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Rolando Castro solicitará a la FGR investigar a la alcaldía de S.S. por incumplimiento de pagos a prestaciones de ley y préstamos bancarios de 400 empleados
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, solicitará a la Fiscalía General de la República (FGR), investigar a la alcaldía de San Salvador, por presunto incumplimiento de pago a prestaciones de ley y préstamos hipotecarios de 400 empleados de dicha comuna.
Castro reveló que a los afectados se les deben 4 meses de pago del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), AFP y préstamos personales.
El titular de Trabajo dijo que acudirá a la Fiscalía ya que la municipalidad podría haber cometido tres delitos.
Las denuncias han sido recibidas en el ministerio y los trabajadores municipales han dicho que el dinero se les está descontando, pero no se hacen efectivos los pagos a las instituciones correspondientes.
“Tenemos denuncias de que no les han pagado retenciones legales desde hace cuatro meses, que no han pagado al ISSS, AFP y que, incluso, no les han pagado los préstamos hipotecarios que ellos tienen”, aseguró.
Además de las deudas señaló a la alcaldía capitalina de pretender engañar al Ministerio porque pagaron solo enero de 2020, pero no los meses que debían de 2019.
“Buscaron una trama para querer engañar al Ministerio. No pagaron octubre, noviembre y diciembre y fueron a pagar enero de 2020 (…) fue solamente para tratar de engañar al ministerio de Trabajo”, explicó.
Pidió a la Fiscalía su intervención en el caso porque los más afectados en esto son los trabajadores, ya que los intereses de los créditos (en el caso de los hipotecarios) les siguen subiendo.
“Quedarse con la plata de los trabajadores incurre en los delitos de malversación de fondos porque utilizaron la plata de los trabajadores para otra cosa, (también) apropiación de cuotas y actos arbitrarios”, agregó.
Expresó que en los próximos días acudirá a interponer el aviso a la sede fiscal y que la situación sea de conocimiento del ministerio público.
El director del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) de San Salvador Centro, Francisco López, detalló que entre enero y mayo de este año se han impuesto 157 esquelas por el incumplimiento del artículo 32 de la Ordenanza Reguladora de los Residuos Sólidos, registrándose la mayoría de las infracciones en los distritos de Mejicanos y San Salvador.
«Es obligación de toda persona, natural o jurídica, mantener limpio frente a su inmueble, ya sea en pasaje, calle principal o eje preferencial. Lo mismo ocurre con los arriates, cunetas, aceras, se deben mantener libres de obstáculos», indicó durante una inspección de limpieza en la colonia Monserrat, distrito 5 de la capital.
López dijo que se están desarollando diversas inspecciones luego de detectar la falta de aseo frente a varias viviendas y acumulación de residuos en la zona.
«Quienes no cumplen con la limpieza frente a sus inmuebles podrían recibir multas desde $901 hasta $2,200. Se hacen tres prevenciones y a la cuarta vez se emplaza una esquela», detalló.
Las infracciones, según la autoridad, fueron detectadas mediante patrullajes preventivos realizados por elementos del CAM, o a través del monitoreo del sistema de video vigilancia Sívar Seguro y por denuncias ciudadanas.
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
