Nacionales
Técnicas del MARN violan la Ley para conceder autorización a empresa de Salume
Tomado de La Noticia SV
Continúan los señalamientos en contra de la alcaldesa de Soyapango, Nercy Montano y de personal técnico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) por estar encaminando sus actuaciones con el fin de favorecer ilegalmente una empresa propiedad del Sr. Salume que administra el botadero municipal del Puerto de La Libertad.
De acuerdo a una fuente al interior de la municipalidad de Soyapango, la alcaldesa juntamente con familiares cercanos negociaron trasladar el contrato por la disposición final de la basura a favor de la empresa PULSEM, propiedad de Salume; esta negociación cuyos términos de fondo se desconocen al menos en parte del Concejo Municipal, se da al momento en que PULSEM ha sido cuestionada por haber estado brindando a otras municipalidades servicios fuera de la capacidad para recepción de basura que le fue autorizada por el MARN, durante los años 2017 y 2018.
El principal caso fue el de la municipalidad de Santa Tecla, que durante la administración del Exalcalde Roberto d’Aubuisson del partido ARENA, contrató la empresa PULSEM a pesar que ésta ocultó que solamente contaba con permiso para dar disposición final a 42 toneladas diarias de basura, cuando la alcaldía tecleña trasladaba unas 160 toneladas diaria de basura al sitio. Por estos hechos la Corte de Cuentas de la República (CCR) sancionó al Exalcalde y su concejo municipal por graves reparos patrimoniales. Sin embargo, a pesar de esa resolución la actual administración municipal de Santa Tecla no aplicó la ley de contrataciones del Estado, que establece la inhabilitación por cinco años a quienes invoquen hechos falsos para recibir contratos, sino que le brindó un nuevo contrato a Salume cuyo valor era casi $7 dólares más alto por tonelada de basura recibida que el otro ofertante.
Técnica del MARN pretende “brincarse” la ley.
La misma fuente informó a este medio que la empresa PULSEM, que en el año 2011 siendo Viceministra del MARN Lina Pohl, hoy prófuga de la justicia, recibió una modificación al permiso ambiental para pasar de relleno manual (20 toneladas de basura por día) a relleno semimecanizado (42 toneladas de basura por día) sin realizar un Estudio de Impacto Ambiental; ahora está a punto de ser favorecido por las técnicas ambientales María Fernanda González y Luisa María Cañas Villacorta, quienes pretenden emitir un dictamen técnico autorizando un aumento para pasar a recibir 1 mil toneladas diarias de basura, sin cumplir con los procedimientos que establece la Ley de Medio Ambiente.
Consultado el abogado ambientalista Edgar Lemus, sobre la procedencia y legalidad en las actuaciones del personal del MARN, manifestó que “ningún funcionario o autoridad está por encima de la ley y menos para favorecer los intereses particulares de un empresario, destacando que la Ley de Medio Ambiente requiere para la modificación de cualquier proyecto y especialmente los que tienen relación con el manejo, tratamiento y disposición final de la basura de la presentación de un formulario ambiental para que se generen los términos de referencia sobre los que se ha de producir el Estudio de Impacto Ambiental, mismo que debe ser dispuesto en consulta pública ante las comunidades que podrán verse afectadas por el proyecto o sus modificaciones. Por el contrario, acá el MARN no está protegiendo las comunidades y el medio ambiente, sino que se está saltando la ley para favorecer un negocio privado de Salume.”
El abogado Lemus también hizo de conocimiento que ha presentado una demanda ante la Sala de lo Constitucional para que evalúe si el permiso ambiental entregado a la empresa de Salume, con las modificaciones de los años 2011 y 2018 son o no legales, pues existían pruebas de incumplimientos de medidas ambientales y a pesar de eso fue autorizada por Lina Pohl, primero como viceministra y luego ministra del MARN. También cuestionó que las Directoras de Gestión Ambiental del MARN, primero Manlia Romero y luego Celina Monterrosa no hayan tomado en cuenta los informes y consultas ciudadanas que cuestionaban la autorización del relleno sanitario en la zona protegida del bosque Walter Thilo Deininger y la afectación de las reservas de agua superficiales y subterráneas de la zona. “Acá pueden haber hechos de corrupción por parte de exfuncionarios y tomando en cuenta la reforma penal que evita que tales hechos prescriban el abogado manifestó que presentará en los próximos días las denuncias correspondientes para que se investigue y se llegue a la verdad sobre la legitimidad o no de esas autorizaciones”. Concluyó.
Principal
Cuatro centros escolares se renuevan con una inversión cerca a los 7 millones de dólares
La renovación de escuelas públicas continúa a nivel nacional con el programa Dos Escuelas por Día, algunas de ellas han necesitado más inversión para solucionar las necesidades de cada espacio y dejar ambientes apropiados para los niños y adolescentes, entre ellas cuatro centros educativos se modernizan con un financiamiento cerca a los 7 millones de dólares.
El Centro Escolar Cantón Dulce Nombre de San Pedro Masahuat, ubicado en La Paz Oeste tiene un monto de inversión de 1.1 millón para renovarlo, mientras que la Escuela Escolar La Rosa Blanca, ubicada en San Salvador Centro tiene una financiamiento de 1.9 millones.
Igual cantidad de 1.9 millones tiene destinada la Escuela de Educación Parvularia Profesora Berta Arlina Molina en Apopa, San Salvador Oeste y el Centro Escolar 5 de Noviembre en San Salvador Centro también se está modernizando con un costo de 1.9 millones de dólares.
Con esta inversión se beneficiarán más de 1,169 alumnos en los cuatro centros educativos desde inicial, parvularia hasta educación básica. Del Centro Escolar Cantón Dulce Nombre se encuentran matriculados 147 alumnos, mientras que de la Escuela Escolar La Rosa Blanca son 192 estudiantes.
Por su parte, que mayor escolaridad reporta es la Escuela de Educación Parvularia Profesora Berta Arlina Molina de Apopa con 503 estudiantes y el Centro Escolar 5 de Noviembre con 327 matriculados.
Principal
El Onasevi registra más de 8,700 accidentes viales
De acuerdo con el Observatorio Nacional de Seguridad Vial (Onasevi), hasta el 14 de mayo se reportan 8,734 siniestros viales; de esos, 5,889 lesionados y 549 muertos.
Del 1. ° de enero hasta el 14 de mayo de 2026, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial (Onasevi) registra 8,734 accidentes de tránsito en el país. La cifra representa 1,251 casos más que en el mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 7,483, lo que equivale a un incremento del 17 %.
De acuerdo con el informe, la tendencia al alza también se refleja en el número de personas lesionadas, ya que en 2025 se reportaron 4,669 heridos, mientras que en 2026 la cifra ascendió a 5,889, es decir, 1,220 más, por lo que hay un aumento del 26 %. En cuanto a la mortalidad, también se reporta un incremento en las personas fallecidas, con 549 víctimas en lo que va de 2026, frente a 439 registradas el año pasado. Esto significa 110 muertes adicionales, equivalente a un alza del 25 %.
El reporte añade que los detenidos por conducción peligrosa aumentaron un 8 %, al pasar de 769 en 2025 a 829 en 2026, lo que indica que hay 60 casos más hasta el 14 de mayo. Por otra parte, la mayor cantidad de siniestros viales se concentra en San Salvador, con 2,952 casos, seguido de La Libertad con 1,224 y San Miguel con 1.016.
Principal
Autoridades destruyen cocaína, marihuana y metanfetamina
La Fiscalía General de la República informó que, en coordinación con la Policía, ha destruido diversos tipos de droga, correspondiente a decomisos realizados en la zona occidental y en el área metropolitana de San Salvador.
De acuerdo al detalle, lo incinerado fueron 3,245.26 gramos de marihuana, 53.26 gramos de cocaína y 32.1 gramos de metanfetamina, vinculados a 15 diferentes casos de decomiso.
El valor estimado de esta droga en el narcomenudeo es de $ 84,518.47, informó la Fiscalía.
«Además, se hizo efectiva la destrucción de muestras de droga correspondientes a 36 casos ya finalizados y que habían sido resguardadas para fines procesales de la Superintendencia de Regulación Sanitaria», agregó la institución investigadora.




