98 A, 98 B y 98 C.
El nuevo articulado en la legislación ambiental establece una multa de $20 para aquellos que lancen o dejen abandonados desechos o residuos en lugares públicos y cuyo peso sea menor o igual a dos libras.
La multa económica podrá ser reducida o incrementada si en un plazo de seis meses el infractor no la paga, además su no cancelación dará inicio a la acción penal correspondiente y a que se le niegue al infractor la solvencia policial.
«Es posible que nuestro país esté más limpio y para ello estamos creando los mecanismos legales. Esa mala costumbre será ahora castigada», ponderó Carlos Bruch, diputado de la bancada cian.
Nuevas Ideas ha sido el impulsor de estas enmiendas al interior del congreso en un intento por frenar la contaminación ambiental en el país generada por el manejo irresponsable de la basura por parte de personas naturales y jurídicas.
Los dictámenes favorables y los proyectos de decreto que contiene las reformas al Código Penal serán conocidos mañana en la sesión plenaria.
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, afirmó que el candidato presidencial del partido para las elecciones de 2027, Rafael Aguirre, está “entregado a la causa” y a los salvadoreños.
Durante la entrevista Hablando Claro, Flores expresó que Aguirre mantiene un compromiso con la población. “El doctor (Rafael Aguirre) no es que esté sacrificándose como sacrificio, pero el doctor está entregando su alma a este pueblo”, manifestó.
Asimismo, señaló que la candidatura presidencial de Aguirre es resultado de la decisión del partido de impulsar un proceso de ciudadanización.
El dirigente también aseguró que la postulación de Aguirre representa una esperanza para el FMLN, al considerar que se trata de “un excelente médico” que ha representado la lucha de distintos gremios, especialmente del sector salud, junto con Madaí Santos, candidata a la vicepresidencia.
“El FMLN ve en el doctor Aguirre un aliado, una persona con capacidad de sacar adelante este país, a todos los sectores, a la juventud, las mujeres, los adultos mayores, los emprendedores, porque se trata de no dejar a nadie afuera, incluso a los opositores”, afirmó Flores.
Además, sostuvo que, de ganar Aguirre la elección presidencial, por primera vez la población tendría “representantes verdaderos” y aseguró que el FMLN respaldará esa gestión.
En relación con la candidata a la vicepresidencia, Madaí Santos, Flores indicó que es una luchadora con principios y sostuvo que, junto con Rafael Aguirre, conforman una “fórmula fuerte”.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que desarrolló la segunda prueba interna del proceso de escrutinio preliminar, un ejercicio técnico orientado a evaluar los tiempos de ejecución y continuar perfeccionando los procedimientos que serán aplicados durante la jornada de las elecciones de 2027.
Según el organismo electoral, la evaluación se llevó a cabo en un solo centro de trabajo con dos Juntas Receptoras de Votos (JRV), lo que permitió medir de forma controlada los tiempos del proceso de escrutinio preliminar y recopilar información para optimizar la transmisión centralizada de resultados.
A través de un comunicado, la presidenta del TSE, Roxana Soriano, explicó que uno de los principales objetivos es responder a los desafíos identificados en procesos anteriores y facilitar el trabajo de quienes integran las Juntas Receptoras de Votos.
“Uno de los principales objetivos es responder a los desafíos identificados en procesos anteriores. Sabemos que detrás de cada Junta Receptora de Votos hay personas que dedican largas horas de trabajo al servicio de la democracia, y nuestro compromiso es brindarles mejores herramientas para que esa responsabilidad pueda desarrollarse de manera más ágil y eficiente”, expresó Soriano.
El TSE indicó que esta actividad corresponde a la segunda prueba de seguimiento del primer ejercicio realizado semanas atrás, mediante el cual se validó el funcionamiento general de los sistemas, la logística, los protocolos de contingencia y los procedimientos operativos en distintos puntos del país.
Asimismo, Soriano señaló que cada ejercicio representa una oportunidad para fortalecer la preparación institucional antes de los simulacros abiertos contemplados en el calendario electoral.
“Este trabajo nos permitirá llegar a los simulacros abiertos previstos en el calendario electoral con una mejor preparación y seguir construyendo una jornada electoral ordenada, transparente y a la altura de la confianza que la ciudadanía deposita en el Tribunal Supremo Electoral”, afirmó.
La Asamblea Legislativa aprobó una nueva prórroga de 30 días para el Régimen de Excepción, medida que entrará en vigor el 30 de julio de 2026 y permanecerá vigente hasta el 28 de agosto del mismo año.
Con esta decisión, se mantienen suspendidas algunas garantías constitucionales relacionadas con el plazo de la detención administrativa, el derecho de defensa en determinadas etapas procesales y la inviolabilidad de las telecomunicaciones, conforme al marco legal del régimen.
La aprobación se realizó durante la sesión plenaria número 120, en la que los diputados que respaldaron la iniciativa señalaron que la medida busca dar continuidad a las estrategias de seguridad implementadas para combatir las estructuras criminales y preservar la tranquilidad de la población.
Asimismo, legisladores oficialistas reiteraron su respaldo al presidente Nayib Bukele y afirmaron que continuarán apoyando las acciones orientadas a mantener la seguridad y la paz en el país.
