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Rolando Castro solicitará a la FGR investigar a la alcaldía de S.S. por incumplimiento de pagos a prestaciones de ley y préstamos bancarios de 400 empleados
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, solicitará a la Fiscalía General de la República (FGR), investigar a la alcaldía de San Salvador, por presunto incumplimiento de pago a prestaciones de ley y préstamos hipotecarios de 400 empleados de dicha comuna.
Castro reveló que a los afectados se les deben 4 meses de pago del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), AFP y préstamos personales.
El titular de Trabajo dijo que acudirá a la Fiscalía ya que la municipalidad podría haber cometido tres delitos.
Las denuncias han sido recibidas en el ministerio y los trabajadores municipales han dicho que el dinero se les está descontando, pero no se hacen efectivos los pagos a las instituciones correspondientes.
“Tenemos denuncias de que no les han pagado retenciones legales desde hace cuatro meses, que no han pagado al ISSS, AFP y que, incluso, no les han pagado los préstamos hipotecarios que ellos tienen”, aseguró.
Además de las deudas señaló a la alcaldía capitalina de pretender engañar al Ministerio porque pagaron solo enero de 2020, pero no los meses que debían de 2019.
“Buscaron una trama para querer engañar al Ministerio. No pagaron octubre, noviembre y diciembre y fueron a pagar enero de 2020 (…) fue solamente para tratar de engañar al ministerio de Trabajo”, explicó.
Pidió a la Fiscalía su intervención en el caso porque los más afectados en esto son los trabajadores, ya que los intereses de los créditos (en el caso de los hipotecarios) les siguen subiendo.
“Quedarse con la plata de los trabajadores incurre en los delitos de malversación de fondos porque utilizaron la plata de los trabajadores para otra cosa, (también) apropiación de cuotas y actos arbitrarios”, agregó.
Expresó que en los próximos días acudirá a interponer el aviso a la sede fiscal y que la situación sea de conocimiento del ministerio público.
Ocho años de prisión fueron impuestos a Manuel de Jesús Vásquez Huezo, luego de comprobarse su culpa por el delito de corrupción de niños, niñas y adolescentes o personas con discapacidad a través del uso de tecnologías de la información y comunicación.
De acuerdo a la Fiscalía General de la República, este hombre contactó a un menor a través de las redes sociales «para enviarle material explícito e invitarlo a reunirse».
Al enterarse de lo sucedido, los familiares de la víctima alertaron a las autoridades quienes realizaron su captura en un parque del distrito de Apopa, al norte de San Salvador.
La condena fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador.
El Tribunal Tercero de Sentencia condenó ayer a Kevin Monterrosa y Brayan Rivas a tres años de cárcel con medidas sustitutivas y a pagar $7 mil a una víctima a quien dieron una golpiza y ésta perdió su ojo izquierdo.
Según el relato de los hechos, el 22 de agosto de 2025, en el distrito de Mejicanos, Monterrosa y Rivas consumían bebidas alcohólicas. En ese momento llegó Jorge Regalado, quien iba a parquear su vehículo en la cochera de su casa.
Según el expediente judicial, Rivas se abalanzó sobre Regalado y le propinó un puñetazo, que rompió el vidrio de los lentes de la víctima y algunos fragmentos se le incrustaron en el ojo izquierdo. En ese momento, intervino Monterrosa, quien también intentó agredir a la víctima.
De acuerdo al relato de los hechos, Regalado tomó un machete que andaba en su vehículo y logró alejar a los agresores y luego pidió auxilio médico.
Mediante un juicio abreviado -los agresores aceptaron los cargos-, el Tribunal resolvió que se consumó el delito de lesiones graves y aplicó una pena de tres años de prisión que serán sustituidos por medidas como abstenerse de consumir drogas y bebidas embriagantes y no acercarse a la víctima.
El Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 45 años de prisión a Jonathan Steven Flores González, alias Slaper, quien ostentaba el rango de palabrero en la pandilla 18 y quien fue acusado por la Fiscalía General de la República por el delito de agrupaciones ilícitas.
En la misma audiencia única abierta, fueron condenados a 30 años de prisión, 54 pandilleros de los cuales 22 tenían el rango de homeboy y 32 en calidad de civiles activos.
El Tribunal también condenó a 25 años de cárcel a 20 personas que fungían como colaboradores de la misma pandilla 18 Revolucionarios de la estructura Isletas Locos, que tenían como centro de operaciones el distrito de Zacatecoluca, municipio de La Paz Centro.
Con la reforma al artículo 18 de la Ley contra Actos de Terrorismo, la Fiscalía está habilitada para promover audiencias únicas abiertas en las que se procesan masivamente a integrantes de estructuras criminales.
Bajo esta misma modalidad en el Tribunal Sexto contra el Crimen Otrganizado están siendo procesados 486 cabecillas de la Mara Salvatrucha, a quienes se les atribuyen más de 47,000 delitos cometidos entre los años 2012 y 2022. Entre los sujetos a procesar hay 22 cabecillas de la ranfla históricos, 212 ranfleros, 152 corredor de programa, entre otros.
Todos ellos están siendo procesados de manera sumaria, por delitos como, homicidio agravado, desaparición de personas, extorsión, agrupaciones ilícitas, tráfico ilícito de armas de fuego, feminicidio, homicidio tentado y privación de libertad. Con el régimen de excepción han sido capturados más de 91 mil pandilleros.
