Sucesos
Personas que subían una vaca atropellada a un pickup mueren tras ser embestidas por un Policía
Cuatro personas murieron y dos más resultaron heridas tras ser embestidas cuando subían una vaca a un pick up por un vehículo que se conducía a exceso de velocidad en el cantón El Ciprés, Conchagua, La Unión.
La jefa de la División de Tránsito de la PNC, Verónica Uriarte, confirmó que el responsable de este hecho es un agente policial quien dijo va a responder por lo sucedido en la noche del domingo.
Al mismo tiempo la comisionada aclaró que el agente no se encontraba en estado de ebriedad, tal como se ha manifestado en redes sociales y en algunos medios de comunicación.
«Se quedó en el lugar y al realizar las pruebas se determinó que tenía cero grados de alcohol», remarcó Uriarte quien explicó que el agente quedó en libertad debido a que se quedó en el lugar de los hechos.
El reporte de la delegación de La Unión señala que el elemento policial responsable de los hechos está destacado en un puesto policial del referido departamento del oriente del país.
Asimismo se explicó que la poca visibilidad que este tenía en el vehículo en el que manejaba -estando de licencia- fue lo que provocó el hecho por el que murió al instante un hombre identificado como José Adalberto Díaz Parada.
Las otras tres personas han sido identificadas como Roberto Antonio Velásquez Flores de 54 años, Jesús del Cid y Alicia Díaz Hernández de 41 años, quienes murieron en un centro asistencial.
Según el informe, un grupo de cinco personas compraron una vaca que había sido atropellada por una rastra y cuando se disponían a subirla a un pick up fueron embestidos por un carro.
Bomberos informó el accidente fue causado por conducir a excesiva velocidad.
En el marco de la conmemoración del 188 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y El Salvador, la Embajada de México en El Salvador desarrolló ayer un conversatorio para reflexionar sobre la importancia de fortalecer estos lazos de cooperación entre los dos países. Ricardo Cantú Garza, embajador de México en El Salvador, comentó que este tipo de eventos sirve «para reconocer cuál ha sido su historia, sus orígenes y con base a eso actuar en el presente con mayor acierto para que las relaciones sigan mejorando».
La conferencia magistral estuvo a cargo de Mario Vásquez, secretario académico del Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México y Roberto Turcios, miembro de la Academia Salvadoreña de la Historia, quienes dieron detalles de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, desde sus primeros años.
Cristian Armando Jacobo Galdámez y José Manuel Calles Menjívar fueron condenados a 40 y 22 años de prisión, respectivamente, por delitos sexuales cometidos en Chalatenango Sur. Los abusos sucedieron durante los años 2017 al 2021.
«De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, Jacobo Galdámez era el vecino de la víctima y desde que ella tenía 10 años la abusó sexualmente. Las agresiones terminaron cuatro años después», explicó la fiscal del caso.
El imputado utilizaba la fuerza y mediante amenazas introducía a la menor a su casa para violarla.
«En cambio, Calles Menjívar era la pareja de un familiar cercano de la niña y aprovechaba de tocarla y violarla cuando visitaba a su abuela», dijo la fiscal.
A Jacobo Galdámez se le condenó a 20 años de prisión por el delito de violación en menor o incapaz continuada y otros 20 por el de agresión sexual en menor o incapaz continuada. Y a Calles Menjívar se le impuso 14 años por violación y ocho más por agresión sexual.
La pandillera Odaly Aracely Pineda Ochoa fue condenada a 16 años de prisión por haber extorsionado durante tres años a una víctima.
«En 2021, la imputada llegó al negocio de la víctima para exigirle el pago mensual de la extorsión a cambio de no atentar contra su vida ni la de sus familiares. Además, se identificó como integrante de la estructura criminal MS-13 para intimidarla y obligarla a entregar el dinero», señaló el fiscal del caso.
Los hechos ocurrieron en el distrito de Cuscatancingo, municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador. A causa del temor y las constantes amenazas, la víctima realizó los pagos de 2021 a 2024.
«Sin embargo, en este último año decidió denunciar los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones y emitir una orden administrativa de detención contra la imputada», detalló el fiscal.
Añadió que «durante la vista pública, la representación fiscal presentó abundante prueba testimonial, documental y pericial que demostró la responsabilidad de la acusada. El testimonio de la víctima fue clave para acreditar los hechos».
La condena fue determinada por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
