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Muere director de la PNC y exgerente de COSAVI en trágico accidente de helicóptero en La Unión
Las autoridades de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) confirmaron que el director de la Policía Nacional Civil (PNC), comisionado Mauricio Arriaza Chicas, y el exgerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria (Cosavi) e implicado en el desfalco de hasta $35 millones, Manuel Coto Barrientos, fallecieron en un siniestro aéreo ocurrido este pasado domingo por la noche.
Ambos, junto a otro grupo de personas, se transportaban en un helicóptero luego de que las autoridades policiales de Honduras entregaran a Coto Barrientos tras su captura en suelo hondureño. Barrientos fue recibido por el director policial y otros elementos de la institución en la frontera El Amatillo.
Momentos después de iniciar el vuelo hacia San Salvador, se reportó la caída del helicóptero en un sector de San Eduardo, en el departamento de La Unión. Tras varias horas de búsqueda, las autoridades de la Fuerza Armada confirmaron el fallecimiento de Arriaza Chicas, Coto Barrientos y el resto de tripulantes de la aeronave.
@diario_digital_cronio Grave accidente aéreo durante la detención y traslado del exgerente de Cosavi, Manuel Coto. En siniestro murieron también: Comisionado General Mauricio Antonio Arriaza Chicas, Comisionado Rómulo Pompilio Romero Torres, Comisionado Douglas Omar García Funes, Cabo Abel Antonio Arévalo, Teniente Jonathan Alexander Raymundo Morán, Teniente Alexis Alberto Quijano López, Subsargento Gerson Ricardo Batres Lucero yDavid Heman Cruz Guevara. Más información en www.croniosv.com #accidenteaeréo #pncelsalvador👮♀️🇸🇻 #cosavi #elsalvador🇸🇻 #nayibbukele #mauricioarriazachicas #UH1H #tragedia #LaUnion
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El presidente de la República, Nayib Bukele, lamentó el fallecimiento del director policial y aseguró que solicitará apoyo internacional para iniciar una investigación a profundidad para esclarecer lo sucedido con respecto a este hecho.
«El director Arriaza Chicas fue una pieza fundamental para traer paz y seguridad a nuestro pueblo. No fue cualquier director de los que ha tenido la Policía; fue el Director de la Policía del Plan Control Territorial, del Régimen de Excepción, y de la Guerra Contra las Pandillas. Un hombre leal e incorruptible, que luchó contra todo, incluso cuando nadie creía que podríamos ganar, y ganamos. Investigaremos esto hasta el final, pero nadie nos podrá devolver a nuestro héroe nacional», dijo Bukele.
Manuel Coto Barrientos es parte del grupo de 32 implicados en el desfalco de $35 millones perpetrado por directivos y empleados de COSAVI. En mayo de este año, las autoridades nacionales confirmaron la captura de 15 de los implicados.
De igual forma, la Fiscalía General de la República (FGR), junto a las autoridades financieras, han coordinado esfuerzos para restituir los fondos desfalcados a las personas afectadas en los últimas semanas.
La prolonganción de esta herramienta legal fue avalada con los votos de 57 diputados de los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, que consideraron válidos los argumentos planteados por el Órgano Ejecutivo al solicitar la extensión por 30 días, entre esos que «existen intentos de reorganización de grupos criminales».
En el decreto se expone que las autoridades recientemente capturaron a sujetos que tenían la aspiración de formar y operar pandillas cerca de los centros escolares, o sus entornos, a través de acciones como la «intimidación, reclutamiento y promoción de actividades ilícitas».
Agrega que el contexto regional demanda de atención especial, debido a que se «ha elevado y acelerado la actuación criminal en distintos países de la región, particularmente en la República de Guatemala».
Se subraya que «estos acontecimientos evidencian un incremento progresivo de la actividad de las pandillas en la región, y ponen en riesgo la paz, el orden y la seguridad en El Salvador».
Durante la discusión de la iniciativa, en la sesión plenaria 95, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, destacó el respaldo de los diputados que han acompañado el proyecto de seguridad del presidente Bukele, desde el 27 de marzo de 2022, cuando se aprobó por primera vez el régimen de excepción con «votos que están cambiando la vida de los salvadoreños».
Castro añadió que el clima de seguridad permite que ahora los niños puedan jugar frente a sus casas, las comunidades recuperar sus canchas, entre otras actividades que se han retomado y han mejorado la convivencia.
Caleb Navarro, diputado de Nuevas Ideas, puntualizó que en 2025 se registraron 82 homicidios a escala nacional, y todos fueron resueltos, alcanzando una tasa de efectividad del 100 %.
Agregó que antes nadie se preocupaba los homicidios y quedaban en la impunidad «ahora hablamos con números y los números no mienten», detalló.
Con 54 votos el congreso autorizó ayer al Ministerio de Hacienda para que suscriba un contrato de préstamo, por $16.7 millones, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
El decreto aprobado permitirá al país recibir el denominado «segundo financiamiento adicional del Programa Crecer y Aprender Juntos, desarrollo de la primera infancia de El Salvador».
Dicho programa plantea el propósito de continuar mejorando las prácticas de enseñanza, educación y cuidado en la primera infancia a escala nacional, así como los ambientes físicos de aprendizaje de centros seleccionados de educación y primera infancia.
En el decreto aprobado se establece que el contrato que suscriba Hacienda, o quien designe, deberá someterse al aval posterior de la Asamblea Legislativa.
La iniciativa del Ejecutivo, a través de Hacienda, fue ingresada ayer a la plenaria a través de modificación de agenda, en la que se solicitó su aprobación con dispensa de trámite.
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Ocho sujetos fueron condenados hasta con 95 años de cárcel por diversos delitos en San Salvador
Penas de prisión de hasta 95 años de cárcel logró la Fiscalía para ocho personas -cuatro de ellas en calidad de reos ausentes-, a quienes se les procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, lavado de dinero y activos, asimismo, estafa y hurto de identidad, en perjuicio de varias víctimas.
De acuerdo a la información fiscal, esta investigación inició en 2023 a raíz de avisos por parte familiares de personas detenidas, donde manifestaron haber sido víctimas de estafas y otros delitos.
Según las investigaciones, los imputados crearon una página en una red social y se hicieron pasar como abogados. Bajo este mecanismo de engaño ofrecían sus servicios legales para poder sacar de la cárcel a personas detenidas, a cambio de que los familiares de los presos les pagaran grandes cantidades de dinero.
Con esta modalidad los sujetos estafaron al menos a cuatro personas, quienes finalmente decidieron denunciarlos ante las autoridades.
En este caso, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña (presente) fue condenada a la pena de 33 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos.
Por esos mismos delitos se condenó a 35 años a Jennifer Gabriela Sandoval y a 26 años de prisión a Karla Cristina Aguirre Quintanilla y Blanca Mirian Menjívar Pineda (todas presentes).
En ausencia fue condenado Marco Sebastián Pintor Rodríguez, alias “tatuado”, quien fue perfilado como cabecilla de la estructura y miembro de la pandilla Barrio 18. A él se le procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos, además de hurto de identidad.
Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda (también ausente) recibió una condena de 50 años de prisión; Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez (ausente) deberá cumplir una pena de cárcel de 25 años y Frania Elizabeth Pintor fue condenada a 5 años de prisión solo por lavado de dinero y activos.
Asimismo, se les condenó al pago de $30,500 dólares y de no pagar esta cantidad, se aumentará un tercio de la pena impuesta a cada imputado, según lo estipula la respectiva ley.
Las condenas de prisión fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador al valorar toda la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR en juicio.
