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Presidente Nayib Bukele destituye al director del CENTA, por ser parte de la lista de sobresueldos de gobiernos de ARENA
Por haber recibido sobresueldo en el gobierno del expresidente de la República, Elías Antonio Saca González, este día fue destituido José Emilio Saudi, como director del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA).
El nombre de José Emilio Saudi fue revelado la noche de este miércoles por el exsecretario Privado de la Presidencia, Élmer Charlaix Urquilla, de haber recibido sobresueldo.
El despido de Saudi fue ordenado por el mismo presidente de la República, Nayib Bukele Ortez y lo hizo público por medio de su cuenta de Twitter con el siguiente mensaje: «Ayer, Elmer Charlaix, el ex Secretario Privado de Tony Saca, mostró documentos con firma original, que prueban que una gran cantidad de ex funcionarios, miembros de la “sociedad civil”, periodistas, magistrados, fiscales y partidos políticos, recibieron sobresueldos».
En ese sentido, añadió: «Y aunque el 99% son personeros de la oposición, entre ellos está incluido el doctor José Emilio Suadi, quien hasta ahora funge como nuestro Director del CENTA. Dado que esta lista sí contiene pruebas contundentes, he ordenado que sea removido este mismo día de su cargo».
De igual forma dijo que confía en que la nueva Fiscalía General de la República (FGR) investigará todos estos casos y llegará al fondo de este gigantesco desfalco al pueblo salvadoreño.
«Entiendo que la Comisión de Sobresueldos de la Asamblea Legislativa continuará realizando su trabajo y más nombres deberán salir a la luz», puntualizó el jefe de Estado.
Otros que también recibieron sobresueldo fueron: Luis Mario Rodríguez, 11,000; Julio Rank Romero, $10,000; Ana Ligia Mixco Sol de Saca, $10,000; Francisco Esteban Laínez, $11,000; Eduardo Calix, $5,000; Margarita Escobar, $7,000; René Figueroa, $20,000; Silvina Aguilar, $5,000; Juan Miguel Bolaños, $3,000 y Rodrigo Ávila Avilés, $5,000.
De igual forma Astor Escalante, $3,000; José Belarmino López Suárez, $10,000; William Jacobo Hándal, $10,000; Yolanda de Gaviria, $7,000; Blanca Imelda Jaco, $8,000; Darlyn Meza, $9,000; José Luis Guzmán Martell, $6,000; Mercedes Gloria Salguero, $10,000; Conrado López Andreu, $10,000 y Cecilia Gallardo de Cano, $12,000, entre otros.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
El Juzgado de Instrucción de Soyapango resolvió que Flor Marina Romero Orellana, acusada del delito de hurto en perjuicio de una empresa financiera, enfrente vista pública.
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía General de la República, la mujer, quien fungía en la empresa como jefa de la agencia del distrito de Soyapango, municipio de San Salvador Este, se aprovechó de su cargo para sustraer una alta cantidad de dinero.
«Aprovechándose de su cargo, el 10 de octubre de 2025 la mujer sustrajo al menos $29,030 de la caja fuerte de la sociedad. Además, la imputada contrató un servicio de transporte, por medio de aplicación móvil, para mandarle una parte del dinero a otra persona, quién se presume es cómplice; el resto del monto total lo depositó en una cuenta de criptomonedas», mencionó el ministerio público.
La imputada fue detenida en flagrancia, luego de la denuncia de las autoridades de la empresa financiera. Posteriormente, este caso fue judicializado por el ministerio público en 2025.
