Sucesos
Control en puerto Bahía del Sol y puerto Barillas será cerrado por Migración a partir del 15 de mayo
A través de una carta y sin plasmar fundamento alguno, la directora general de Migración y Extranjería, Evelyn de los Ángeles Marroquín, comunicó que a partir del 15 de mayo cerrarán de manera definitiva el control migratorio marino situado en puerto Bahía del Sol y puerto Barillas, en el departamento de La Paz, afectando el comercio y turismo de la zona..
El estacionamiento de veleros cuenta desde hace 20 años con el control de migración que está -hasta el momento- instalado en los dos puertos antes mencionados.
“En velero son más de 10 horas de recorrido para llegar hasta esos puertos que la directora de Migración está instalando. Si alguien va a México, primero debe de ir hasta La Unión y después regresar para buscar la salida a ese país”, comentó el gerente del Hotel Bahía del Sol, Marcos Orantes.
Según lo relatado por Orantes, en el país ingresan entre 20 y 30 veleros mensualmente. Cada uno de estos deja por mes aproximadamente $2,500 en divisas, pero considera que con el cierre de ambos puertos de La Paz estarían ahuyentado el turismo, debido a la lejanía de los puertos ubicados en el oriente del país.
De clausurar los puertos de La Costa del Sol esto afectaría a más de 200 puestos de trabajo, pues los dueños de los veleros contratan personal para diferentes necesidades, entre ellas la limpieza de las embarcaciones, los cuidos y mantenimientos de estos, entre otras acciones que se requiere referente a este rubro.
La alarma de lo que implica el cierre de los puntos migratorios en la zona ha sido tal que los afectados se han unificado y han enviado una carta hasta al ministro de Turismo, Napoleón Duarte, y al ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, con el fin de encontrar una solución y, a la vez, evitar el proceso que ejecutará la DGME.
“Se agradecerá comunicar al personal bajo su cargo y a quienes considere conveniente el cierre de las operaciones en ese lugar, con la finalidad de evitar futuros inconvenientes en el control migratorio”, dice el comunicado de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME).
Para prestar una solución de los registros requeridos, la subcomisionada informó que desde el 16 de mayo funcionara un nuevo control migratorio, pero este estará disponible en el puerto de La Unión (antes conocido como Los Coquitos) y en la isla Meanguera del Golfo, ambas en el departamento de La Unión.
Actualmente, en el estero Jaltepeque (La Paz) se encuentran anclados unos 50 veleros. Esta cifra genera ingresos a las familias que habitan en la zona por la comercialización de alimentos u otros servicios que los turistas requieren, según indicó Orantes.
“Es una alarma bastante grande, porque muchos turistas ya tienen como destino estos puertos. No entendemos ni el motivo ni las razones del cierre y esto afecta a los pobladores”, dijo Orantes.
“Si el problema es que no tienen presupuesto para pagarle a una sola persona, que es la que permanece en el hotel, nosotros lo podemos pagar”, comentaron las autoridades del Hotel Bahía del Sol, sitio en donde el empleado de la DGME permanece y donde recibe alimentación diaria sin costo alguno.
El próximo lunes la gerencia del Hotel Bahía del Sol emitirá una conferencia de prensa, junto a la Cámara Salvadoreña de Turismo y del Comité de Turismo de La Costa del Sol, para dar a conocer más detalles referente al caso.
El Viceministerio de Transporte (VMT) multó con $750 al creador de contenido «Yeik» por varias infracciones a la Ley de Tránsito.
La institución sancionó al tiktoker luego de la circulación de un video en redes sociales donde el imputado ocasionó un siniestro vial donde colisionó contra otro motociclista.
Las multas fueron por conducir sin estar autorizado ($150); conducir haciendo uso del celular ($150); circular después de las 18 horas y antes de las 6 del día siguiente sin que el motociclista porte chaleco o implementos reflectivos ($150); circular sin placas ($150); conducir en zigzag ($100) y no portar tarjeta de circulación ($50).
Las autoridades también le decomisaron la motocicleta por circular sin placas ni tarjeta de circulación.
Tras conocer las sanciones, el titular del VMT, Nelson Reyes, reaccionó en su cuenta de la red X y escribió: «el respeto a la ley no es opcional. Quien ponga en riesgo la vida de los demás deberá responder por sus acciones. Seguiremos aplicando la normativa con firmeza para garantizar la seguridad vial de todos los salvadoreños».
A ocho años de prisión fue condenado José Alfredo Centeno Cantón, por el delito de tráfico ilegal de personas.
En el juicio, la Fiscalía General de la República estableció que fue detenido de forma infraganti transportando a 12 personas a quienes pretendía trasladar hasta Guatemala y con una promesa de llevarlos en «un viaje seguro» a Estados Unidos.
Centeno Cantón fue detenido el 15 de enero de 2024, en un retén que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habían instalado en el km 92 de la carretera Panamericana, caserío Paraje Galán, cantón San Vicente, de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
El plan del ahora condenado era dirigirse hacia un punto fronterizo no habilitado de la zona, para eludir los controles migratorios, ya que entre las personas que transportaba iban cinco menores de edad, los otros siete eran adultos.
En el proceso judicial se mencionó que todos viajaban en una camioneta, eso llamó la atención de los agentes policiales pues al ir sobrecargada y el nerviosismo que mostraron generó sospecha que podrían estar frente a un caso de tráfico de personas.
Ese control policial siempre ha sido estratégico ya que obligadamente se debe pasar por ese punto y por la ubicación los agentes con su experiencia pueden detectar cualquier irregularidad de los viajeros.
Llamó la atención que en una sola unidad de transporte fueran cinco menores sin ninguno de sus padres o familiares cercanos y que la custodia fuera a cargo de una persona que ni conocían.
Además, al ser entrevistado, hubo incongruencias en las respuestas de los adultos, así como de los niños, no portaban la respectiva documentación que asegura un registro legal en la frontera San Cristóbal, que era la más próxima al control vehicular donde fueron ubicados.
Con la información aportada por las víctimas, los agentes consultaron a sus superiores y luego a la Fiscalía General de la República para detener a Centeno Cantón y que le iniciaron el respectivo proceso penal.
En la fase de investigación el ministerio público obtuvo información de las víctimas, quienes confirmaron que iban hacia Estados Unidos y que los iban a pasar por un punto no habilitado hacia Guatemala.
El plan era que, del vecino país los iban a mover hacia la frontera con México donde serían entregadas a otras personas para continuar la ruta a Estados Unidos ya que ese fue el acuerdo pactado.
«El fiscal del caso dijo que las 12 víctimas eran cinco niños y siete adultos todos salvadoreños y que habían pagado una parte del dinero y la otra la harían efectiva al llegar a su destino», así lo publicó el ministerio público.
En la vista pública el tribunal tuvo acceso a testimonios de las víctimas, así como de los agentes policiales que hicieron el procedimiento de localización de las víctimas y captura del traficante de personas.
La abogada Ángela Maritza Díaz de Vásquez y Douglas Enrique Vega Guerrero, fueron condenados a penas de tres y nueve años de prisión por falsedad documental agravada y estafa.
La primera admitió la falsedad mediante un procedimiento abreviado ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, y la pena de tres años es sometida a una suspensión condicional bajo reglas de conducta consistente en no cambiar de domicilio, además queda inhabilitada para ejercer la profesión hasta que haya cumplido la condena; también deberá de pagar $500 a una de las víctimas.
Mientras que Vega Guerrero cumplirá en un centro penal los nueve años por tres casos de estafa, más el pago total de $14,600 en concepto de responsabilidad civil a las tres víctimas que engañó.
La Fiscalía General de la República probó en el juicio que las estafas fueron cometidas entre el 2022 y 2023, en diversos distritos del departamento de San Salvador.
El estafador utilizó redes sociales para ofrecer una variedad de productos, a los afectados les propuso venderles vehículos y les pidió dinero como adelanto.
Los denunciantes dijeron que luego de entregarle diversas cantidades de dinero, Vega Guerrero cortó todo tipo de comunicación y no lo pudieron contactar por ninguna vía.
A una de las víctimas le ofreció un vehículo por $4,800 y le manifestó que para adquirirlo debía darle $4,000 como anticipo, ese hecho ocurrió en mayo de 2023.
En las pesquisas que las autoridades realizaron obtuvieron información del afectado quien dijo que pagó y recibió el automotor, pero el auto presentó desperfectos mecánicos y estaba a nombre de otra persona, quien había denunciado que se lo habían robado.
En la vista pública quedó probado que Douglas Enrique Vega Guerrero, detenido en febrero de 2024, en los tres casos de estafa actuó con dolo, sabía perfectamente que estaba ante hechos de estafa.
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