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Sentencia a 102 años de cárcel a 13 hombres que eran dueños de funerarias, spa, buses y hoteles
Hasta 102 años de cárcel ascienden las condenas que recibieron 13 extorsionistas, de quienes las autoridades informaron eran dueños de funerarias, salas de masajes y buses del transporte público de pasajeros que estaban vinculados con la Mara Salvatrucha (MS-13).
El Juzgado Especializado de Sentencia «C» de San Salvador condenó a 13 de los 52 sospechosos vinculados en este caso, a los cuales sentenció con penas que van desde tres años de prisión hasta los 102 años por los delitos de agrupaciones ilícitas, proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado y proposición, conspiración en extorsión agravada.
Durante el proceso judicial, el juzgado absolvió a 39 personas, pues el juez consideró que no se demostró su participación en los delitos por los cuales fueron acusados; y a tres de los sospechosos porque ya habían sido juzgados por los mismos hechos.
Condenas de 3 a 102 años
Los condenados a tres años de prisión son: Ricardo de Jesús Martínez, Óscar Armando Colocho. Recibieron penas de cinco de cárcel: José David Bernal, Ricardo Samuel Solórzano y Miguel Orellana.
Emerson Adenir Serrano, Giovanni Navarro, Marvin Antonio Cruz, Marvin Alberto Peñate, Carlos Ulises Rosales y José Antonio Colocho fueron condenados a10, 12, 15, 17, 20 y 22 años de prisión.
Se informó que Carlos Ismael Díaz Mena y Hugo Adalberto Carranza recibieron penas de 52 y 102 años, respectivamente.
Durante el juicio, la Fiscalía explicó que las investigaciones se iniciaron el 17 de enero de 2017, cuando un informante les dio el celular de los procesados Giovanni Navarro y Marvin Antonio Cruz, diciendo que se dedicaban a delinquir.
Los señalados delinquían en los departamentos de Santa Ana, Sonsonate, La Libertad y San Salvador, según las investigaciones.
Dinero utilizado en lavado en fachadas de negocios
La Fiscalía acusó a los sujetos de formar parte de una estructura criminal cuya función era recibir dinero proveniente del cobro de la extorsión de la MS, el cual era lavado en fachadas de negocios.
En ese sentido, se ordenó la intervención y decomiso de ocho buses de la ruta 97, una funeraria, hoteles, casas, una hacienda, un billar y restaurante, locales de venta de medicinas y un spa.
Las detenciones se realizaron por la Policía y Fiscalía en marzo del 2018 en diferentes lugares del país.
La resolución emitida por el Juzgado Especializado de Sentencia «C» de San Salvador fue leída la mañana del viernes 17 de enero.
Información cortesía de El Salvador Times.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a cinco años de prisión a Ernesto Bladimir Franco Rodríguez y Luis Alberto Franco Rodríguez por el delito de lesiones muy graves en perjuicio de un hombre.
De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 26 de noviembre de 2025 en el distrito de El Paisnal, municipio de San Salvador Norte, cuando la víctima fue citada por una mujer para departir en una zona apartada.
Al llegar al lugar, el hombre fue interceptado por los condenados, quienes lo atacaron con armas blancas, causándole diversas lesiones de gravedad. La víctima logró escapar y posteriormente interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
Las investigaciones desarrolladas por las autoridades permitieron identificar, capturar y procesar judicialmente a los imputados.
En otro caso, el pandillero de la MS, Rafael Enrique Álvarez fue condenado a ocho años de prisión por lesionar con un arma blanca a un hombre en San Alejo, La Unión.
El hecho ocurrió, aproximadamente, a las 5 de la tarde del 12 de diciembre de 2021, cuando la víctima estaba viendo un encuentro deportivo en la cancha de fútbol del cantón Santa Cruz, del distrito de San Alejo, en La Unión.
Según la acusación fiscal, el procesado llegó hasta donde estaba la víctima y lo hirió con un machete en el codo izquierdo. Tras la agresión, la víctima corrió y fue alcanzada por el procesado y dos pandilleros más.
La alcaldía de San Salvador Centro informó que más de 250 estructuras fueron desmontadas como parte de la fase 6, Etapa 2 del reordenamiento y recuperación de espacios públicos.
Los puntos intervenidos fueron la primera calle poniente, 11a y 7a avenida Norte, avenida Peralta, la décima avenida San Jacinto, así como la calle San Juan y estación Fenadesal.
De acuerdo con el alcalde capitalino, Mario Durán, más de 800 empleados municipales participaron en jornadas de limpieza y desmontaje estructuras improvisadas utilizadas para el comercio informal.
«Ha sido un trabajo titánico. Estamos en una etapa bastante avanzada. El uso de las calles y aceras es para las personas y las familias y no para el comercio, debemos mantener el orden», dijo el funcionario en conferencia de prensa.
La alcaldía señala que este es un esfuerzo articulado entre comerciantes por cuenta propia y equipos municipales que durante días trabajaron para seguir avanzando en la revitalización del Centro Histórico de San Salvador.
«Agradezco a los equipos operativos quienes trabajaron arduamente por este importante proyecto; a los comerciantes por cuenta propia y a todos los salvadoreños que se suman por recuperar el corazón de El Salvador», añadió.
La comisión de infraestructura y desarrollo territorial emitió dictamen a favor de legalizar los terrenos donde residen 174 familias de la comunidad 2 de Noviembre, en el distrito de Tonacatepeque, en San Salvador Este.
El grupo de legisladores recomienda al pleno reformar la Ley especial para la legalización de las calles, tramos declarados en desuso y afectados como de uso público para ser transferidas en propiedad, a través del Fondo Nacional de Vivienda Popular (Fonavipo), a las familias de escasos recursos económicos que las habitan.
El propósito es que la comunidad en mención se agregue a los 14 asentamientos beneficiados con dicha normativa, que fue creada en junio de 2019.
La iniciativa de apoyar a las familias de Tonacatepeque proviene del presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, la cual fue ingresada en la sesión plenaria ordinaria 109.
Para estudiar la propuesta, la comisión de infraestructura recibió a representantes de la comunidad, quienes explicaron su situación y lo que significaría reformar la ley.
«La comunidad estuvo desamparada. Entre el 2000 al 2001 llegamos a esas tierras, y todos somos de escasos recursos económicos.
Hoy estamos viendo que las cosas van a mejorar», expresó la presidenta de la directiva de la comunidad 2 de Noviembre, Marielos Cruz.
