Sucesos
Control en puerto Bahía del Sol y puerto Barillas será cerrado por Migración a partir del 15 de mayo
A través de una carta y sin plasmar fundamento alguno, la directora general de Migración y Extranjería, Evelyn de los Ángeles Marroquín, comunicó que a partir del 15 de mayo cerrarán de manera definitiva el control migratorio marino situado en puerto Bahía del Sol y puerto Barillas, en el departamento de La Paz, afectando el comercio y turismo de la zona..
El estacionamiento de veleros cuenta desde hace 20 años con el control de migración que está -hasta el momento- instalado en los dos puertos antes mencionados.
“En velero son más de 10 horas de recorrido para llegar hasta esos puertos que la directora de Migración está instalando. Si alguien va a México, primero debe de ir hasta La Unión y después regresar para buscar la salida a ese país”, comentó el gerente del Hotel Bahía del Sol, Marcos Orantes.
Según lo relatado por Orantes, en el país ingresan entre 20 y 30 veleros mensualmente. Cada uno de estos deja por mes aproximadamente $2,500 en divisas, pero considera que con el cierre de ambos puertos de La Paz estarían ahuyentado el turismo, debido a la lejanía de los puertos ubicados en el oriente del país.
De clausurar los puertos de La Costa del Sol esto afectaría a más de 200 puestos de trabajo, pues los dueños de los veleros contratan personal para diferentes necesidades, entre ellas la limpieza de las embarcaciones, los cuidos y mantenimientos de estos, entre otras acciones que se requiere referente a este rubro.
La alarma de lo que implica el cierre de los puntos migratorios en la zona ha sido tal que los afectados se han unificado y han enviado una carta hasta al ministro de Turismo, Napoleón Duarte, y al ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, con el fin de encontrar una solución y, a la vez, evitar el proceso que ejecutará la DGME.
“Se agradecerá comunicar al personal bajo su cargo y a quienes considere conveniente el cierre de las operaciones en ese lugar, con la finalidad de evitar futuros inconvenientes en el control migratorio”, dice el comunicado de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME).
Para prestar una solución de los registros requeridos, la subcomisionada informó que desde el 16 de mayo funcionara un nuevo control migratorio, pero este estará disponible en el puerto de La Unión (antes conocido como Los Coquitos) y en la isla Meanguera del Golfo, ambas en el departamento de La Unión.
Actualmente, en el estero Jaltepeque (La Paz) se encuentran anclados unos 50 veleros. Esta cifra genera ingresos a las familias que habitan en la zona por la comercialización de alimentos u otros servicios que los turistas requieren, según indicó Orantes.
“Es una alarma bastante grande, porque muchos turistas ya tienen como destino estos puertos. No entendemos ni el motivo ni las razones del cierre y esto afecta a los pobladores”, dijo Orantes.
“Si el problema es que no tienen presupuesto para pagarle a una sola persona, que es la que permanece en el hotel, nosotros lo podemos pagar”, comentaron las autoridades del Hotel Bahía del Sol, sitio en donde el empleado de la DGME permanece y donde recibe alimentación diaria sin costo alguno.
El próximo lunes la gerencia del Hotel Bahía del Sol emitirá una conferencia de prensa, junto a la Cámara Salvadoreña de Turismo y del Comité de Turismo de La Costa del Sol, para dar a conocer más detalles referente al caso.
Dos hombres fueron condenados a penas de 10 y 16 años por el delito de agresión sexual en menor o incapaz agravada continuada, informó la Fiscalía General de la República.
La pena de 16 años la recibió José Luis Henríquez García quien fue señalado de cometer los abusos cuando la víctima tenía siete años en el distrito de Soyapango, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
El caso fue judicializado en 2024 y las investigaciones fiscales determinaron que el sujeto, quien es familiar de la víctima, aprovechaba las condiciones de vulnerabilidad de ella para cometer las agresiones sexuales, detalló la Fiscalía.
La condena contra el agresor fue impuesta por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, quien además ordenó que el imputado pague $3,000 en concepto de responsabilidad civil.
El segundo condenado es Mauricio Antonio Carpio Alfaro, quien recibió 10 años de prisión. La sentencia fue dictada por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, en presencia del imputado.
La investigación fiscal determinó que Carpio Alfaro era el conductor de un mototaxi que prestaba sus servicios de transporte en el distrito de Ilopango, municipio de San Salvador Este y ahí conoció a la víctima de 14 años.
«Cuando el sujeto transportaba a la víctima la agredió en reiteradas ocasiones», explicó la Fiscalía
En ambos casos, la Fiscalía presentó en el desarrollo de la vista pública abundante prueba documental, pericial y testimonial que permitió demostrar la participación de los imputados en el delito.
Las autoridades de Seguridad han reiterado que no permitirán ningún tipo de violencia o agresión contra personas inocentes y aseguran que todo aquel que decida cometer estos delitos será llevado ante la justicia.
«Seguiremos protegiendo a los más vulnerables y castigando con toda la fuerza del Estado a los depredadores sexuales. Nuestra misión es construir un nuevo país, donde las leyes se respeten», ha dicho el fiscal general, Rodolfo Delgado.
Igualmente, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro asegura: «No vamos a tolerar este conjunto de crímenes relacionados contra la vida, la integridad física, contra los grupos vulnerables, tercera edad, niños, mujeres y libertad sexual».
La Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (Secmca) ubica al sector construcción de El Salvador como la actividad económica más fuerte en la región, con un crecimiento de 30.22 %, muy por encima de los sectores que empujaron las economías de los países vecinos.
El dato lo publicó la institución en el «Balance preliminar de la economía de la región CARD 2025», bajo la medición del índice mensual de actividad económica (IMAE).
El IMAE en Centroamérica es un indicador estadístico de corto plazo que mide la evolución de la producción de bienes y servicios en la región, y funciona como un termómetro del producto interno bruto (PIB), pues muestra la variación de todos los sectores de la economía.
De acuerdo con el estudio, ninguna actividad económica en Centroamérica alcanzó el año pasado esas cifras de crecimiento, por ejemplo, indicó que Honduras registra su mayor impulso en actividades financieras, seguros y fondos de pensiones con 12.48 %; seguido por la electricidad y el agua (8.81%), con porcentajes sumamente inferiores a los generados por la construcción salvadoreña.
Mientras que el sector construcción en el vecino país creció solo 0.18 % interanual hasta diciembre, frente al 7.08 % que alcanzó en diciembre de 2024.
Nicaragua, por su parte, registró un repunte en el comercio con 11.54 % interanual, muy cerca del sector pecuario (10.17 %), y el sector construcción creció, según el informe, 6.17 % hasta diciembre de 2025.
Mientras que, en Costa Rica, el sector transporte y almacenamiento fue el más pujante con 7.02 %, seguido de actividades profesionales, científicas y técnicas con un 6.14 %. En este país, el sector construcción registró un crecimiento bajo con 2.42 %, según el «Balance preliminar de la economía de la región CARD 2025».
En El Salvador, el aporte del sector construcción al crecimiento económico en 2025 fue sustantivo, puesto que durante el primer trimestre el crecimiento del producto interno bruto (PIB) fue de 2.4 %, en el segundo se elevó a 4.1 %, en el tercer trimestre alcanzó su máximo con 5.1 %, hasta ubicarse en 3.9 % al cierre del año, según datos del Banco Central de Reserva (BCR).
De acuerdo con datos de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (Opamss), se contabilizan más de 680 proyectos en ejecución y por desarrollarse en el Área Metropolitana; de este total, 87 son construcciones en altura con diferentes tamaños, a los que se suman seis torres que superan los 35 niveles de altura.
Luis Rodríguez, director ejecutivo de la Opamss, afirmó que este hito es el resultado de las estrategias del Gobierno del presidente Nayib Bukele, enfocadas en el despegue económico del país.
«El liderazgo de El Salvador a escala centroamericana en el sector construcción refleja este momento único, que ha sido estimulado por la seguridad pública, la inversión local y extranjera y un excelente clima de negocios que catapultan el rubro de la construcción como el motor de la economía, junto con el auge inmobiliario, la generación de empleo y todos los servicios relacionados, que suman más de $5,500 millones de inversión para 2026 en el Área Metropolitana de San Salvador», sostuvo.
Agregó que el aporte de la Opamss en el crecimiento de la industria refleja el trabajo coordinado con el sector constructor. «Nuestra visión es ser un facilitador y promotor para que el desarrollo sea continuo y cumpla un rol técnico e institucional que estimule a que el Área Metropolitana de San Salvador y la franja costera de Surf City 1 sean entornos donde se combine infraestructura, crecimiento económico y bienestar para los salvadoreños», señaló Rodríguez.
La Asamblea Legislativa (AL) aprobó con 56 votos suscribir un préstamo por $501.2 millones entre el Ministerio de Hacienda y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para financiar el programa Acelerar el Aprendizaje de El Salvador con Innovación Digital. La iniciativa ingresó con dispensa de trámite por medio de Christian Guevara, jefe de la fracción de Nuevas Ideas, durante la sesión plenaria ordinaria 104 del jueves.
Según el documento, el propósito es que el Gobierno continúe «impulsando acciones orientadas a fortalecer el aprendizaje en la educación básica», es decir, de primero a noveno grado, mediante el mejoramiento de prácticas pedagógicas y el uso de herramientas tecnológicas.
El otorgamiento de los fondos será bajo la modalidad de financiamiento basado en programas y resultados, es decir, en reconocimiento y apoyo a esfuerzos que hace el Gobierno para perfeccionar las prácticas pedagógicas e incorporar la tecnología en el sistema educativo nacional, desarrollar la capacidad del país y mejorar la eficacia y eficiencia gubernamental.
Se detalla que el préstamo tiene un plazo de hasta 25 años, incluyendo cinco años de gracia, y que en reconocimiento a los avances en programas educativos los recursos podrán utilizarse para apoyar acciones estrategias del Gobierno, así como obligaciones generales del Estado que en sus distintas formas requieran fuentes de liquidez y transferencias varias.
Actualmente, el Gobierno ha entregado modernos dispositivos consistentes en tabletas de ocho y 10 pulgadas para estudiantes que cursan primera infancia a tercer grado y laptops para alumnos de cuarto grado en adelante, para lo cual se han destinado más de $800 millones en inversión desde 2021. Ya han sido entregados cerca de dos millones de nuevos equipos.
