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Rolando Castro solicitará a la FGR investigar a la alcaldía de S.S. por incumplimiento de pagos a prestaciones de ley y préstamos bancarios de 400 empleados
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, solicitará a la Fiscalía General de la República (FGR), investigar a la alcaldía de San Salvador, por presunto incumplimiento de pago a prestaciones de ley y préstamos hipotecarios de 400 empleados de dicha comuna.
Castro reveló que a los afectados se les deben 4 meses de pago del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), AFP y préstamos personales.
El titular de Trabajo dijo que acudirá a la Fiscalía ya que la municipalidad podría haber cometido tres delitos.
Las denuncias han sido recibidas en el ministerio y los trabajadores municipales han dicho que el dinero se les está descontando, pero no se hacen efectivos los pagos a las instituciones correspondientes.
“Tenemos denuncias de que no les han pagado retenciones legales desde hace cuatro meses, que no han pagado al ISSS, AFP y que, incluso, no les han pagado los préstamos hipotecarios que ellos tienen”, aseguró.
Además de las deudas señaló a la alcaldía capitalina de pretender engañar al Ministerio porque pagaron solo enero de 2020, pero no los meses que debían de 2019.
“Buscaron una trama para querer engañar al Ministerio. No pagaron octubre, noviembre y diciembre y fueron a pagar enero de 2020 (…) fue solamente para tratar de engañar al ministerio de Trabajo”, explicó.
Pidió a la Fiscalía su intervención en el caso porque los más afectados en esto son los trabajadores, ya que los intereses de los créditos (en el caso de los hipotecarios) les siguen subiendo.
“Quedarse con la plata de los trabajadores incurre en los delitos de malversación de fondos porque utilizaron la plata de los trabajadores para otra cosa, (también) apropiación de cuotas y actos arbitrarios”, agregó.
Expresó que en los próximos días acudirá a interponer el aviso a la sede fiscal y que la situación sea de conocimiento del ministerio público.
Principal
Identifican a los 3 socorristas de Cruz Roja fallecidos tras brutal choque en la carretera Litoral
La familia de Cruz Roja Salvadoreña se encuentra de luto tras el fallecimiento de tres de sus miembros en un fatal percance de tránsito.
Los miembros de Cruz Roja perdieron la vida después que volcara el microbús en el que viajaban.
El terrible accidente sucedió en el kilómetro 74 de la carretera Litoral, Santa Cruz Porrillo, departamento de San Vicente.
Los fallecidos fueron identificados como Sandra Nohemy Benítez, presidenta de la seccional de Cruz Roja La Unión; Josué Álvarez Rodríguez, socorrista; y Wilfredo Bonilla, coordinador de socorrismo.
Los fallecidos regresaban de participar en la prueba “El Paso del Hombre” cuando el conductor del microbús perdió el control del vehículo y volcó dejando el fatal saldo.
Esta tarde, la Fiscalía General de la República dio a conocer que el exalcalde y exdiputado Roberto d’Aubuisson fue condenado por enriquecimiento ilícito y deberá restituir $450,729.39 al Estado.
Según el fallo, no logró justificar su incremento patrimonial durante sus gestiones como diputado (2012-2015) y alcalde de Santa Tecla (2015-2021), registrando 82 irregularidades en sus declaraciones.
Además, la resolución también declara culpable a su grupo familiar, quienes deberán devolver: su esposa Jackeline de d’Aubuisson $511,247.72, su hija Johanna d’Aubuisson $12,939.87 y su hijo Roberto d’Aubuisson $15,480.00.
Por último, el exfuncionario queda inhabilitado para ejercer cargos públicos por 10 años, según la Cámara Ambiental de Santa Tecla
El Juzgado Décimo de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con detención provisional contra Óscar David Deleon Portillo, de 26 años, acusado del delito de acoso a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, contemplado en la Ley Especial Contra Delitos Informáticos y Conexos, en perjuicio de una víctima.
Los hechos presentados en la audiencia inicial, el pasado 11 de marzo de 2026 un miembro de la Policía Nacional Civil destacado en la delegación Sur de San Salvador se encontraba en las duchas comunes de los dormitorios cuando notó la presencia de un teléfono celular que estaba grabando por encima de la división entre los baños.
Al percatarse de la situación, el agente reaccionó de inmediato y logró identificar a la persona que realizaba la grabación, reconociendo al ahora procesado, quien se desempeñaba como personal de mantenimiento en la delegación policial.
Según el informe presentado en sede judicial, la víctima solicitó el teléfono celular al sospechoso y al revisarlo constató la presencia de los videos en la galería del dispositivo.
La acusación también sostiene que en el teléfono habría otros videos presuntamente relacionados con policías, los cuales formarían parte de los elementos bajo análisis dentro del proceso.
Durante la audiencia inicial, la jueza consideró que existen indicios suficientes sobre la posible existencia del delito y la probable participación del imputado, por lo que ordenó que el caso continúe a la etapa de instrucción con la medida de detención provisional mientras avanzan las investigaciones.
