Sucesos
Control en puerto Bahía del Sol y puerto Barillas será cerrado por Migración a partir del 15 de mayo
A través de una carta y sin plasmar fundamento alguno, la directora general de Migración y Extranjería, Evelyn de los Ángeles Marroquín, comunicó que a partir del 15 de mayo cerrarán de manera definitiva el control migratorio marino situado en puerto Bahía del Sol y puerto Barillas, en el departamento de La Paz, afectando el comercio y turismo de la zona..
El estacionamiento de veleros cuenta desde hace 20 años con el control de migración que está -hasta el momento- instalado en los dos puertos antes mencionados.
“En velero son más de 10 horas de recorrido para llegar hasta esos puertos que la directora de Migración está instalando. Si alguien va a México, primero debe de ir hasta La Unión y después regresar para buscar la salida a ese país”, comentó el gerente del Hotel Bahía del Sol, Marcos Orantes.
Según lo relatado por Orantes, en el país ingresan entre 20 y 30 veleros mensualmente. Cada uno de estos deja por mes aproximadamente $2,500 en divisas, pero considera que con el cierre de ambos puertos de La Paz estarían ahuyentado el turismo, debido a la lejanía de los puertos ubicados en el oriente del país.
De clausurar los puertos de La Costa del Sol esto afectaría a más de 200 puestos de trabajo, pues los dueños de los veleros contratan personal para diferentes necesidades, entre ellas la limpieza de las embarcaciones, los cuidos y mantenimientos de estos, entre otras acciones que se requiere referente a este rubro.
La alarma de lo que implica el cierre de los puntos migratorios en la zona ha sido tal que los afectados se han unificado y han enviado una carta hasta al ministro de Turismo, Napoleón Duarte, y al ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, con el fin de encontrar una solución y, a la vez, evitar el proceso que ejecutará la DGME.
“Se agradecerá comunicar al personal bajo su cargo y a quienes considere conveniente el cierre de las operaciones en ese lugar, con la finalidad de evitar futuros inconvenientes en el control migratorio”, dice el comunicado de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME).
Para prestar una solución de los registros requeridos, la subcomisionada informó que desde el 16 de mayo funcionara un nuevo control migratorio, pero este estará disponible en el puerto de La Unión (antes conocido como Los Coquitos) y en la isla Meanguera del Golfo, ambas en el departamento de La Unión.
Actualmente, en el estero Jaltepeque (La Paz) se encuentran anclados unos 50 veleros. Esta cifra genera ingresos a las familias que habitan en la zona por la comercialización de alimentos u otros servicios que los turistas requieren, según indicó Orantes.
“Es una alarma bastante grande, porque muchos turistas ya tienen como destino estos puertos. No entendemos ni el motivo ni las razones del cierre y esto afecta a los pobladores”, dijo Orantes.
“Si el problema es que no tienen presupuesto para pagarle a una sola persona, que es la que permanece en el hotel, nosotros lo podemos pagar”, comentaron las autoridades del Hotel Bahía del Sol, sitio en donde el empleado de la DGME permanece y donde recibe alimentación diaria sin costo alguno.
El próximo lunes la gerencia del Hotel Bahía del Sol emitirá una conferencia de prensa, junto a la Cámara Salvadoreña de Turismo y del Comité de Turismo de La Costa del Sol, para dar a conocer más detalles referente al caso.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
