Sucesos
Control en puerto Bahía del Sol y puerto Barillas será cerrado por Migración a partir del 15 de mayo
A través de una carta y sin plasmar fundamento alguno, la directora general de Migración y Extranjería, Evelyn de los Ángeles Marroquín, comunicó que a partir del 15 de mayo cerrarán de manera definitiva el control migratorio marino situado en puerto Bahía del Sol y puerto Barillas, en el departamento de La Paz, afectando el comercio y turismo de la zona..
El estacionamiento de veleros cuenta desde hace 20 años con el control de migración que está -hasta el momento- instalado en los dos puertos antes mencionados.
“En velero son más de 10 horas de recorrido para llegar hasta esos puertos que la directora de Migración está instalando. Si alguien va a México, primero debe de ir hasta La Unión y después regresar para buscar la salida a ese país”, comentó el gerente del Hotel Bahía del Sol, Marcos Orantes.
Según lo relatado por Orantes, en el país ingresan entre 20 y 30 veleros mensualmente. Cada uno de estos deja por mes aproximadamente $2,500 en divisas, pero considera que con el cierre de ambos puertos de La Paz estarían ahuyentado el turismo, debido a la lejanía de los puertos ubicados en el oriente del país.
De clausurar los puertos de La Costa del Sol esto afectaría a más de 200 puestos de trabajo, pues los dueños de los veleros contratan personal para diferentes necesidades, entre ellas la limpieza de las embarcaciones, los cuidos y mantenimientos de estos, entre otras acciones que se requiere referente a este rubro.
La alarma de lo que implica el cierre de los puntos migratorios en la zona ha sido tal que los afectados se han unificado y han enviado una carta hasta al ministro de Turismo, Napoleón Duarte, y al ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, con el fin de encontrar una solución y, a la vez, evitar el proceso que ejecutará la DGME.
“Se agradecerá comunicar al personal bajo su cargo y a quienes considere conveniente el cierre de las operaciones en ese lugar, con la finalidad de evitar futuros inconvenientes en el control migratorio”, dice el comunicado de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME).
Para prestar una solución de los registros requeridos, la subcomisionada informó que desde el 16 de mayo funcionara un nuevo control migratorio, pero este estará disponible en el puerto de La Unión (antes conocido como Los Coquitos) y en la isla Meanguera del Golfo, ambas en el departamento de La Unión.
Actualmente, en el estero Jaltepeque (La Paz) se encuentran anclados unos 50 veleros. Esta cifra genera ingresos a las familias que habitan en la zona por la comercialización de alimentos u otros servicios que los turistas requieren, según indicó Orantes.
“Es una alarma bastante grande, porque muchos turistas ya tienen como destino estos puertos. No entendemos ni el motivo ni las razones del cierre y esto afecta a los pobladores”, dijo Orantes.
“Si el problema es que no tienen presupuesto para pagarle a una sola persona, que es la que permanece en el hotel, nosotros lo podemos pagar”, comentaron las autoridades del Hotel Bahía del Sol, sitio en donde el empleado de la DGME permanece y donde recibe alimentación diaria sin costo alguno.
El próximo lunes la gerencia del Hotel Bahía del Sol emitirá una conferencia de prensa, junto a la Cámara Salvadoreña de Turismo y del Comité de Turismo de La Costa del Sol, para dar a conocer más detalles referente al caso.
El Salvador impulsa el Sistema de Alerta Temprana para Incendios Forestales (SAT-IF), una herramienta estratégica que permitirá reducir riesgos y mejorar la gestión ante estos eventos.
Miembros de la Dirección General de Protección Civil y su Equipo Táctico de Emergencias, Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio de Salud (MINSAL), Fiscalía General de la República (FGR) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como parte de la Comisión Nacional de Incendios Forestales (CNIF) conocieron la propuesta.
De acuerdo con Protección Civil, los incendios forestales constituyen una de las amenazas ambientales y sociales más complejas en El Salvador, generando impactos sobre los ecosistemas, la salud pública, la seguridad alimentaria, la infraestructura productiva y los medios de vida de comunidades rurales y de interfaz urbano-forestal.
Este año, lo incendios forestales se han duplicado. «En forestales: en 2025 fueron 80 y en 2026, suman 166 incendios, con un incremento de 108 %», afirmó recientemente el director de Bomberos, Baltazar Solano.
«La recurrencia de estos eventos, intensificada por el cambio climático, la degradación de recursos naturales y el uso inadecuado del fuego, ha evidenciado la necesidad de pasar de enfoques reactivos a estrategias de prevención y anticipación», comunicó la institución.
El SAT-IF se concibe como un sistema integral que transforma información climática, ambiental, territorial y social en alertas oportunas y acciones concretas, permitiendo intervenir antes de que los incendios alcancen niveles de alta severidad.
La propuesta incorpora buenas prácticas internacionales, adaptadas a la realidad de El Salvador, derivadas de la experiencia técnica de Corea, fortaleciendo la arquitectura, componentes funcionales y mecanismos de gobernanza del sistema.
El sistema se estructura en cuatro componentes interdependientes: monitoreo y vigilancia, análisis y evaluación del riesgo, comunicación y difusión de alertas, y preparación y respuesta. Además, promueve una gobernanza multinivel y multisectorial, articulando los niveles estratégico, técnico, operativo y comunitario, y fortaleciendo la coordinación interinstitucional. Un elemento central del SAT-IF es la participación comunitaria.
En el gobierno de Nayib Bukele, las cifras en materia de seguridad han mostrado una mejora sostenida año con año, como resultado de las distintas estrategias implementadas para combatir la criminalidad. Esta tendencia se ha mantenido firme cada mes que ha transcurrido este 2026.
Con los últimos resultados obtenidos el mes anterior, se concluye que abril de 2026 superó los resultados en seguridad del año pasado en mismo periodo. Dicho mes cerró con tres homicidios, registrando un promedio de 0.10 homicidios por día; mientras que, en el 2025, hubo 5 reflejando un promedio de 0.16. Además de cerrar con bajo promedio, en abril se registraron 27 días sin homicidios.
Dichos indicadores, que continúan reflejando una reducción en los hechos delictivos, especialmente en homicidios, consolidan un escenario de mayor seguridad en el país.
Respecto a los homicidios reportados en abril de este año, las autoridades han logrado resolver la mayoría de estos con la captura de los sospechosos.
El 30 de abril pasado, la Policía Nacional Civil reportó el homicidio de una mujer de 65 años. El crimen se registró en Candelaria de la Frontera, Santa Ana Oeste.
De acuerdo con las autoridades, la víctima presentaba lesiones con arma blanca y actualmente equipos de inteligencia e investigaciones buscan al responsable.
Mientras que, el 19 de abril, la Policía registró el feminicidio de una mujer de 28 años, en Santa Ana.
En coordinación con las autoridades de Guatemala, la Policía logró ubicar y capturar al responsable identificado como Diego Antonio Santos Villanueva.
Asimismo, el 4 de abril, la Policía reportó un homicidio en Zacatecoluca, La Paz Este, donde un hombre de 34 años fue asesinado con arma blanca.
El responsable de este hecho fue José Armando Mancía García de 38 años. Según las autoridades, Mancía comenzó a agredir a su esposa y la víctima, quien es cuñado del detenido, intentó defender a su hermana, pero Mancía lo atacó.
Las autoridades del Gabinete de Seguridad Ampliado aseguran que continuarán implementado las medidas que sean necesarias para que, en El Salvador, cualquiera que cometa un homicidio, sea puesto tras las rejas.
La Procuraduría General de la República (PGR) acreditó a 28 nuevos mediadores internos, que tienen por función ayudar a resolver conflictos de forma pacífica y rápida, sin escalar a instancias judiciales.
«La mediación constituye un pilar fundamental para la construcción de una sociedad más justa, pacífica y armónica, transformando los conflictos en oportunidades de diálogo y entendimiento», expresó el procurador general de la república, René Escobar.
Con los nuevos profesionales acreditados, la PGR cuenta con 388 mediadores, que atienden en la sede central y en las 18 procuradurías auxiliares.
En el primer trimestre de 2026, la Unidad de Mediación y Conciliación de la Procuraduría, ingresó 4,023 expedientes de personas que buscaron ayuda para resolver problemas de tipo patrimonial, problemas vecinales, de familia, cuotas alimenticias, custodias de hijos, entre otros.
Los 28 nuevos mediadores serán desplegados en las procuradurías de San Miguel, Usulután, Morazán, La Unión, Ahuachapán, Cuscatlán y Soyapango, informó la institución.
«La mediación ofrece a la ciudadanía una forma pacífica, rápida y humana de resolver los conflictos, sin necesidad de llegar a procesos judiciales largos y costosos. La mediación permite la justicia a las personas, promoviendo el diálogo, la comprensión mutua y la construcción de acuerdos sostenibles», afirmó Jeanneth Marconi, procuradora especializada de mediación.
