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Nacionales

Vigilante de un almacén es acusado de hurtar artículos de una bodega

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Un vigilante identificado como Héctor C. de 86 años de edad, es acusado de hurtar artículos de una bodega valorados en $4,576.

Luego de terminar su turno nocturno en una bodega de un almacén en Apopa el vigilante hurtó lámparas, mini radios, ventiladores, vasos de licuadoras y hasta una sierra. Sus jefes lo descubrieron infraganti y sospechan que lo hacía desde hace tres años.

Héctor comenzó trabajando como bodeguero y con el paso del tiempo se convirtió en vigilante de la bodega del almacén. Sin embargo, José (nombre cambiado por protección), el dueño del establecimiento, comenzó a percatarse que varias cosas comenzaron desaparecer y por ser el único en el lugar comenzaron a sospechar de él por lo que montaron un operativo para descubrir al verdadero ladrón.

Todo ocurrió cuando uno de los encargados de la bodega le comentó a Roxana (nombre modificado), la hija de José, que en la bodega hacían falta diversos artículos que no concordaban con el listado del inventario. Ambos extrañados comenzaron a investigar a las personas que tenían contacto con el lugar hasta llegar a concluir que podría ser Héctor.

Una de las pesquisas que llevaron a tal conclusión fue que las cosas desaparecían en horas de la mañana, antes de que el local abriera y de que Héctor terminara su jornada nocturna. La mujer comenzó a ingeniar un plan para poder descubrirlo, necesitaba pruebas suficientes para inculparlo. El operativo consistía en vigilar a Héctor por tres días.

Según el expediente judicial,  fue el 2, 3 y 4 de octubre del 2015 cuando descubrieron el modo de operar que tenía el vigilante, el cual consistía en tomar la mayor cantidad del botín durante la soledad de su turno para luego ir a esconderlo en un pequeño cuarto donde descansaba afuera del edificio.

Con las pruebas, ambos fueron donde José y le explicaron lo que había pasado por lo que decidieron abordarlo al día siguiente antes de que se fuera del establecimiento; todo esto fue ejecutado sin que el vigilante sospechara de los movimientos en su contra.

Eran las 7:00 de la mañana del 5 de octubre. “Lo vamos a registrar”, dijo José con autoridad, mientras que Héctor se dio por descubierto. Puso en el piso una bolsa plástica negra y para su sorpresa encontraron un par de lámparas de mano, una sierra, memorias microSD, varias herramientas y extensiones eléctricas. Según los dueños del establecimiento, el monto por estos artículos hacía un total de $275.

El dueño llamó a la Policía y cuando los agentes llegaron Héctor no sabía qué hacer. Al verse acorralado decidió confesar su delito, pero suplicó que no lo llevaran a la cárcel; ante la petición del afligido, José le dijo que una de las alternativas era seguir trabajando para él, pero que le descontaría de su salario hasta que saldara su cuenta.

El vigilante le explicó que aceptaría la oferta, pero que en los próximos días le entregarían un dinero con el cual terminaría de cancelar la deuda, sin embargo, esto nunca pasó por lo que fue arrestado días después.

José y sus trabajadores volvieron hacer un inventario y determinaron que por tres años el vigilante había hurtado decenas de artículos que hicieron un total de $4,576; mini radios, ventiladores, vasos de licuadoras eran una de tantas cosas que supuestamente se extraviaron.

En la audiencia preliminar, la defensa de Héctor cuestionó la falta de investigación que había realizado la Fiscalía General de la República (FGR) ante las pruebas presentadas por el dueño del establecimiento y puso en duda sobre el número de  personas que tienen acceso al material en esa bodega.  “¿Por qué si mi representado hurtaba a diario por qué razón no lo denunció en su momento?”, discutió.

El caso pasó a la última instancia y será el juzgado Sexto de sentencia de San Salvador, quien determinará el futuro jurídico de Héctor.

Lea nota original: elsalvadortimes.com

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Judicial

¡35 AÑOS DE CÁRCEL! Dos hombres son condenados por asesinar a su compañero de tragos tras una discusión en La Libertad

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Dos hombres fueron condenados a 35 años de prisión por el asesinato de una persona con quien compartían bebidas alcohólicas en el distrito de Chiltiupán, municipio de La Libertad Costa. La Fiscalía General de la República (FGR) informó que los responsables fueron identificados como Germán Majano y Rubis Misael Palma Escobar, quienes enfrentaron un proceso judicial por el crimen.

De acuerdo con las investigaciones fiscales, los condenados se encontraban departiendo con la víctima cuando se produjo una fuerte discusión. El altercado escaló hasta convertirse en una agresión física, luego de que ambos hombres se abalanzaran sobre su acompañante y lo inmovilizaran, impidiéndole defenderse.

La Fiscalía estableció que, durante el ataque, los agresores utilizaron una piedra para golpear repetidamente a la víctima, provocándole lesiones que le ocasionaron la muerte. Tras cometer el crimen, los responsables huyeron del lugar con la intención de evitar su captura. Sin embargo, las investigaciones permitieron identificarlos y posteriormente fueron detenidos para enfrentar el proceso penal correspondiente.

El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla impuso una pena de 35 años de cárcel a los responsables, luego de valorar las pruebas presentadas durante el juicio. Con esta resolución, la Fiscalía logró una sentencia condenatoria por el homicidio ocurrido en Chiltiupán, cerrando una etapa del proceso judicial relacionado con este hecho de violencia.

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Nacionales

¡ATENCIÓN, CONDUCTORES! CAM NOTIFICA A DUEÑOS DE VEHÍCULOS ABANDONADOS EN LA RÁBIDA Y ADVIERTE SOBRE POSIBLES MULTAS

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El Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) de San Salvador Centro realizó acciones de notificación a propietarios de vehículos en aparente estado de abandono en la colonia La Rábida, como parte de los esfuerzos municipales para recuperar los espacios públicos y mejorar la circulación vehicular y peatonal en la capital salvadoreña.

La intervención busca que los propietarios retiren voluntariamente los automotores que permanecen estacionados durante períodos prolongados en calles y otros espacios públicos. Estas acciones forman parte del Plan San Salvador Centro Ordenado y Seguro, mediante el cual la municipalidad desarrolla inspecciones y procedimientos para reducir las obstrucciones que afectan la movilidad y el uso adecuado de las vías.

De acuerdo con la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana de San Salvador Centro, los propietarios de vehículos considerados abandonados pueden enfrentar multas de entre $51 y $900. La normativa establece que un automotor puede ser clasificado en esa condición cuando permanece estacionado sin interrupción durante 30 días o más. Tras recibir la notificación correspondiente, el dueño dispone de 72 horas para retirarlo voluntariamente; de lo contrario, las autoridades municipales pueden proceder a su remoción mediante grúa, siguiendo el procedimiento legal.

La Alcaldía de San Salvador Centro mantiene estas intervenciones en diferentes colonias y comunidades con el objetivo de recuperar calles, aceras y otros espacios de uso colectivo. Además de las posibles sanciones económicas, los propietarios pueden asumir los gastos derivados del traslado y resguardo de los vehículos retirados. Las autoridades reiteran la importancia de atender las notificaciones y evitar que automotores sin uso permanezcan abandonados en la vía pública.

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Judicial

¡BIENES DEL EXFISCAL LUIS MARTÍNEZ PODRÍAN PASAR AL ESTADO! Juzgado admite pruebas por presunto origen ilícito

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El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio de San Salvador admitió las pruebas presentadas en un proceso judicial que busca transferir al Estado varios bienes vinculados al exfiscal general de la República, Luis Antonio Martínez González. La Fiscalía General de la República (FGR) pretende demostrar que las propiedades y vehículos investigados están relacionados con presuntas actividades ilícitas cometidas durante la administración del exfuncionario, quien dirigió la institución entre diciembre de 2012 y diciembre de 2015.

De acuerdo con la información del proceso, la acción de extinción de dominio comprende seis inmuebles y 11 vehículos relacionados con ocho personas afectadas. Entre las propiedades señaladas figuran dos inmuebles ubicados en La Libertad y un automóvil Chevrolet registrados a nombre de Martínez. La investigación también incluye otros cuatro inmuebles situados en La Libertad, San Salvador y Sonsonate, además de diez vehículos de diferentes marcas, entre ellos tres BMW y dos Porsche, algunos vinculados a exfuncionarios de la Fiscalía.

La FGR sostiene que los bienes podrían tener relación con delitos como lavado de dinero y activos, enriquecimiento ilícito y la utilización de recursos de procedencia irregular. Según las investigaciones, durante la gestión de Martínez habría funcionado una presunta estructura de corrupción integrada por funcionarios y particulares que supuestamente participaron en operaciones para ocultar el origen de determinados bienes. Las indagaciones también señalan posibles irregularidades en el manejo de fondos provenientes de decomisos, gastos institucionales y beneficios recibidos de terceros.

La admisión de las pruebas representa un avance en el proceso, pero no significa que los bienes hayan pasado definitivamente a manos del Estado. Será durante la audiencia de sentencia cuando el tribunal valore los elementos presentados por las partes y determine si procede la extinción de dominio. La resolución establecerá el destino de las propiedades y vehículos investigados, en un expediente relacionado con las presuntas irregularidades atribuidas a la administración del exfiscal general.

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