Política
Acuerdan cárcel y multa por lanzar, abandonar residuos o desechos en lugares públicos
La comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa dictaminó favorable a un pliego de reformas al Código Penal y la Ley del Medio Ambiente para castigar con cárcel o multa económica a quienes lancen o abandonen residuos o desechos en lugares públicos.
Los dictámenes favorables emitidos por separado por la mesa legislativa de trabajo ocurren luego de que los diputados escucharan la opinión de funcionarios de la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el ministerio de Medio Ambiente.
Uno de los dictámenes votados reforma artículos al Código Penal para sancionar con multas de $1,500, imponer penas que van de uno a tres años de prisión o el cierre de la empresa infractora para quienes lancen o abandonen más de dos libras de residuos o desechos de cualquier clase en lugares públicos.
Las penas de prisión se establecen por el impacto que la acción generada por persona natural o jurídica tenga en el medio ambiente del país.
Los diputados también dictaminaron favorable a un pliego de reformas a la ley de medio ambiente agregando un nuevo artículado relacionado con sanciones pecuniarias.
El capítulo denominado procedimiento administrativo sancionatorio para la disposición indebida de residuos y desechos crea los artículos 98 A, 98 B y 98 C.
El nuevo articulado en la legislación ambiental establece una multa de $20 para aquellos que lancen o dejen abandonados desechos o residuos en lugares públicos y cuyo peso sea menor o igual a dos libras.
La multa económica podrá ser reducida o incrementada si en un plazo de seis meses el infractor no la paga, además su no cancelación dará inicio a la acción penal correspondiente y a que se le niegue al infractor la solvencia policial.
«Es posible que nuestro país esté más limpio y para ello estamos creando los mecanismos legales. Esa mala costumbre será ahora castigada», ponderó Carlos Bruch, diputado de la bancada cian.
Nuevas Ideas ha sido el impulsor de estas enmiendas al interior del congreso en un intento por frenar la contaminación ambiental en el país generada por el manejo irresponsable de la basura por parte de personas naturales y jurídicas.
Los dictámenes favorables y los proyectos de decreto que contiene las reformas al Código Penal serán conocidos mañana en la sesión plenaria.
El politólogo Óscar Martínez Peñate reiteró ayer que la población eliminará, a través de su voto en los comicios generales de 2027, al FMLN y ARENA como partidos políticos.
Inicialmente planteó que el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI, del cual es integrante, solicitaría al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la cancelación de ambos partidos, pues varios de sus dirigentes negociaron con las pandillas para tener respaldo en las urnas.
«Como Círculo de Reflexión Política Siglo XXI decidimos que no le vamos a quitar ese privilegio y derecho a la población, para que sea quien elimine a estos dos partidos, en las elecciones de 2027, por todo el daño que le han causado a El Salvador», reafirmó.
Ernesto Muyshondt, de ARENA, yasí como Benito Lara y Arístides Valencia, del FMLN, en su calidad de diputados se reunieron con pandilleros y negociaron el respaldo de las estructuras criminales para los comicios presidenciales de 2014, según investigación de la Fiscalía General de la República. Ya fueron dictadas sentencias por ese delito.
Los dos partidos gobernaron de 1989 a 2019, y ahora carecen de la preferencia ciudadana, según mostró la última encuesta de CID Gallup.
«No queremos quitarle la maravillosa oportunidad al pueblo salvadoreño de que vayan a las urnas y lo hagan de mano propia (eliminar a ARENA y FMLN)», declaró también el abogado Aldo Álvarez, integrante del Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
Opinión | Óscar Martínez Peñate
Politólogo
Este artículo fue publicado originalmente por Diario El Salvador.
La Asamblea Legislativa aprobó ayer la Ley de Fomento para el Uso de la Energía Renovable, propuesta por el Ejecutivo, para contribuir con la sostenibilidad de la matriz energética de El Salvador brindando alternativas innovadoras a los ciudadanos para la satisfacción de sus necesidades en cuanto al servicio básico de electricidad.
La normativa, que consta de 15 artículos y fue respaldada por los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, busca «el fomento en la instalación de sistemas o equipamientos de generación de energía eléctrica producida por fuentes renovables, ya sea convencionales o no, así como para su almacenamiento y posible reinyección a la red de distribución».
Incentiva actividades económicas como la importación, la venta o la comercialización de sistemas o equipamientos de generación de energía eléctrica producida por fuentes renovables convencionales o no, la adquisición y la instalación de los referidos equipos para autoconsumo de los usuarios finales y el servicio de mantenimientos de estos.
Los usuarios finales de este tipo de energía gozarán de incentivos fiscales durante un período de 10 años por la importación, la comercialización, la instalación y el mantenimiento de los sistemas de generación de energía con fuentes renovables, que quedarán eximidos de todo gravamen.
La Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget) regulará los requisitos y procedimientos que deberán cumplir tanto los proveedores como los usuarios. La Defensoría del Consumidor, por su parte, se encargará de velar porque los beneficios otorgados a las empresas se reflejen en los precios al usuario.
El Salvador tiene vigente la Ley de Incentivos Fiscales para el Fomento de las Energías Renovables en la generación de electricidad, pero la nueva normativa establece «beneficios fiscales claros, los derechos de los usuarios finales y las obligaciones de estos».
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
