Nacionales
UCA afirma que FGR quiere policía para proteger a exfiscales y no un grupo de investigación
La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) en su editorial de este lunes confirma que la Fiscalía General de la República (FGR) necesita de reformas, pero no las que quiere el fiscal General de la República, Raúl Melara.
La UCA resalta el nombramiento de Melara que fue un nombramiento político y que la institución tiene unas grandes deficiencias en la investigación y sobre las pocas condenas que consiguen en los tribunales, por lo que impera la impunidad por el centralismo autoritario, como también la mala relación que la FGR tiene con la Policía Nacional Civil (PNC) en casos de suma importancia.
De igual forma la tendencia a aceptar sin crítica la información policial sobre delitos sin mayor repercusión social son algunas de las múltiples deficiencias de la institución. Sin embargo, la propuesta de reforma presentada por el fiscal general no solo es incompleta, sino que entraña peligros para el respeto a los derechos humanos.
Según la UCA, la jerarquía en la institución da muy poco margen a la autonomía de los procedimientos internos: el Tribunal Fiscal y la Inspectoría tienen una exagerada dependencia del fiscal general, y más aún los responsables de áreas especializadas. En la propuesta de reforma, simplemente se refirman estos errores.
En esa misma línea se dice que si bien la mejora de la investigación fiscal es indispensable, la idea de crear el Cuerpo Técnico de Investigación Criminal no apunta a otra cosa que a una policía alternativa. En vez de ser un cuerpo de investigadores especializados, la propuesta los caracteriza como simples policías, adaptados y obedientes al mandato de los fiscales e incluso con posibilidad de acciones encubiertas.
Pese a que una de las debilidades más marcada de la Fiscalía está en la investigación compleja, no solucionará nada crear un grupo dotado de armas de guerra y que, además, se encargará de proteger a los ex fiscales generales. Por esto último, este grupo parece más una Guardia de Corps que un grupo de investigación.
En el editorial la UCA también señala la pretensión del fiscal general de subir a tres años el plazo de imposición de medidas, pero quien va a indemnizar a los que resulten inocentes y hayan estado tres años presos ¿Será que el fiscal general va a indemnizar a los que resulten inocentes? Por lo que la pronta justicia como mandato constitucional no parece interesarle en absoluto a la FGR.
Por lo cual la UCA hace un llamado a la Asamblea Legislativa que sea sensible a los derechos constitucionales sobre la “disparatadas” reformas fiscales que se están proponiendo.
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Accidente en la carretera a Ilobasco: un vehículo cae a un barranco y otro impacta contra una champa en Andrómeda
Nacionales
¡Escándalo en San Salvador! Denuncian a directiva por supuestamente adueñarse de una calle pública
Una denuncia ciudadana ha generado polémica en San Salvador, luego de que un habitante señalara a una directiva comunitaria por presuntamente apropiarse de una calle de uso público. Un ciudadano denuncia que una directiva se apropió de una calle pública entre Sisimiles y San Antonio Abad, en San Salvador. El señalamiento ha puesto sobre la mesa una situación que preocupa a muchos salvadoreños: las restricciones impuestas por particulares en espacios que deberían estar disponibles para la libre circulación de la población.
Un ciudadano denuncia que una directiva se apropió de una calle pública entre Sisimiles y San Antonio Abad, en San Salvador.
Según el video que circula, solo permiten el paso a quienes viven en las residencias de la zona y bloquean el tránsito libre.
¿Qué opinas de que particulares tomen el control de una vía de dominio público?
#CronioSV #SanSalvador #VíaPública #ElSalvador
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 11, 2026
El denunciante cuestiona que una directiva pueda ejercer control sobre una vía que, según su versión, pertenece al espacio público. Sin embargo, para determinar si existe una ocupación irregular, las autoridades deben verificar la condición legal de la calle, las restricciones denunciadas y si existe alguna autorización municipal. Hasta el momento, no se ha podido confirmar una resolución oficial que establezca responsabilidades contra los señalados.
El caso vuelve a encender el debate sobre quién tiene derecho a controlar las calles de San Salvador. La Alcaldía de San Salvador Centro ha desarrollado operativos para retirar obstáculos colocados en espacios públicos y recuerda que impedir la libre circulación puede constituir una infracción sancionable con multas de entre $51 y $900. La denuncia plantea ahora una pregunta: ¿deben las autoridades intervenir cuando una directiva vecinal restringe el uso de una calle que los ciudadanos consideran pública?
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Última hora: bus de la ruta 111 se incendia por desperfectos mecánicos en carretera a Ilobasco
Un autobús de la ruta 111 se incendió este domingo debido a desperfectos mecánicos en el kilómetro 45.5 de la carretera que conduce hacia Ilobasco, en el sector de Cabañas Oeste (cantón Cerro Colorado, distrito de Ilobasco).
Según la información preliminar, el incidente solo dejó daños materiales y no se reportan personas lesionadas. Elementos del Cuerpo de Bomberos atendieron la emergencia y realizaron las labores de extinción para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara.
El paso vehicular permanece restringido en la zona mientras se completan las labores de atención. Se recomienda a los conductores circular con precaución por el sector y, de ser posible, utilizar rutas alternas.
La rápida respuesta de los equipos de emergencia permitió controlar la situación sin que hubiera heridos.
