Política
Acuerdan cárcel y multa por lanzar, abandonar residuos o desechos en lugares públicos
La comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa dictaminó favorable a un pliego de reformas al Código Penal y la Ley del Medio Ambiente para castigar con cárcel o multa económica a quienes lancen o abandonen residuos o desechos en lugares públicos.
Los dictámenes favorables emitidos por separado por la mesa legislativa de trabajo ocurren luego de que los diputados escucharan la opinión de funcionarios de la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el ministerio de Medio Ambiente.
Uno de los dictámenes votados reforma artículos al Código Penal para sancionar con multas de $1,500, imponer penas que van de uno a tres años de prisión o el cierre de la empresa infractora para quienes lancen o abandonen más de dos libras de residuos o desechos de cualquier clase en lugares públicos.
Las penas de prisión se establecen por el impacto que la acción generada por persona natural o jurídica tenga en el medio ambiente del país.
Los diputados también dictaminaron favorable a un pliego de reformas a la ley de medio ambiente agregando un nuevo artículado relacionado con sanciones pecuniarias.
El capítulo denominado procedimiento administrativo sancionatorio para la disposición indebida de residuos y desechos crea los artículos 98 A, 98 B y 98 C.
El nuevo articulado en la legislación ambiental establece una multa de $20 para aquellos que lancen o dejen abandonados desechos o residuos en lugares públicos y cuyo peso sea menor o igual a dos libras.
La multa económica podrá ser reducida o incrementada si en un plazo de seis meses el infractor no la paga, además su no cancelación dará inicio a la acción penal correspondiente y a que se le niegue al infractor la solvencia policial.
«Es posible que nuestro país esté más limpio y para ello estamos creando los mecanismos legales. Esa mala costumbre será ahora castigada», ponderó Carlos Bruch, diputado de la bancada cian.
Nuevas Ideas ha sido el impulsor de estas enmiendas al interior del congreso en un intento por frenar la contaminación ambiental en el país generada por el manejo irresponsable de la basura por parte de personas naturales y jurídicas.
Los dictámenes favorables y los proyectos de decreto que contiene las reformas al Código Penal serán conocidos mañana en la sesión plenaria.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
